Sumar solicita por escrito a Óscar Puente el cambio de nombre del puente Carranza por el de Rafael Alberti

La diputada nacional de Sumar por la provincia de Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha remitido un escrito al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, para solicitar el cambio de denominación del Puente José León de Carranza por el de Rafael Alberti.

En el escrito, recogido por Europa Press, la diputada por la provincia gaditana argumenta que la propuesta "responde a una necesidad democrática, simbólica y cultural que entronca directamente con los principios de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, y con el compromiso que todas las instituciones debemos mantener con la justicia histórica de nuestro país".

Así, recuerda que el actual nombre del puente "honra la figura de un dirigente que formó parte del aparato institucional del régimen y cuyo legado no representa los valores de convivencia y pluralidad que hoy queremos promover". Por contra, defiende que Rafael Alberti "encarna como pocos la dignidad de quienes defendieron la legalidad republicana frente al golpe de Estado de 1936 y pagaron con el exilio su lealtad a la libertad".

A juicio de Gil de Reboleño, "cambiar el nombre del puente no es solo un acto de reparación simbólica o una obligación legal, es también un ejercicio de pedagogía pública" y señala que "Rafael Alberti fue y es un referente moral e intelectual para varias generaciones de gaditanos, y su memoria sigue viva en la cultura, en las calles y en el imaginario colectivo de la provincia".

"Vincular su nombre a una infraestructura que simboliza la conexión de Cádiz con el resto de la bahía es una forma hermosa y justa de rendirle homenaje", defiende la diputada, que añade que "Alberti representa la palabra como resistencia, la cultura como arma frente a la barbarie, y la poesía como territorio común".

Así, insta a Óscar Puente a que desde su Ministerio se promuevan los trámites necesarios para proceder al cambio de denominación del puente conforme a los mecanismos establecidos por la Ley de Memoria Democrática y el marco competencial vigente.