Acusan a Interior de “vetar” una protesta en apoyo a las familias que no han cobrado los ERTE en Málaga

Málaga huele esta tarde a rebelión. “La convocatoria de la concentración a celebrar el día 29 de mayo de 2020, no se ha comunicado con los diez días de antelación mínima exigida por la normativa reguladora y aunque evidentemente las circunstancias expuestas son extraordinarias y graves, éstas no justifican suficientemente la urgencia de la convocatoria, toda vez que no se trata de un hecho sobrevenido y nuevo”. Ésta es, en esencia, la respuesta que se ha dado desde la Subdelegación del Gobierno central en Málaga al sindicato CGT que había pedido permiso para realizar una concentración de protesta este viernes entre las 11:00 y las 13:00 horas para apoyar a “quienes llevan más de dos meses sin cobrar sus prestaciones de ERTE -expediente de regulación temporal de empleo-”.

En un escrito, fechado hoy y al que accedió LA RAZÓN, se matiza que “el plazo legal de diez días de antelación no es caprichoso” y sí “necesario” para “permitir a la autoridad gubernativa valorar detenidamente las condiciones de seguridad con las que se pueda celebrar la concentración minimizando los riesgos de orden público y sanitarios”. En definitiva, se le dice “no” a la organización sindical. La reacción de ésta no se ha hecho esperar. Desde el sindicato quieren dejar claro que su intención era que el acto que promovían fuera “respetuoso con todas las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad” en el combate contra el coronavirus y ponen el acento en que especificaron “claramente” en su solicitud que “se promovía por la vía de urgencia, dada la grave situación para cientos de familias malagueñas, muchas de ellas condenadas a la indigencia, tras no percibir ni un céntimo desde el pasado mes de febrero, antes de la declaración del Estado de alarma”.

El secretario general de CGT Andalucía, Miguel Montenegro, ha confirmado a este periódico que estudian, junto al colectivo de afectados, la posibilidad de “la desobediencia”, de llevar a cabo algún tipo de acción, “dado lo injusto de esta decisión del Ministerio del Interior, a través de la Subdelegación del Gobierno en Málaga”. Es más, trasladan a este diario que algunas de las personas que esperan sus ayudas han llegado a plantear que, “si las llevan presas por reclamarlas, al menos en la cárcel tendrán asegurado un plato de comida". “Parece que el Gobierno ‘progresista’ -lanzan- quiera quitar de la escena pública a quienes, con todo el derecho, reclaman lo que les perteneceante la inoperatividad e incompetencia del SEPE -Servicio Público de Empleo Estatal-, evitando actos pacíficos de protesta por los retrasos injustificados en el abono de las prestaciones y dejando en la más absoluta indefensión a cientos de personas en Málaga".

Critican que se “vete” su “derecho a reunirse para exigir lo que legítimamente les corresponde”, cuando, “censurando” no "se dará solución a los problemas de quienes han demostrado infinita paciencia y llevan más de ochenta días sin percibir un solo euro y haciendo malabares para llevar el pan a su mesa cada día”. “Nos encontramos ante un nuevo atropello hacia un colectivo de trabajadores indefenso ante las arbitrariedades de la Administración que los han situado en la indigencia en muchos casos”, resume Montenegro. A su juicio, “ocultar el problema prohibiendo actos públicos de protesta pacíficos y respetuosos con las medidas del Ministerio de Sanidad, no es la solución para quienes no pueden llevar un mendrugo de pan a su mesa”, sostiene. Es más, avisa de que esto provoca un “aumento de la crispación, la indignación y la rabia”.

CGT exige al Gobierno central que “pase de las palabras a los hechos” y que sea “respetuoso con los derechos fundamentales de la ciudadanía”. Reclama el abono “de inmediato” de las mencionadas prestaciones, lo que “contribuirá a que la sociedad pueda confiar alguna vez en la clase política, tras esta nueva decepción después de mucha palabrería”. El coronavirus está dejando a su paso un reguero de historias de pelea.