Rechazo frontal a un mes de agosto con juicios pese al colapso

El estado de alarma mantiene al ralentí la actividad en todo el país. Con el horizonte de la desescalada en ciernes, los juzgados se preparan para retomar los juicios, suspendidos desde el 14 de marzo. Desde entonces, solo han podido celebrarse causas excepcionales, como las que implicaban a presos. Ni la Junta ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia (TSJA) han podido facilitar datos certeros de la “lista de espera” que esta situación está generando, pero una muestra son las más de noventa vistas señaladas solo en las audiencias de Granada, Sevilla, Málaga y Cádiz para marzo. Abril ha pasado en blanco y en mayo se debe empezar a recuperar poco a poco la normalidad.

Antes de que se decretara el estado de alarma, la justicia ya vivía una situación complicada debido al colapso en determinadas jurisdicciones, especialmente la Social. La última memoria presentada por el TSJA, relativa al año 2018, señalaba que “algunos partidos judiciales están señalando juicios con un retraso incompatible con el derecho al plazo razonable”. Y una vez celebrado el juicio, el tiempo de respuesta se alarga más allá de un año para la primera instancia y en torno a ocho meses en segunda. En la jurisdicción civil, los tiempos son algo menores: en primera instancia de casi nueve meses y en segunda tardan cerca de diez; en la jurisdicción penal, se retrasa 2,5 meses y 1,4 meses, respectivamente; mientras en el contencioso-administrativo la demora en resolver se alarga hasta los once meses y en segunda instancia casi ocho. El TSJA advertía, además, del alto porcentaje de suspensiones, un 29% de media, que oscila entre el 21% de la jurisdicción penal y el 55% de la jurisdicción social, un “dato preocupante y para reflexionar”.

El coronavirus solo ha acentuado los problemas existentes. Los despidos son una de las causas que no paraban de crecer: un 3% más el año pasado, con 16.560 casos y una pendencia al alza del 6%. Entre los motivos, el TSJA apuntaba a “nuestro problema organizativo y defectuosa distribución de la carga de trabajo, con un sistema de partidos judiciales heredado del Estado de hace dos siglos”. Y proseguía: “Se impone un cambio en las fórmulas de trabajo para gestionar los recursos. Tenemos que trabajar con mayor eficiencia. Y, en este contexto, todo se agrava en Andalucía con el problema de la fuerte demanda y elevada tasa de litigiosidad judicial”. Con los juzgados prácticamente parados, reorganizarse será ahora más importante si cabe. La comisión de seguimiento del coronavirus prevista por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha reunido cuatro veces durante el estado de alarma, la última el pasado lunes. Está integrada por el presidente del TSJA, la fiscal superior, la secretaria general de Justicia de la Junta o los presidentes de las audiencias de Granada y Sevilla, entre otros. Según recoge el acta de la reunión, Andalucía es la única comunidad “que no ha satisfecho las necesidades reales para poder atender los servicios mínimos, esenciales y urgentes, contemplados” en el decreto del Gobierno, aumentando así la parálisis.

En dicha comisión se puso de relieve que el borrador que se están barajando por parte del Ministerio de Justicia se ha “conocido exclusivamente a través de las redes sociales”. Ninguno de sus integrantes apoya la opción de hacer hábil el mes de agosto, “siendo preferible la concentración del periodo vacacional para todos los trabajadores de la justicia durante el referido mes, de forma que el resto de los meses puedan mantener los órganos judiciales un rendimiento pleno”, según recoge el escrito. Proponen, además, cambiar el sistema de control horario actual e implantar el horario de mañana y tarde “exclusivamente en aquellos órganos y dependencias judiciales que por sus dimensiones no pueden cumplir con el distanciamiento físico”.

Desde el sindicato CSIF apoyan también la ampliación del horario de tarde e implantar la cita previa. “Hay que echar más horas”, avisa su secretario general de Justicia, Manuel Moreno, quien lamenta que “antes esa situación ya estábamos atascados y con las plantillas actuales no éramos capaces de hacerle frente. Con esta parálisis que hemos tenido, cada día que pasa vamos acumulando plazos”. Además de los juicios suspendidos, se están sumando los expedientes que no pueden ser atendidos porque se trabaja con servicios mínimos. “Se pedían nuevos órganos judiciales, ahora con la que se nos vienen encima, pedimos además la prolongación del horario de tarde y que se trabaje para implantar la cita previa”.

Moreno también considera fundamental cubrir las bajas en menor tiempo y no esperar los 45 días actuales ante de sustituir a un funcionario. “Hay que potenciar las plantillas y que todo esto sea paralelo a las medidas de protección”, advierte. En este sentido, augura que “en algunos centros vamos a tener problemas para recuperar la plantilla completa con la separación suficiente porque son pequeños. Hay habitáculos con 4 o 5 funcionarios pegados mesa con mesa”. Según denuncia, “no existe el teletrabajo” para los funcionarios, “solo lo hacen los jueces y los letrados de organización de justicia”. De ello advierte también la comisión, al señalar que la entrada de asuntos no esenciales y escritos por la plataforma Lexnet “está originando la entrada de más procedimientos, resultando insuficientes los funcionarios presenciales, que habría que incrementar, habida cuenta la imposibilidad de teletrabajo de los mismos”.

Entre sus reclamaciones para articular la “nueva normalidad”, desde la comisión de seguimiento exponen actuaciones similares: la agilización de la cobertura de vacantes, la mejora de los medios telemáticos para que las declaraciones sean seguras o la necesidad de someter “cuanto antes” a los test de la Covid-19 a todos los funcionarios, algo que todavía ni Junta ni Gobierno pueden garantizar.