El macrojuicio del caso Serrallo termina con acusados convencidos de ser “víctimas inocentes”

El macrojuicio por supuestos delitos urbanísticos en la construcción de una discoteca en el entorno del centro comercial Serrallo, en el sur de la ciudad de Granada, donde en principio debía ir un área de recreo infantil, ha finalizado este miércoles, después de que las defensas de los acusados, entre ellos el exalcalde de Granada por el PP José Torres Hurtado, hayan expuesto sus argumentos para pedir la libre absolución, convencidos de ser “víctimas inocentes”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial reanudó el pasado lunes 11, con las medidas de seguridad estipuladas por las autoridades sanitarias, el macrojuicio del denominado caso Serrallo, en el que Torres Hurtado está acusado, junto con otras siete personas, entre ellas la que fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, una vez que quedaron fuera del proceso, tras la retirada de los cargos contra ellos, los nueve ex ediles del PP que votaron en Junta de Gobierno Local de 26 de julio de 2012 el cambio de horarios del espacio en que se levantó la discoteca, que la Fiscalía pide demoler.

El macrojuicio, que comenzó el pasado 3 de febrero y fue suspendido, a mediados de marzo, en la semana en que se decretó el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, se ha seguido por la presunta comisión de ilícitos contra la ordenación del territorio, fraude en la contratación, prevaricación común y urbanística, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Ya en su declaración en la primera sesión del juicio, Torres Hurtado, que se enfrenta a una petición de cinco años y medio de prisión por la Fiscalía, se declaró inocente y al margen de estas cuestiones urbanísticas. Este miércoles, cuando el juicio ha quedado visto para sentencia pocos minutos después de las 14,00 horas, ha renunciado expresamente a su derecho a la última palabra, como el resto de acusados sentados en el banquillo.

El abogado defensor del exalcalde de Granada, Pablo Luna, ha comentado, en declaraciones a los periodistas, que en su informe de conclusiones definitivas expuso, este pasado martes, un “estudio muy jurídico” en el que mantuvo que no se cumplían los “requisitos” para acusar a Torres Hurtado, con cuya introducción en este proceso también se mostró crítico.

Según ha detallado Luna, no hubo tráfico de influencias ni prevaricación urbanística ni general en lo relativo a la conducta del exalcalde en un caso, en que, a su parecer, se ha "vulgarizado el derecho penal". Ha pedido, como el resto de defensas, la expresa condena en costas de las acusaciones, incluida la particular que ejerce el Ayuntamiento, hoy gobernado por PP y Cs, y ha abogado por una reforma de la normativa que permita que también pueda serlo la Fiscalía en casos en que haya "dolo" en su actuación.

Las defensas de los principales acusados se han basado, en este sentido, en la “inconsistencia” jurídica y fáctica que, a su juicio, ha guiado a la Fiscalía y el resto de acusaciones, según han indicado fuentes del caso, en alusión a que los supuestos ilícitos imputados a Torres Hurtado, Nieto o el que fuera director general de Obras del Ayuntamiento, Manuel Lorente -quien como la ex edil se expone a una petición fiscal de diez años de prisión-, se hayan basado en una “omisión” en su proceder. Ha habido, han agregado, una falsedad al hablar de la construcción de una “discoteca en zona verde”.

En general, las defensas han pedido una sentencia absolutoria por falta de pruebas, siendo los acusados “víctimas inocentes” que se han visto sometidas a “un daño irreparable” durante años por la “malinterpretación de la prensa”, según ha expresado en su informe este miércoles la letrada de una de los técnicos del Ayuntamiento acusados, resaltando también que “Granada es muy pequeña” y se puede pensar que “si está ahí, algo habrá hecho” cuando lo que hizo fue “dedicarse a su trabajo”.

Por otro lado, también hoy, la defensa del promotor acusado, Roberto García Arrabal, ha expuesto, en su informe final ante el tribunal, que el caso es de “derecho administrativo”, y que “ni una sola cuestión de orden penal” ha sido llevada, en su opinión, por las acusaciones en el proceso, con la “gran actuación estelar” del Ayuntamiento “en contra de sus funcionarios” y, ha agregado, de los intereses de la ciudad.

El juicio, el primero de estas características que se retomó en Andalucía tras la crisis sanitaria, se ha celebrado en la sala Antonio Angulo de la sede judicial de Caleta, donde en estas últimas semanas no ha podido entrar público, y solo una presencia limitada de periodistas, habida cuenta del número de acusados y letrados de la defensa y de la acusación, y de las restricciones impuestas para el cumplimiento de la distancia social impuesto por la pandemia de covid-19.

Este miércoles, los acusados, algunos de los cuales no ha estado acudiendo a las sesiones, habían sido citados por el tribunal, ya que, como finalmente ha ocurrido, podía adelantarse el momento, previsto inicialmente para este jueves, en que pudieran ejercer su derecho a la última palabra.

A este derecho han renunciado después de que el presidente del tribunal, el magistrado José María Sánchez, haya advertido, tras tomar la palabra García Arrabal, de que debían de exponer, después de “muchos días”, algo que fuera novedoso sobre lo expuesto por sus defensas, y antes de dejar visto para sentencia el caso, agradeciendo a todos la “paciencia”.