Reclaman 30 juzgados o plazas judiciales más para Sevilla

El magistrado andaluz Juan Carlos Campo tomó posesión ayer como ministro de Justicia y ya hay algunos datos que tal vez debería apuntar procedentes de Sevilla. El juez decano de esta provincia, Francisco Guerrero, ha analizado y reflejado en un informe el movimiento de asuntos que se produjo durante 2019 por jurisdicciones para, a partir de ese dibujo de situación, solicitar la creación de 30 nuevos juzgados o plazas judiciales y de un segundo Registro Civil en la capital hispalense.

Con todo, está previsto que el próximo 31 de marzo entren en funcionamiento tres de los juzgados que reclama; el de Primera Instancia número 30, de Familia; el de lo Penal número 16, especializado en materia de violencia de género; y el de lo Social número 12, como recordaron desde la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Entre los apartados que ocupan el espacio del documento elaborado por Guerrero hay uno centrado en los trece jueces de Adscripción Territorial (JAT) destinados en Sevilla que han asumido funciones de sustitución y refuerzo en los juzgados de la capital. Cree que su número es «claramente insuficiente a la vista de que es preciso mantener y establecer medidas de refuerzo» en órganos judiciales de «diverso orden». Coloca el foco también en la veintena de juzgados de Instrucción que existen en este territorio, en los que el pasado año entraron un total de 57.644 asuntos –frente a los 57.221 de 2018–, más una media por órgano de 145 exhortos. Para el juez decano, «dada la tramitación de las ‘macrocausas’ o complejas es necesaria» la creación de dos juzgados más y proseguir, en su caso, con los refuerzos que hay. En ese sentido, subraya la necesidad de que se sume otro Juzgado de Guardia para el enjuiciamiento inmediato de delitos leves, ya que, «pese a la celebración por cada uno» de entre 15 a 30 juicios diarios por parte de los que prestan ese servicio, «los señalamientos están diferidos a más de cuatro meses». Ello supone, a su entender, «una abierta contradicción con lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

En cuanto a los 15 juzgados de lo Penal, Guerrero anota que cada uno de ellos conoció 497 asuntos para enjuiciamiento de media –en 2018 fueron 531–, de forma que superan el módulo de entrada fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un 24,28%, a lo que hay que añadir las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prevén que los juzgados de Instrucción puedan remitir sentencias dictadas por ellos para su ejecución por los órganos de lo Penal, lo que supondrá 3.549 ejecutorias más.