Educación pide al Ministerio que «deje claro» que todos los niños deben ir a clase

A solo dos semanas para el inicio del curso escolar, el discurso de la Junta no ha variado: las clases comenzarán en la fecha prevista y con un máximo de veinte alumnos. Mientras otras comunidades han adoptado medidas más restrictivas –como Madrid, donde habrá un inicio gradual y mascarilla obligatoria a partir de seis años–, la Consejería de Educación incorporará a los alumnos de las escuelas infantiles el próximo martes, a los de Primaria el 10 de septiembre y Secundaria el día 15. Y todos asistirán de manera presencial. Para el consejero, Javier Imbroda, esta decisión es «irrenunciable», según mantuvo en una entrevista con Efe. «A todos nos interesa que los alumnos estén en la escuela, que es donde se genera el mayor derecho básico que tienen nuestros niños: una educación presencial y de calidad. Tenemos que tenerlo todos muy claro. Si no hay presencialidad no hay igualdad», opinó.

Ante el temor «razonable y lógico» de las familias y docentes por el reinicio de las clases, que se suspendieron el 14 de marzo, Imbroda insistió en que se siguen las directrices de las autoridades sanitarias, que respaldan la vuelta al colegio presencial. Habrán pasado seis meses desde la última vez que los niños pisaron las aulas; los maestros llegaron a incorporarse en los últimos días de junio, pero las dudas son más que entonces. La sombra de una posible huelga siguiendo el ejemplo de Madrid es de momento solo una posibilidad sin confirmar, pero el sindicato UGT advirtió ayer de que el comienzo del curso tendrá efectos colaterales. Por ello, «todas las miradas estarán puestas» en la Mesa Sectorial extraordinaria de Educación de hoy. «Las decisiones que se tomen no afectarán solo al sector educativo: el riesgo de contagios en las aulas y la cuarentena que tendrían que pasar los padres y familiares de los alumnos tendría una incidencia directa en el resto de sectores productivos», aseguró en un comunicado. Educación ya anunció el lunes que se reunirá con las familias para informarles y tratar de aplacar los ánimos. El consejero reiteró que «estamos preparados» para actuar ante un caso positivo de covid-19 en las aulas, admitiendo que «el riesgo cero no existe».

Aunque las competencias educativas corresponden a cada región, el Ministerio puede establecer unas pautas generales para todas. En este sentido, ayer se reunieron los viceconsejeros de toda España en la comisión general de la Mesa Sectorial, previa a la cita que consejeros y ministra tienen mañana jueves. La «número dos» andaluza, María del Carmen Castillo, explicó que la «avanzadilla» sirvió «para poner de manifiesto que todas las comunidades autónomas estamos trabajando en la misma línea». Castillo remarcó que «esa incorporación se va a hacer con presencialidad, conforme a los calendarios aprobados por cada comunidad porque se ha entendido que la educación es un servicio esencial y así tiene que ser tratada y entendida». En este sentido, explicó que «desde Andalucía se ha pedido al Ministerio que tiene que dejar claro que la no asistencia a los centros educativos no es una opción en la enseñanza básica», además de que «para facilitar los grupos estables de convivencia hay que flexibilizar la homologación de las titulaciones del profesorado para que puedan dar docencia de distintas materias». La intención de la Junta es que se produzcan los mínimos intercambios de profesores para así reducir el contacto y con ello los riesgos de contagio en caso de que se produzca algún positivo entre los integrantes de la comunidad educativa.