Blanco no entiende que haya que recurrir a inmigrantes en la fresa

El vicepresidente de la Junta recuerda que la contratación en origen para esta campaña se inserta en un acuerdo entre España y Marruecos

Comisión de empleo, comparece la consejera, Rocío Blanco
Comisión de empleo, comparece la consejera, Rocío BlancoManuel Olmedo

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, no entiende que haya que recurrir a inmigrantes en Huelva para trabajar en la recogida de la fresa pese a la tasa del 21,8% de paro que se da en Andalucía. Así lo aseguró en una entrevista en Canal Sur Radio, en la que señaló que «no le podemos poner a cada desempleado andaluz una pistola detrás para que acepte una oferta de empleo», por lo que sería «cuestión a lo mejor de modificar la normativa a nivel estatal» para abordar los casos en los que un desempleado que está cobrando una prestación de desempleo rechaza una oferta «justificada y con salario justo», tal y como subrayó.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, terció en este asunto asegurando que la contratación en origen para la campaña fresera onubense se lleva a cabo mediante un procedimiento establecido entre los gobiernos español y marroquí. Así lo puso de manifiesto en Huelva, donde acudió al acto de entrega de reconocimientos de Interfresa. En concreto, el vicepresidente recordó que cuando el Servicio Andaluz de Empleo saca una oferta, como se da en Huelva, y la demanda no se cubre se pasa al procedimiento establecido para la llegada de mano de obra extranjera, como es el caso de la contratación en origen de temporeras de Marruecos. Se trata, según explicó, de acuerdos bilaterales entre el Gobierno de España y el de Marruecos para dar respuesta a la demanda laboral que requiere en un momento determinado la campaña fresera.

De otro lado, Blanco señaló que la separación en dos ministerios de las carteras de Trabajo y Seguridad Social en el nuevo Gobierno central de coalición entre PSOE y Unidas Podemos va a conllevar que la lucha contra el fraude laboral sea «inoperante» por parte del Ejecutivo. La consejera remarcó que la Inspección de Trabajo, que es «la principal arma que tiene el Gobierno para luchar contra el fraude», se queda en el Ministerio de Trabajo, mientras la Seguridad Social «se queda en otro departamento».