El Gobierno autonómico conformado por PP y Cs tendrá que hacer frente a un nuevo desafío larvado en los años de gestión previa de ejecutivos socialistas. «No se trata de sacrificar caprichosamente el principio de libre concurrencia para que los funcionarios interinos de la Junta de Andalucía continúen» en sus asientos, sino de que aquel precepto en el acceso al empleo público «no debe ser óbice para incumplir el ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE)». Éste es uno de los argumentos esenciales sembrado en la demanda de recurso contencioso-administrativo que la Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía (AproVadA) ha presentado para pedir que se suspenda de forma cautelar y se anule la resolución del Ejecutivo regional vinculada a oposiciones extraordinarias para cubrir puestos de interinos.

Se trata en concreto de la Resolución de 12 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocaron procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones de la Administración General de la Junta para la estabilización de empleo temporal. Gracias a ella se ofertaron, entre otros, todos los puestos que los asociados de AproVadA ocupan en la actualidad como trabajadores sociales funcionarios interinos de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, adscritos a la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia andaluza. Desempeñan tareas de valoración de personas en esa situación.

La mencionada entidad exige que no se siga adelante con la hoja de ruta marcada desde la Junta, al menos hasta que el Parlamento autonómico haya tramitado la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) «consistente en una ley por la que se convocará un proceso selectivo exclusivamente por concurso de méritos para estabilizar a los casi 30.000 puestos de interinos en fraude de ley existentes» en la comunidad. Es la primera medida de este tipo a la que se dio vía libre en el Pleno de la Cámara autonómica «sin ningún voto en contra» y a la que no se opuso «el propio Consejo de Gobierno de la Junta», según se apunta en el recurso.

Los interinos que han acudido a los tribunales se agarran a esa ILP, de un lado y, de otro, al ordenamiento europeo que establece que, «cuando se ha producido una utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo o relaciones laborales de duración determinada, es indispensable poder aplicar alguna medida que presente garantías de protección de los trabajadores efectivas y equivalentes, con objeto de sancionar debidamente dicho abuso y eliminar las consecuencias de la infracción del derecho de la Unión», de acuerdo a lo reflejado en su recurso.

En ese texto judicial de 23 páginas, consultado por LA RAZÓN, el colectivo de empleados alude a la «vulneración de derechos fundamentales» que, de acuerdos a sus tesis, se produciría de no atenderse sus peticiones.

El presidente de la entidad y portavoz de la comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular, David Núñez, aludió al anunciar su movimiento legal a la «absoluta incongruencia» que supone, a su juicio, «vaciar de contenido la iniciativa legislativa, dado que se están convocando por concurso-oposición las mismas plazas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación» de ésta. «Esto no tiene sentido y hay que pararlo de inmediato», lanzó.

Fuentes sindicales consultadas por este diario no descartaron que otros grupos de empleados recurran a los juzgados. Desde el lado del Ejecutivo andaluz, por su parte, indicaron que los denunciantes forman parte de «un colectivo de interinos antiguos que llevan varios años contratados de forma provisional». Fuentes de la Administración explicaron que «se han sacado las ofertas extraordinarias en las que se incluyen las plazas que están ocupadas» desde hace tiempo por personal interino con la intención de «estabilizar el empleo», puesto que «existe un compromiso con el Estado en reducir la temporalidad y la precariedad laboral». «Estos procesos de estabilización responden a las leyes de Presupuestos Generales del Estado de 2017-2018 y también se incluye la consolidación que viene de la disposición adicional cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público», sumaron a continuación.

Desde la Junta trasladaron que tienen «la oportunidad de acceder a un puesto como funcionario de carrera», pero a través de «un proceso en el que se valorará igualdad, mérito y capacidad». Ése es el punto de salida previsto, si luego alguna sentencia europea o la ILP en marcha «supone que se tenga que cambiar algún criterio, se adaptará», aseveraron.