Andalucía atiende 14.173 casos ligados a desahucios en ocho años

En los desahucios hay quienes están a veces descarnadamente en escena. La ex diputada del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía y ahora no adscrita María Isabel Mora sostuvo en una pregunta escrita fechada en enero de 2020 que constituye «una de las caras más dramáticas, en ocasiones trágica, de la crisis económica». «Familias numerosas, monoparentales con hijos a cargo, discapacitados, desempleados, víctimas de violencia de género y personas mayores son grupos sociales especialmente frágiles y vulnerables a los vaivenes económicos» y se dan casos en los que, «además de hacerles perder su vivienda, los arrojan sin contemplaciones a la exclusión social», lamentó. Lo hizo antes de anotar que en 2019, y sólo hasta el tercer trimestre, se habían producido «6.212 desahucios habitacionales» por ejecuciones hipotecarias o por impago del arrendamiento», según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). «Cada día, 22 andaluces, con o sin familia, son expulsados de su vivienda sin contemplaciones», lanzó. Luego recordó que el 1 de marzo de 2016, la Junta firmó un convenio con el CGPJ y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para fijar «un protocolo de detección de situaciones de vulnerabilidad en aquellos procedimientos judiciales que anticipen o desemboquen en un desalojo» de la casa familiar. Éste se prorrogó en marzo de 2017 y el Ejecutivo regional asumió, entre otros, el compromiso de «informar, desde las consejerías competentes, tanto al CGPJ como a los juzgados» de la región, de «sus estructuras, redes, organización, funcionamiento y recursos en materia de servicios sociales, incluido el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda». Junto a ello, tendría que «acelerar la tramitación de las solicitudes» remitidas por los servicios sociales locales o los órganos judiciales y crear una comisión de seguimiento de aquel pacto. Pero, para Mora, la implementación de dicho protocolo dejaba el año pasado «mucho que desear». De ahí que quisiera saber qué «actuaciones concretas» había realizado la Junta para comunicar a los juzgados los medios que se habían puesto a su disposición con el fin de «detectar y paliar situaciones de vulnerabilidad, ante previsibles lanzamientos»; cuántas peticiones había recibido el Ejecutivo autonómico y qué valoraciones había hecho el ente de seguimiento. Le contestó la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en un respuesta fechada el pasado 26 de mayo, pero publicada ayer en el Boletín Oficial del Parlamento Andaluz (BOPA), en la que se afirma que desde ese departamento, y a través de sus oficinas provinciales del Sistema andaluz de información y asesoramiento integral en materia de desahucios –antes Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda– se desarrolla «una intensa labor de soporte» a quienes tienen dificultades asociadas a su vivienda familiar. «El número de casos atendidos desde la creación de las oficinas es de 14.009», asevera. Y engarza: «No se recogen datos estadísticos de forma regular» sobre las comunicaciones a los juzgados, si bien «se han podido contabilizar de forma acumulada 319» desde «las distintas oficinas del SAID». Más allá, los datos de balance de éstas, accesibles en el portal del Gobierno andaluz y recopilados por LA RAZÓN, marcan que de octubre de 2012 al 30 de septiembre de 2020, se gestionaron 40.756 consultas y se atendieron 14.173, siendo Málaga, con 3.307, la provincia que se situó a la cabeza.