Los bálsamos para la paz social andaluza

La convergencia ha sido una palabra talismán para la España de las autonomías; un talismán esgrimido para las regiones más empobrecidas. La convergencia con la media española era el resumen sincrético de los deberes a superar. Unos deberes pendientes de resolver que parecen haber quedado anotados en hojas de cuaderno con bordes ya amarillos. Una tarea pendiente e incómoda de la que los palmeros de la descentralización ya no quieren hablar.

Después de cuatro décadas de autonomía, Andalucía tiene ahora una tasa de paro que es 2,5 puntos porcentuales superior a la de 1981. Más aún, si la brecha que nos separaba de la tasa promedio de paro en España era de 5,6 puntos hace cuatro décadas, ahora es de 7 puntos. Andalucía no sólo no ha reducido su brecha con la media nacional sino que la ha ahondado. Si esta fotografía ya es lacerante, todavía lo es más cuando se lleva a valores absolutos y así resulta que al estrenar el autogobierno, en Andalucía estaban sin trabajo 351.000 personas y ahora, con una población activa mucho mayor, más de 823.600 son las que están en paro según la Encuesta de Población Activa que publica el INE.

Hay tres elementos balsámicos que frenan permanentemente el estallido de una revuelta social extendida; la economía sumergida, el sistema de pensiones de la mano de la estructura familiar y, en menor medida, la peculiaridad del subsidio y rentas agrarios.

Han habido al menos cinco estudios con el objetivo de cuantificar el tamaño de la economía sumergida andaluza. Dos de ellos los realizó el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA). El primero se publicó en 2008 y arrojaba una cifra del 23% del PIB andaluz. Seis años más tarde, el mismo sindicato en un estudio coordinado por el profesor Jordi Sardá lo elevó al 29,2%. También el Consejo Económico y Social de Andalucía realizó un estudio dirigido por la profesora de la Universidad de Sevilla, Cristina Campayo. El informe se publicó en 2002 y su resultado fue el 21,7% del PIB regional. En 2017 el sindicato UGT lo estimaba en el 26%. El último informe disponible lo hizo público en 2018 la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS). En este último caso, la economía sumergida representa el 27,3% del PIB de Andalucía tomando como base datos del año 2012. Sólo Extremadura –la permanente compañera de Andalucía en la cola de «rankings» económicos– mostraba un nivel superior.

Con el dato de FUNCAS en la mano, más de 45.735 millones de euros se mueven anualmente en términos de economía sumergida. Este volumen de actividad económica emplea irregularmente a parte de los 823.600 andaluces que se contabilizan como parados. Estas personas dimiten de la revuelta social. Es el primer y más importante bálsamo para la paz social. La economía sumergida no genera cotizaciones a la Seguridad Social, ni ingresos por IRPF, ni tampoco por Impuesto sobre Sociedades pero sí aumenta la recaudación por IVA pues, naturalmente, los empleados en la economía sumergida consumen.

La sociedad andaluza, también la española, tiene una tolerancia muy alta frente a la economía sumergida. Se utiliza como un comportamiento compensador en respuesta a la corrupción política. Para tener una idea de esto basta comparar el índice de percepción de la corrupción que la población tiene en promedio y en los países más desarrollados –el 53,8– y el que tiene la ciudadanía española –76–. La acusación por los ERE falsos sumaba más de 900 millones de euros (más de lo que cuesta todo el subsidio agrario), la primera trama de la Gürtel, 863 millones y a pesar de las trabas puestas por el gobierno de la Generalidad, el Tribunal de Cuentas cifraba en 417 millones de euros lo gastado entre 2011 y 2017 para promocionar la secesión de Cataluña. Con estas cantidades se financiaría durante tres años todo el subsidio agrario en Andalucía.

El segundo bálsamo contra la revuelta social son las pensiones. El 18,7 por ciento de la población residente en Andalucía recibe una pensión mensual. Socioeconómicamente hablando, las más importantes son las de jubilación (900.654 personas reciben una pensión promedio de 1.043 euros al mes), las de viudedad (391.723 andaluces reciben una media de 673 euros mensuales) y las pagadas por incapacidad permanente (208.244 son los beneficiarios de una pensión media de 910.45 euros). Escribo que sociológicamente son las pensiones más importantes porque de ellas viven familias enteras. Unos regresaron a casa a vivir de las pensiones de los padres y otros se reparten en forma de casi migajas las pensiones de los abuelos. La familia es todavía en Andalucía y en zonas de tradición católica un paraguas contra el hambre. Las pensiones son el segundo bálsamo contra la revuelta social. Suavizan la rebeldía de casi el 20 por ciento de la población andaluza.

El último bálsamo contra la quema de contenedores en las calles es el subsidio y la renta que perciben los desempleados del régimen especial agrario de la Seguridad Social. Es una prestación peculiar que sólo se perciben en Extremadura y Andalucía. En esta segunda región la reciben 165.281 personas. En la mayor parte de los casos sólo se percibe durante 180 días al año y suma poco más de 2.580 euros en todo el año. Es claramente un complemento de renta. No da para más.

A ninguna sociedad con ambición de prosperidad le resultarían suficientes estos bálsamos. Quizá sea esa la explicación principal de la falta de convergencia. De hecho, la población se mueve poco. Andalucía en 2018 perdió en términos netos unas 6.380 personas (el 0,0007% de su población total). Aquí se vive en paz. En esta paz social.

* José Manuel Cansino es catedrático de la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad Autónoma de Chile