El coronavirus aún provoca insomnio en ciudadanos oxidados en sus domicilios y en gestores públicos que tienen que lidiar con el desbarajuste sociosanitario y económico que está dejando a su paso. Deben fijar la jerarquía de los problemas a atajar, porque son múltiples los sectores afectados por la pandemia. Algunos, como la Justicia, ya estaban lastrados por la falta de medios y ahora tendrán que enfrentar además el futuro pos Covid-19. LA RAZÓN ha preguntado a cinco abogados de distintos puntos de la región sobre si esperan una avalancha que colapse aún más los juzgados en la comunidad y sobre qué habría que hacer desde el ámbito de la abogacía para encarar esa situación.

Los interrogantes concretos planteados a los letrados José María Calero, Juan Carlos Alférez, Alfonso Martínez del Hoyo, Carlos Cañavate y Julio Martínez son las siguientes:

De sus respuestas se puede concluir que la “tormenta perfecta" se cierne sobre la Justicia y que la abogacía tiene poco margen de maniobra para reaccionar. Dan por hecho, en general, que habrá un “embudo” mayor del ya existente, dado que en el sistema que ha de garantizar derechos y libertades llueve sobre mojado. Ya estaba desbordado antes del coronavirus.

Juan Carlos Alférez:

1- Sin duda, lo habrá y en todos lo órdenes jurisdiccionales, no sólo será cosa de la jurisdicción social y civil-mercantil, también se sufrirán retrasos en el orden penal y en el contencioso. La paralización ha sido cuasi total y es una situación inédita respecto a la cual, es muy difícil hacer vaticinios concretos, más allá de que, en términos generales es evidente que existirá colapso y cuello de botella en la Justicia.

2- En el ámbito de la abogacía poco podemos hacer para remediar ese previsible colapso. El abogado es cooperador y pieza esencial en la Justicia, pero no está en su mano dotar de medios materiales a los juzgados, ni duplicar la plantilla de funcionarios y magistrados, que es lo que verdaderamente se necesita desde hace tiempo, ni hacer más de lo que ya hemos hecho: mandar nuestras propuestas al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través del Consejo General de la Abogacía Española. De lo que no cabe la menor duda, es de que los abogados, por más colapso y sobrecarga que coyunturalmente pudiere aparecer, estaremos plenamente dedicados al servicio de la sociedad de la manera abnegada y responsable que siempre lo hemos estado.

José María Calero:

1- En los juzgados y tribunales del orden penal antes de la declaración del Estado de alarma ya se podía afirmar que están en situación de colapso, es decir, que tienen capacidad de terminar muchos menos asuntos de los que siguen teniendo voluntad de iniciar. Aunque seguramente en estos días se han iniciado muchos menos asuntos que los habituales, la paralización total de los que estaban en curso habrá generado, sin duda, una acumulación de trámites pendientes que darán lugar a una situación peor que la anterior.

2- Como plan de choque, hacer una opción decidida por los asuntos importantes y dejar fuera del juzgado penal lo irrelevante o lo inviable. Es decir, abandonar la solución tradicional de más funcionarios y optar por más realismo, más sentido práctico y como consecuencia menos asuntos. Como solución a medio o largo plazo, una reducción drástica de lo delictivo y un nuevo proceso penal moderno, práctico y ágil.

Alfonso Martínez del Hoyo:

1- ¿Colapso? ¿Sobrecarga de trabajo y sobre acumulación de dilaciones? Se puede llamar como se quiera: es una cuestión terminológica convencional, porque ya antes del Estado de alarma y esta obligada suspensión general de plazos, que añade leña al fuego, la realidad del funcionamiento de la Justicia, sobre todo ante determinados tribunales, venía siendo desoladora. Cuando termina una instrucción penal que ha podido durar años y el asunto se eleva al órgano de enjuiciamiento, éste viene habitualmente señalando juicio a entre 18 y 24 meses vista. ¿Sería un exceso entender esa situación como “colapso” de la Administración de Justicia? Desde cualesquiera mínimos parámetros de exigencia, parece inadmisible. Que cada cual juzgue y lo llame como quiera. Mientras tanto, la cruda realidad es que el retardo de la Justicia está plenamente normalizado y asumido: en la doctrina del Tribunal Supremo (TS) sobre el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas, éste no se entiende vulnerado, por término general, si no han transcurrido entre seis y ocho años entre inicio y fin del procedimiento penal... La Justicia necesita medios: nuestra ratio número de jueces/población es muy inferior a la de los países de nuestro entorno. Urge la dotación presupuestaria, la ampliación de plantillas y la modernización del sistema procesal.

2- La Abogacía sólo puede estar, ha estado y estará a los plazos legales del procedimiento. De hecho, hay un festivo y resignado chascarrillo de la profesión que dice que los plazos son para los procuradores y abogados y para nadie más... Ahora será igual: si ojalá inmediatamente se nos convoca a las múltiples diligencias que hubieron de suspenderse, ahí estaremos; si ha habido algún esforzado juez que ha aprovechado el impasse para actualizar trabajo atrasado y el día que se alce el Estado de alarma se nos notifican 10 sentencias..., pues estaremos al plazo de eventual recurso y sacaremos adelante lo que haya que sacar. Seguro que, además de todo eso, los abogados estaremos a la plena disposición de los juzgados y los tribunales en todo aquello que se nos demande, siempre desde la perspectiva de la defensa de los intereses de la ciudadanía que tenemos encomendados.

Carlos Cañavate:

1- Definitivamente sí. Partiendo de la base de que ya veníamos de un sistema colapsado donde los asuntos desbordaban la capacidad de los juzgados para resolverlos. Pero, el sobrecolapso no vendrá sólo por el retraso de los juicios y actuaciones que quedaron suspendidas por el Estado de alarma. A ésto habrá que añadirle la lluvia de nuevos procedimientos que tendrán su causa directa por la actual situación: concursos de acreedores de numerosas empresas por quiebra al no poder resistir económicamente su subsistencia, las reclamaciones por impagos de autónomos y particulares ante la merma de su poder adquisitivo, la posible ola de separaciones y divorcios por la tensión en la convivencia por el confinamiento, impugnaciones de despidos... En definitiva, ya no es solo que habrá que recuperar ese tiempo perdido por decirlo así, sino que el sobrecolapso tendrá lugar por el nacimiento de todos estos nuevos asuntos en un sistema judicial desgastado en el que lloverá sobre mojado.

2- La abogacía de por si se encuentra atada de pies y manos para afrontarlo, ya que no cuenta con poder o armas para ello. La única solución viable es dotar de más medios a los juzgados y tribunales, medios que se llevan pidiendo desde hace años, y que al igual que la sanidad o la educación, han ido viendo como los recursos se han ido destinando a otros campos, mermando así la capacidad de afrontar la verdadera necesidad existente. La solución es simple: más personal, pero no coyuntural, sino algo fijo para descongestionar el atasco que se viene sufriendo. La creación de nuevos juzgados por el número de media de asuntos que atienden, así como por la materia que traten, y, temporalmente, facilitar un aumento de jueces de apoyo y habilitar un horario de tarde para la celebración de juicios con el fin de tratar de evitar el agravamiento del efecto embudo que se avecina. Se hace esencial tomar al fin conciencia de la necesidad de un sistema judicial que dé respuestas rápidas a los problemas de sus ciudadanos.

Julio Martínez:

1- Claro que habrá colapso en los juzgados. Hay que pensar que no se celebraron actuaciones judiciales ya desde el lunes 16 de marzo. Se suspendieron todas las vistas y comparecencias a partir de ese día y mientras durara el Estado de alarma, salvo actuaciones urgentes como asistencia a detenidos. A eso hay que añadir que había nuevos asuntos de toda índole que no se dejaron presentar y que generarán nuevas actuaciones. Y, a su vez, los juzgados notificarán en masa recién concluya el Estado de alarma. Todo eso junto es la tormenta perfecta, valga la expresión.

2- La abogacía pasará una mala época. A la falta de ingresos de los profesionales del derecho, los únicos que van a quedar atrás pese a la propaganda política gubernamental, se le añade un sobre esfuerzo en horas de despacho y de actuaciones judiciales que habrá que afrontar. Se podrían hacer señalamientos un par de tardes por semana durante unos meses sin afectar al mes de agosto y el resto irá saliendo en los meses siguientes. Calculo que hasta fin de año habría que tener este sistema siempre que haya dotación de medios económicos y materiales por parte del Estado.