El drama de los ERTE. Cientos de miles de trabajadores sin cobrar: “No tenemos para comer”

El escudo social que ha blandido el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, como principal arma del ala morada de la coalición de Gobierno no termina de llegar a miles de trabajadores españoles en paro temporal que no ven un euro desde marzo, cuando cobraron sus últimas nóminas, a las que les falta además un pellizco que no terminan de ver. Dos meses largos después de que se declarara el estado de alarma y comenzaran a entrar en vigor los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, el estandarte de Iglesias acumula demoras, pagos inferiores a los debidos y arbitrariedades como que en una misma empresa que presentó la documentación de los ERTE para todos los empleados, unos cobren y otros no.

La confusión es un reflejo de la propia ineficacia del Gobierno para hacer efectivas las medidas que aprueba, desaprueba y vuelve a aprobar sin freno ni medida. Un ejercicio en el que la improvisación juega una dosis relevante. La prueba más evidente del funambulismo ejecutivo del Gobierno es que más de dos meses después de la entrada en vigor de los ERTE del covid se desconoce a ciencia cierta cuántos trabajadores han recibido sus cheques de desempleo temporal y a cuántos se les adeudan las prestaciones desde marzo.

Y eso pese a los esfuerzos de los trabajadores del SEPE, que con escasos medios y una plantilla raquítica han gestionado un 530% más de expedientes respecto al mismo periodo del año precedente. Por contra, y pese a las promesas de refuerzos, la plantilla apenas se ha incrementado un 10% con la incorporación extraordinaria de personal interino sólo para seis meses (780 interinos de los 1.000 comprometidos por el Gobierno hace dos meses, sobre una plantilla de 6.601 personas encargadas de tramitar actualmente los expedientes).

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El SEPE asegura que ha reconocido y aprobado más de 3,4 millones de prestaciones de ERTE desde el inicio de la crisis sanitaria el pasado mes de marzo, que ya han sido abonadas a los beneficiarios. Se trata de más del 98% de todas las prestaciones por este tipo de expedientes laborales que el Gobierno flexibilizó para evitar los despidos y mantener así la fuerza laboral una vez concluyan todas las fases de desescalada. Sin embargo, la propia ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, reconocía la pasada semana que aún quedaban por reconocer 300.000 prestaciones por desempleo de los ERTE. Según la ministra, se trataría de expedientes pendientes desde abril ante la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo. Una avalancha que ha supuesto un récord de 5,2 millones de prestaciones por desempleo abonadas en el mes de abril con un coste de 4.512 millones de euros.

Como la prestación por desempleo se cobra a mes vencido, es imposible que esos supuestos 300.000 trabajadores que aún quedan por cobrar hayan recibido cheque alguno. El pago se realiza habitualmente entre el 10 y 15 del mes posterior a la oficialización del expediente aunque, por la situación extraordinaria generada por la pandemia, los bancos están anticipando a primeros de mes el pago, pero aún así quedan miles de trabajadores que se encuentran al límite, según denuncian los propios sindicatos. Otra prueba más de que la situación aún no se ha solventado es que el propio SEPE habilitó ayer la dirección de correo electrónico miprestación2020@sepe.es para efectuar las reclamaciones oportunas en caso de no haber recibido la prestación por desempleo en ERTE.

80.000 prestaciones por pagar solo en Cataluña

El caso de Cataluña, con 716.000 trabajadores en situación de ERTE sirve de radiografía de lo que ocurre en toda España. Hasta 80.000 personas llevan desde marzo sin cobrar, 70.000 reconocidas hasta por el propio SEPE, según CC OO de Cataluña. Es cierto que el mes pasado esa cifra era de 440.000 personas, pero los sindicatos advierten de que cada semana que pasa esos trabajadores sin cobrar muchas familias que han agotado ya los recursos de los que disponían tienen que recurrir a los bancos de alimentos y a los comedores sociales.

Son trabajadores de Primark, pero también los 1.800 empleados de Louis Vuitton o los 270 de la firma de sanitarios Roca. Hay ejemplos por todas partes y en todos los sectores. Sin ir más lejos, en la comunidad vecina de Aragón, la mitad de los trabajadores de la ONCE, todos los de Zaragoza (450, de los cuáles 350 son vendedores más un centenar de personal de oficinas), no ha cobrado la prestación que la empresa remitió el pasado 5 de abril y que se les aplicará hasta el 30 de junio (con un complemento del 100% del sueldo base y la antigüedad). CC OO en Aragón denuncia «bastantes irregularidades» y apremia a que se resuelvan los retrasos porque las facturas siguen llegando.

Mientras, desde el Gobierno se desliza que los retrasos tienen que ver con la transmisión errónea de los datos, lo que retrasa e imposibilita en muchos la tramitación de los expedientes.

Empleados que cobran y otros que no en la misma empresa

Del caos que se vive en el del Servicio Estatal Público de Empleo por la falta de medios y de personal y pese al trabajo de sol a sol de los funcionarios del SEPE son testigos los miles de trabajadores de la misma empresa que han recibido diferente respuesta del Estado ante la tramitación en la misma fecha del mismo ERTE. Este no es un caso único sino que se repite por toda España. Y eso pese a que todos los empleados incluidos se encontraban bajo las mismas circunstancias de contrato y jornada, y con los mismos derechos. Sin embargo, la respuesta del servicio de empleo es del todo menos homogénea.

Por ejemplo, en una conocida empresa auxiliar del sector de la automoción ubicada en una localidad de Ávila sus trabajadores aún no saben a qué atenerse dos meses después de que entrara a funcionar a bombo y platillo el escudo social. Por una parte, a algunos de ellos, los menos, ya les han ingresado la totalidad de los sueldos correspondientes, a otros solo les han abonado la parte correspondiente del primer pago –el que incluye los días pendientes de marzo, mientras que a la mayoría de la plantilla solo les ha llegado una parte –especificada en la transferencia bancaria como «anticipo»–. Pero la peor parte es para los empleados que ni siquiera han cobrado –y no han recibido ningún tipo de explicación por ello– y que representan buena parte de la plantilla.

Esto ha creado tal situación de incertidumbre y de necesidad entre los trabajadores de esta empresa, que la dirección de la firma se ha visto obligada a adelantar a los que lo han recibido el ingreso correspondiente por parte del SEPE del dinero que les habría correspondido a tal efecto.

El desconcierto es mayúsculo incluso entre los distintos organismos encargados de coordinar la puesta en marcha de las medidas de protección de los trabajadores. Esta claro que miles de trabajadores no saben en este momento cuándo van a cobrar ni cuánto. La otra certeza es que el pago de estas prestaciones debe realizarse a través del SEPE y que éstas serán siempre abonadas a mes vencido y mes a mes. En teoría, porque la situación de desesperación en la que se encuentran miles de familias trabajadoras puede cambiarlo todo.

En el Ministerio de Trabajo se ha llegado a valorar la posibilidad de hacer un solo pago en el caso de que el retraso se acumule en el tiempo, pero el propio servicio de empleo rechazó esa posibilidad, ya que el sistema informático que procesa todos los protocolos de pagos solo permite realizar los abonos de mensualidad en mensualidad, por lo que el pago de marzo se debería haber hecho en abril, el de abril se tendría que haber hecho en mayo y el de mayo se hará en junio, y así sucesivamente hasta el final del expediente.

Pero a día de hoy nadie en el Gobierno es capaz de explicar a las claras cuándo y cuánto cobrará un trabajador que aún no ha recibido ni un euro por su ERTE, y que lleva esperando desde marzo un ingreso que podría no llegar, en el mejor de los casos, hasta junio. Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a LA RAZÓN que, pese a los problemas derivados del sistema, se sigue trabajando para que una vez que se acumulen varios meses de retraso, ese pago «pueda hacerse de una sola vez». Como eso no es posible, la solución que han encontrado es abonar a la vez el pago correspondiente a los días pendientes de marzo y el mes de abril al completo, pero en dos transferencias diferentes giradas a la vez. El problema es que esto tampoco es igual para todos, y a unos les ha llegado sólo el abono de marzo, otros tienen en sus cuentas marzo y un anticipo parcial de abril y miles siguen con su cuenta a cero.

Pero si descifrar este misterio es complejo más aún son las cifras de trabajadores que siguen sin cobrar. Esta misma semana se sumaba la proyección establecida por los gestores administrativos, que han gestionado el 95% de los ERTE presentados ante el SEPE, y que son también los que conocen de primera mano lo que se ha concedido a sus clientes.

Y las cifras no se parecen nada a las del Gobierno. Según las conclusiones de una encuesta realizada por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos entre sus asociados, cerca de 900.000 trabajadores afectados por ERTE todavía no han cobrado la prestación por desempleo, aunque les haya sido concedida, ya sea por notificación oficial o por silencio administrativo, por lo que sumarían ya dos meses sin ningún tipo de ingreso.

Según los datos recogidos por los gestores, las distintas administraciones han contestado expresamente al 67% de los expedientes temporales presentados por este colectivo, habiendo denegado solo un 2% del total. Estas cifras suponen que se han rechazado únicamente 12.000 expedientes, que afectan a 86.000 trabajadores, por lo que quedarían pendientes de resolución, según sus cuentas, los más de 900.000 citados.

La media de trabajadores incluidos en los expedientes temporales tramitados por las gestorías y asesorías ha sido de 5,4 por ERTE, frente al 6,4 de media obtenida de la totalidad de los presentados en toda España, un baremo que es algo menor al oficial porque los clientes de los gestores colegiados son pymes y en los datos globales se incluyen grandes empresas, «lo que distorsiona la comparación», explica el presidente del Consejo, Fernando Santiago, que critica con dureza «la falta de claridad en los datos oficiales reales», ya sea de ERTE presentados, trabajadores afectados, denegaciones o pago de subsidios. «Y esta opacidad afecta a todas las administraciones».

Esta opacidad llega por los problemas de gestión que vive el SEPE, desbordado por el exceso de trabajo, pese al descomunal esfuerzo de sus trabajadores, y por el embudo que suponen las administraciones regionales, apuntan desde los sindicatos.