El Gobierno autoriza a las empresas en riesgo a despedir tras el ERTE

Ya es oficial. El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el decreto de medidas sociales en defensa del empleo, que incluye la prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de junio y se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia al recibir el voto favorable de los 350 diputados para hacerlo -295 votos a favor, ninguno en contra y 55 abstenciones-.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló que “por primera vez” en España se afronta una crisis de esta envergadura “sin acudir a la destrucción masiva de empleo” y consideró que la respuesta ha sido “menos anómala” con respecto a la dada en otros países europeos. También ha recordado que los ERTE, atendiendo a las circunstancias, se podrán prorrogar más allá del 30 de junio, al igual que las exenciones a las empresas y las prestaciones por desempleo si así lo negocian los agentes sociales y lo ratifica el Consejo de Ministros, ya anunciado que la nueva norma permitirá que las exenciones se extiendan a los ERTE por causa ETOP -por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción-que, hasta ahora, habían quedado fuera de estos beneficios. “Las exenciones podrán así acomodarse a nuevas situaciones que requieran incentivación y apoyo por parte del Estado", afirmó.

En este sentido, también anunció que las empresas que estén en riesgo de concurso de acreedores o que justifiquen sus problemas económicos motivados por la pandemia y se hayan acogido a un ERTE durante esta crisis no estarán obligadas a cumplir con la actual exigencia del mantenimiento obligatorio del empleo durante los seis meses posteriores al fin del expediente. “No podemos exigir a nadie que cumpla lo imposible. Esta cláusula de salvaguarda se aprobó para mantener el empleo, pero nos hacemos cargo de que algunas empresas, que se encuentren en riesgo, no podrán cumplir este compromiso”.

Durante su intervención para defender esta norma, Díaz destacó que el decreto es la “traslación legal” del acuerdo con patronales y sindicatos, que calificó de “vital para nuestro país”, y defendió que los agentes sociales “han logrado apartar sus legítimas diferencias y consensuar” para lograr la extensión de los ERTE, lo que es un “ejemplo” para los partidos políticos para “aunar esfuerzos para resolver los problemas de la ciudadanía”. Díaz ha calificado los ERTE como una norma “evolutiva, adaptable, incentivadora y que garantiza un buen uso de los fondos públicos”.