La percepción negativa de la inmigración se ha duplicado en los dos últimos años

Febrero del año 2000 supuso un antes y un después en El Ejido. El primer fin de semana del mes tuvo su eclosión la escalada de violencia, tras meses de tensa calma en un municipio donde buena parte de sus 89.000 habitantes son hoy extranjeros de casi un centenar de nacionalidades diferentes –más de 25.700, el 29%–, según el último censo de población. El asesinato de Encarnación López, una joven de 26 años apuñalada por un ciudadano marroquí, detonó el enfrentamiento en el municipio almeriense. La violencia llegó hasta las autoridades públicas. Fernando Hermoso, el entonces subdelegado del Gobierno en Almería –fallecido en 2013– sufrió aquella tarde una agresión por parte de un grupo de vecinos.Las autoridades que habían acudido al funeral tuvieron que refugiarse en la iglesia y salir escoltadas por quince furgones de Policía. Ecos de esa tensión resuenan ahora en Huelva, otra provincia con una incidencia alta de inmigrantes en la agricultura. En los últimos meses, se repiten los incendios en los asentamientos chabolistas de Palos de la Frontera (Huelva). En el último, en diciembre, murió una persona.

«Tratamos de repensar qué suponen estos escenarios y estos acontecimientos, es un ejercicio necesario de memoria histórica porque lo que sucedió puede volver a ocurrir en cualquier lugar», asegura el sociólogo Manuel Río, profesor de la Universidad de Sevilla e impulsor de la jornada «A veinte años del estallido de El Ejido» celebrada ayer. «Hay algunos datos que apuntan que los andaluces están endureciendo su posición respecto a la inmigración; en ciertos escenarios se mantienen actitudes de mayor rechazo», detalla. Así lo corrobora el estudio OPIA (opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración) en su octava edición, correspondiente a 2019 y elaborado por el Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones. Así, recoge que «la percepción de que la inmigración tiene efectos negativos como la mayor delincuencia, inseguridad, robos y terrorismo, mención realizada por un 28,1% de las personas encuestadas, diez puntos por encima de la anterior encuesta, situándose en niveles de 2010». En esta línea, confirma «la tendencia creciente de los últimos años a pensar que estas personas son un foco de competencia para la población autóctona a la hora de recibir ayudas sociales». En 2019 el 16,5% señala de manera espontánea este efecto, el doble que la edición anterior.

El estudio también incide en que la percepción negativa afecta a las personas que proceden de países menos desarrollados, excluyendo a la parte de Europa considerada más avanzada. De los residentes en la comunidad nacidos fuera de España, en torno al 70% proceden de la UE-28 (42,23%) y de África (28,42%). Las tres nacionalidades mayoritarias son la marroquí (22,21%), seguida por la rumana (12,14%) y, por último, la británica (11,77%). Las tres se han mantenido como mayoritarias en los últimos diez años, aunque Reino Unido ha disminuido su presencia un 30% desde 2010. «Uno de los factores que consideramos es que las élites y los poderes públicos, utilizan la inmigración como banderín de enganche electoral. La historia demuestra que estos acontecimientos tienden a aparecer de su letargo con fuerzas sociales renovadas», advierte este experto, algo que se está evidenciando en los últimos procesos electorales y que sostiene especialmente el discurso de Vox. «En El Ejido había estudios previos que advertían de que ese conflicto era preludiable –mantiene–. Si no se hace la prevención con políticas sociales, pueden volver a repetirse».

Inmigrantes vistos como «mano de obra» precaria

El estudio OPIA señala en sus conclusiones que «el discurso de las personas que viven en áreas con una alta concentración de población inmigrante, la persistencia de la segregación en determinadas áreas geográficas y enclaves urbanos y rurales está teniendo un efecto perverso en las dinámicas de convivencia». Para revertir esa situación, propone que la adopción de políticas de intervención que abarque desde las escuelas a los espacios de convivencia, aunque considera que «la especialización productiva de determinados enclaves agrícolas en Andalucía –que identifica en Sevilla, Algeciras, Málaga, El Ejido, Roquetas de Mar, Moguer y Cartaya– es una dificultad para luchar contra esta segregación. Entre sus propuestas, incluye «la diversificación productiva de estos enclaves y la mejora de las condiciones de trabajo». Un extremo que parece complicado teniendo en cuenta que el propio OPIA desvela que el 63,8% de la población –el doble que en 2013– cree que «se necesita mano de obra inmigrante en ciertos sectores» para asumir los trabajos más precarios.