Adelante Andalucía quiere una «tasa Covid» europea para gravar «beneficios empresariales»

No se quieren quedar en la retaguardia, aunque estén en la oposición. Por eso, el Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía ha armado una Proposición no de Ley (PNL), que firma su portavoz adjunta Ángela Aguilera, en la que abogan por «la implementación de una tasa Covid-19 a nivel europeo». En la exposición de motivos, a la que se puede acceder en el boletín oficial de la Cámara (BOPA) publicado ayer, hay una siembra de cifras, según la cual «más de 600.000 millones son desviados artificialmente» al año «hacia paraísos fiscales» y en cada ejercicio «el grueso de los países europeos deja de ingresar unos 25.000 millones» en concepto de «impuestos corporativos», a la luz de un estudio difundido el pasado abril por «la plataforma de economistas ‘Tax Justice Network’».

«Esto en España se traduce –se asevera en el texto consultado por LA RAZÓN– en que las arcas públicas dejan de ingresar en impuestos de sociedades unos 2.300 millones», que sería «el equivalente al 2,5% de nuestro gasto sanitario». Es en ese escenario en el que Adelante plantea que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno de la Junta a que éste apremie, a su vez, al Ejecutivo central a impulsar «la creación de un sistema extraordinario de ‘tasas europeas de emergencia Covid-19’ en el ámbito de la Unión» para «gravar los beneficios empresariales y los grandes patrimonios». Se aplicarían una vez, serían de «administración comunitaria» y tendrían «naturaleza finalista». ¿Cúal? Atender «las necesidades sociales generadas por la crisis», garantizar «condiciones dignas» a la población «a través de la redistribución de la renta» y dotar «de más inversiones en la sanidad pública de cada país».

En España, «el 25% de la recaudación conseguida» por esa vía «deberá destinarse directamente a un fondo de urgencia para las entidades locales», de acuerdo a la propuesta de Adelante. Apuestan por una tasa dividida en cuatro modalidades: una ligada a «las ganancias empresariales superiores a 5 millones», otra al «patrimonio de las personas físicas», una tercera a «los fondos de inversión y sociedades patrimoniales» y la última a «las transferencias patrimoniales». El gravamen sería del 3%, excepto en la segunda. Y hay más. Adelante pretende que la Junta inste al Gobierno que comanda Pedro Sánchez, del que forma parte Unidas Podemos, a incluir «la evasión y la elusión fiscal» entre los criterios que «inhabiliten a una empresa para concurrir en procedimientos de contratación pública», estableciéndolo en «las cláusulas sociales que rigen dichos procedimientos».