El TSJA ratificó que la Junta del PSOE tardó 7 años en actuar contra UGT y CC OO por las residencias de tiempo libre

A un ritmo de vértigo no actuaron. La Fiscalía de Sevilla ha presentado ahora una denuncia contra las ex cúpulas andaluzas de los sindicatos CC OO y UGT, a las que atribuye un presunto delito de malversación, por no devolver a la Junta 6,7 millones de euros, en concreto más de cuatro el primero y casi 2,7 el segundo, de acuerdo a lo detallado en un informe de la Guardia Civil. La situación dibujada está vinculada a la gestión de las residencias de tiempo libre de la Junta de la que ambas organizaciones se ocuparon en exclusiva entre los años 2000 y 2006.

Los sindicatos recaudaban el importe de la estancia de trabajadores en esas instalaciones e ingresaban el 20% del dinero en sus cuentas por la intermediación, debiendo destinar el otro 80% a la Administración. Pero, el Ministerio Público entiende que no cedieron 6,7 millones correspondientes a la etapa comprendida entre 2003 y 2006.

El Gobierno andaluz capitaneado por la socialista Susana Díaz ya intentó en 2015 recuperar ese dinero y recurrió a la vía contenciosa-administrativa. Acabó sin nada y condenado a pagar las costas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dejó claro que esa posibilidad había prescrito en sentencias firmes ligadas a las dos entidades sindicales. LA RAZÓN ha tenido acceso a la relativa a UGT en concreto, fechada en abril de 2017, en la que se refleja que el sindicato trasladó al Alto Tribunal autonómico que los «ingresos por el uso de las residencias» eran «precios públicos, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 15/99» y tenían «un plazo de prescripción de cuatro años», que ya había transcurrido, dado que «la última notificación efectuada respecto de cantidades fue realizada el 15 de septiembre de 2003». Según el relato de UGT, se hizo un pago «el 30 de octubre de 2008» y luego no existió «requerimiento alguno hasta la incoación del expediente de reclamación el 11 de junio de 2015». Es decir, hubo siete años de inacción en blanco en medio.

El TSJA recoge en su fallo que las cantidades exigidas se «correspondían «a la diferencia entre el precio público cobrado a los usuarios y el 20% que debía percibir el sindicato por su gestión» y se alineó con UGT en que se trataba de «un ingreso de Derecho Público cuya prescripción se rige por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía» que fija «un plazo de prescripción de cuatro años para el cobro de los créditos reconocidos o liquidados». «Desde el pago efectuado en octubre de 2008 hasta la notificación de la incoación de la reclamación efectuada en el año 2015», se asevera en la sentencia,«ha transcurrido sobradamente el plazo de cuatro años por lo que debemos apreciar la prescripción alegada», concluyó. Para imponer las costas a la Junta «hasta un importe máximo de 1.000 euros».

La Fiscalía ha apuntado en su denuncia a los ex secretarios generales de CC OO Julio Ruiz y Francisco Carbonero, a las ex secretarias de Servicios de esa entidad Juana Mancilla y Maribel Hernández, al ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana y al ex secretario de Administración de ésta Federico Fresneda. A ellos ha agregado a los ex directores generales de Trabajo andaluces Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera. Admite que la supuesta responsabilidad de éstos ya no puede ser castigada, pero cree que aún no es tarde para el resto.Fuentes judiciales consultadas por este diario consideran, en cambio, que «recuperar ese dinero para las arcas públicas no va a ser fácil». Recuerdan que «el plazo de prescripción general en el delito de malversación grave es, como norma, 10 años» y que sólo de forma excepcional «son 15», si las cuantías revistieran especial importancia y si «se hubiera producido un ‘entorpecimiento al servicio público’». Un tipo, este agravado, que dudan de que se pueda encajar en lo denunciado en 2020. Con todo, un juzgado de Instrucción sevillano ha abierto diligencias previas de investigación contra los sindicalistas. Toca esperar.