La insuficiencia presupuestaria, un riesgo para la sostenibilidad del sistema sanitario

La pandemia ha puesto a prueba la solidez del sistema sanitario, un ámbito para el que muchas voces han reclamado más inversión. El Tribunal de Cuentas, en su «Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2017», fija en 63.540 millones de euros, lo que supuso aquel año el gasto sanitario público consolidado del sector autonómico en su conjunto, que a su vez significó «el 5,5 % sobre el PIB –Producto Interior Bruto–». El coste per cápita medio fue de 1.370 euros por habitante y «un 44,3% del gasto» del sector lo coparon tres regiones: Cataluña, Andalucía y la Comunidad de Madrid, con 10.376, 9.692 y 8.120 millones, respectivamente. La Rioja, Cantabria y la Comunidad Foral de Navarra fueron las comunidades con el gasto más bajo, en valores absolutos y, en relación a su población, los territorios con el mayor fueron el País Vasco, con 1.710 euros por habitante y el Principado de Asturias, con 1.632. Por contra, Andalucía, con 1.153 euros por habitante, se situó a la cola, con la Comunidad de Madrid, con 1.248, según ha constatado el Tribunal en su trabajo hecho público a finales del pasado octubre y consultado por LA RAZÓN.

Por lo que respecta al indicador del PIB, Extremadura, con un 8,8%, y la Región de Murcia, con un 7,4%, fueron las comunidades que presentaron en 2017 «un porcentaje del gasto sanitario sobre el PIB más elevado», mientras la Comunidad de Madrid, con un 3,7%, y Cataluña, con 4,7%, «se situaron en el extremo opuesto». Andalucía destinó el 6,2% y se colocó en la octava posición de la tabla nacional. El órgano fiscalizador alude también a la remuneración de personal, apartado en el que la comunidad andaluza asignó 4.722 millones, el 48,7% sobre el total del gasto sanitario consolidado de las regiones, 3,5 puntos porcentuales menos que el 52,2% de Aragón, o 3,3 menos que el 52% del País Vasco.

Aquel ejercicio, el penúltimo de un Gobierno socialista en Andalucía tras más de tres décadas en el poder, el desembolso en retribución de asalariados alcanzó la cifra global de 28.657 millones de euros, lo que representó el 45,1% del gasto consolidado del sector, y experimentó un incremento de un 2,2% respecto al año anterior.

A la luz de los datos expuestos en su informe y de otros consultados para la elaboración del mismo, el Tribunal de Cuentas anota, entre las «principales conclusiones generales» a las que llega, que la sanidad «reviste una peculiaridad con respecto al resto de áreas del sector público, que se manifiesta en la limitación del documento presupuestario para actuar como instrumento de previsión y control de su actividad». «No sólo existe –advierte– una permanente insuficiencia estructural de los créditos iniciales para dar cobertura a las obligaciones de cada ejercicio, no obstante conocerse el gasto real producido en ejercicios inmediatos anteriores, sino que se recurre de forma periódica a generar gasto que excede las consignaciones presupuestarias». Una situación que implica que «mediante modificaciones presupuestarias se financien, en detrimento de otras áreas, gastos para la cobertura de necesidades que presentan consignaciones insuficientes», que «eran conocidas en el momento de la aprobación del Presupuesto, en particular las derivadas de gastos de personal y farmacia». Esta «recurrente financiación adicional» no evita, avisa el ente fiscalizador, «el desajuste entre gastos e ingresos, generando deuda» que se deriva a ejercicios posteriores, «con incumplimiento de los límites cuantitativos y de anualidad establecidos legalmente». A ello se suma «morosidad en el pago a acreedores», a la luz de lo expuesto en un bloque del abultado informe desgranado, de 234 páginas. En definitiva, el tribunal observa «un paulatino incremento en la consignación de compromisos de gasto, con cargo a ejercicios futuros», lo que «puede distorsionar la sostenibilidad financiera del sistema autonómico de gestión sanitaria». Una inercia que se ha repetido durante años y convendría cambiar.