La fiscal superior de Andalucía aboga por “acelerar” la reforma procesal para agilizar la justicia

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha defendido este jueves que, “en estos momentos” de crisis, “se hace más necesario acelerar la reforma procesal” para “atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de los delitos”, una reivindicación “reclamada de antiguo” que, en su opinión, “ayudaría a la tan demandada agilización de la justicia”, entre otros “aspectos positivos”.

Se trata de “ofrecer un servicio público con parámetros de eficacia y de calidad en la justicia”, según ha defendido Ana Tárrago en una comparecencia desarrollada vía telemática en la comisión parlamentaria de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para presentar la Memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía correspondiente al pasado año 2019.

En su intervención, que ha comenzado un mensaje de recuerdo a las víctimas de la pandemia del coronavirus, Ana Tárrago ha señalado que, durante esta crisis sanitaria, “se han evidenciado en toda su magnitud las carencias del servicio esencial de la justicia que desde hace años venimos reclamando”.

En esa línea, ha advertido de que “se aprecia un servicio más ralentizado con una repercusión social, económica, en comparación con otros servicios públicos o privados mejor dotados en medios”, al hilo de lo cual ha aprovechado para insistir en alertar de los “escasos medios” que sufre “la plantilla auxiliar y los fiscales”.

También ha manifestado que “sería necesario imprimir un mayor ritmo en la modernización tecnológica de la justicia para el desarrollo en los próximos años”, así como que “el futuro pasa por culminar un proyecto de justicia digital en todos los operadores jurídicos, y apostar a corto plazo por contar con sistemas integrales que accedan al expediente digital como gran reto”.

De igual modo, ha abogado por “implantar a los funcionarios judiciales aplicaciones telemáticas y teletrabajo para evitar el colapso de los procedimientos”, y ha considerado al respecto que “es importante que todas las comunidades autónomas vayan al mismo ritmo en su implantación para mostrar una justicia eficaz en su lucha contra la delincuencia transnacional”.

“DEBILIDADES” DE LA JUSTICIA

La fiscal superior ha lamentado que “la justicia, como servicio público esencial, continuamente evidencia sus debilidades”, pero ha subrayado que “su buen funcionamiento contribuye a dinamizar la economía del país y a resolver problemas que la ralentizan”, así como ha defendido que “invertir en justicia significa consolidar nuestro Estado de derecho y fortalecer nuestro sistema democrático, tan necesario en las etapas de crisis”.

De igual modo, ha advertido de que la jurisdicción de lo civil será “una de las más afectadas” de los “meses de paralización” que impuso la pandemia durante la etapa del estado de alarma y el confinamiento, “por el aluvión de demandas de divorcio y modificación de custodias que se están presentando, por denuncias sobre la gestión de las residencias de mayores y por la posible vulneración de derechos fundamentales”.

Por otro lado, ha señalado que “también es de importancia para una justicia de calidad continuar con la creación de las oficinas judiciales”, con cuyo desarrollo “se comprometió” la Junta de Andalucía con una orden en el año 2014, si bien desde entonces “únicamente contamos con la Oficina Fiscal de Dos Hermanas y Sevilla”, según ha puesto de relieve antes de apostar, además, por “continuar potenciando las mediaciones y arbitrajes para evitar la celebración de juicios”.

Respecto al contenido de la Memoria de 2019, la fiscal superior se ha detenido en cuestiones como la criminalidad vinculada al narcotráfico y el “recrudecimiento de la violencia de las bandas criminales” en ese ámbito, así como en la violencia de género, la siniestralidad laboral, los delitos económicos y de índole medioambiental, que son “de especial preocupación” para la Fiscalía, según ha señalado.

De igual modo, ha destacado que han continuado “subiendo un año más” las denuncias contra el maltrato animal, así como que se ha registrado un aumento en “las denuncias contra partidos políticos por manifestaciones vertidas en el ámbito público y también a través de aplicaciones de comunicación como Whatsapp”, según ha explicado.

Finalmente, Ana Tárrago ha alertado del estado de “casi abandono en su mayor parte” del edificio del Banco de España en Granada que sirve de sede de la Fiscalía Superior, y ha subrayado que queda pendiente la mayor parte de su rehabilitación, porque “sólo se hizo el arreglo de sus cubiertas”.

En el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, el diputado del PSOE-A Javier Carnero ha lamentado que por parte de representantes de formaciones como el PP-A o Vox se haya trasladado a la comparecencia de la fiscal “mantras” ideológicos y “discursos partidistas” propios de “un mitin”, en vez de hablar de las “carencias” que afectan al Ministerio Público y a los que el actual Gobierno andaluz “debe ponerles remedio”, según ha subrayado.

OCUPACIONES DE VIVIENDAS

Por su parte, la parlamentaria del PP-A Rosalía Espinosa ha aprovechado la intervención de la fiscal superior para valorar el “éxito” de reformas de anteriores gobiernos del PP en España como la que “impidió la llegada a la Fiscalía de los delitos sin autor conocido”, o la de los juicios rápidos, que “están solucionando rápidamente problemas de los ciudadanos”. Además, ha expresado su preocupación sobre el incremento de los delitos de violencia de género y sobre los delitos por ocupación ilegal de viviendas en Andalucía.

Al respecto de esta última cuestión, Ana Tárrago ha señalado que “la ley tiene medios más que suficientes para adoptar medidas cautelares”, y tanto fiscales y jueces como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben ponerse a trabajar “sin tener que esperar a ninguna reforma en esta materia” para “impedir una modalidad delictiva que tanto dolor y sufrimiento está causando en muchas personas”, a quienes ha querido lanzar un mensaje de “tranquilidad”, porque “estamos iniciando una nueva forma de enfocar estos tipos penales que hasta ahora no eran tan llamativos”.

La diputada de Ciudadanos (Cs) Teresa Pardo ha valorado la actividad de la Fiscalía, que ha estado “a la altura en estos momentos tan difíciles” de crisis del coronavirus, si bien ha defendido que el Ministerio Público requiere de “un incremento de personal y de los recursos materiales para desempeñar una labor mucho más eficiente”, porque “requerimos una justicia ágil y eficaz”, según ha incidido.

También el parlamentario de Adelante Andalucía Guzmán Ahumada ha agradecido y valorado la labor de la Fiscalía Superior antes de trasladar su preocupación por que “año tras año” en las memorias de dicha institución “se planteen los mismos problemas” relativos a medios. De igual modo, ha anunciado la intención de su grupo de aprovechar el “espacio de diálogo” que espera que se abra para la elaboración del Presupuesto de la Junta para 2021 para defender la reivindicación de un “presupuesto diferenciado” para la Fiscalía, o bien canalizar esa reclamación en el trámite de las enmiendas.

Finalmente, el diputado de Vox Macario Valpuesta ha apostado por la creación de una “policía adscrita a la Fiscalía”, así como por que el Ministerio Público “esté a la altura” en los supuestos casos de corrupción que afectan a etapas de gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía. También ha opinado que se está realizando un “mal diagnóstico” del problema de la violencia de género, que su grupo ve “muy relacionada con la violencia intrafamiliar”, y ha expresado su preocupación por los “problemas” vinculados a la inmigración ilegal, porque quienes la protagonizan “están abocados a la mendicidad y a veces a la criminalidad”, además de que “ocasionan problemas de tipo sanitario y de infravivienda”, según ha sostenido.