Después de la inmersión en la pandemia, un 87,9% de la población afirma que sería conveniente reformar la sanidad española y, de ellos, más del 95% considera que se necesitan con «mucha» o «bastante» urgencia más recursos económicos y un aumento en las plantillas de profesionales que atienden en el Sistema Nacional de Salud (SNS), de acuerdo a lo reflejado en el Barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Afinando, fue un 95,3% de esos sondeados el que se manifestó partidario de destinar más fondos presupuestarios a esa materia, siendo las mujeres, con un 96,1, y los jóvenes de 18 a 24 años, con un 98,1%, los que más a favor se mostraron de incrementar esa inyección. Un 96,3 apostó también por aumentar las plantillas del SNS. En Andalucía, si a principios de este año los sindicatos mantenían que la sanidad aún necesitaba respiración asistida, pese a «las grandes expectativas» que habían depositado en 2019, tras el paso del huracán covid, la situación «ha empeorado», reconocen ahora.

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha destacado estos días que los Presupuestos de la Junta para 2021 recogerán una «cota histórica»: la asignación a sanidad del 7% del Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, lo que se traducirá en 11.772 millones de euros y supondrá un 6,4% más respecto a lo reservado en las cuentas de 2020, según su departamento.

Si bien, el presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Carrasco, traslada a LA RAZÓN que lo que hace falta para que se «recupere» y «tener una sanidad en condiciones» en la región es dedicarle, «como mínimo», unos «1.500 euros por habitante», lo que «acercaría» a la comunidad a «la media nacional» en esa estadística, ya que Andalucía «sigue por debajo», lamenta. Para que eso fuera una realidad, «harían falta como poco 13.000 millones, no 11.700», avisa, sobre todo, «después de la situación de pandemia que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo». «Eso no es suficiente», apostilla.

En la misma línea, Jesús Cabrera, responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y de Sectores Sociosanitarios de CC OO-A (FSS-CC OO), apunta que con la crisis, «se ha producido una reducción del PIB», con lo que ese dato «es un poco relativo» y aboga también por poner el foco en «el gasto por habitante» que «estaría en 1.379», lo que permitiría «abandonar los puestos de la cola», ya que «los anteriores recortes» dejaron a la región con «el gasto per cápita más bajo del Estado», pero no sería bastante, a su juicio. «Se debería avanzar hasta los 1.600 euros –221 más respecto a los 1.379– o los 1.700 –321– para ir a la media», señala. A ello suma que, a la organización sindical que representa le «preocupan» algunos «capítulos del gasto» presupuestario como el alza «del 9,35%» del coste «farmacéutico», lo que significará, calculan, «180 millones» y que achacan a «la eliminación de la subasta de medicamentos». Es más, advierte de que, «si no se toman medidas, puede suceder que sea el 25% del total del coste del gasto sanitario». Cabrera considera que «ese dinero se podría dedicar a otros capítulos para el refuerzo de plantillas o de infraestructuras», por ejemplo. Cree que «una de las pocas cosas que hizo bien la anterior Administración» socialista fue «que controló el gasto farmacéutico hasta un crecimiento por debajo del 3%» y pespuntea que, aunque entienden que la covid pueda producir una elevación de esa factura, recalcan que lo que la ha «encarecido» pasa por la supresión de las subastas.

Antonio Macías, secretario regional de Sanidad de UGT-A, coincide con Cabrera en que «el 7% de un PIB que va a bajar, no es lo mismo» que si se hubiera mantenido la expansión económica. Asevera que, de acuerdo a lo que desde el Ejecutivo autonómico les «han contado» de los Presupuestos para el próximo ejercicio, «mejora para los profesionales no habrá, ni en cantidad de efectivos, ni en condiciones laborales». Vincula el aumento de fondos al coronavirus, pero lo desliga de «los recursos humanos» o de las «infraestructuras». «Salvo la apertura del Hospital Militar de Sevilla», apostilla. «Es más –añade–, hay tácticas como la de obligar a la gente a coger la plaza en capitales de provincias para quitar lavanderías de hospitales pequeños que ya denunciaremos. Se llama externalizar o liquidar servicios, no mejorar», lanza. Critica, por último, que no se haya contemplado «nada de bajar ratios de enfermeras o médicos de familias/pacientes, o de enfermos encamados/profesionales».

En relación a los derechos laborales del personal sanitario, Carrasco confía en que «tanto lo que se está haciendo a nivel nacional como regional no se extienda más allá del Estado de alarma» y en que cuando la crisis finalice, puedan «retomar la negociación» donde le dejaron «en febrero de 2020». Reconocen, con todo, el esfuerzo presupuestario de la Junta.