Corrupción en Andalucía

Anticorrupción apunta a una firma de Griñán en el «caso Isofotón»

El ex presidente andaluz rubricó la certificación de un aval, en el punto de mira de la Fiscalía

Trabajadores de Isofotón, en una de las múltiples protestas que protagonizaron
Trabajadores de Isofotón, en una de las múltiples protestas que protagonizaroneuropa pressEuropa Press

Isofotón fue un fogonazo empresarial que se apagó después de iluminarse gracias a fondos públicos. Los ex gobiernos andaluces del PSOE-A le asignaron entre avales, ayudas o préstamos, y a través de la agencia IDEA y de Soprea,más de 80,4 millones desde 2005 a 2012, que no impidieron que la empresa malagueña, dedicada a la energía fotovoltaica solar, echara el cierre, dejando en la calle a sus trabajadores. El juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga ahora si tras esas inyecciones millonarias se esconden presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental. A ese órgano judicial remitió la Fiscalía Anticorrupción un escrito, fechado el pasado 13 de enero, en el que se hace un repaso al proceso de concesión de esos incentivos y en el que se apunta a la cúpula de uno de aquellos ejecutivos socialistas. Hace notar que el 12 de abril de 2010, IDEA destinó a Isofotón un aval de cinco millones, «correspondientes al 50% de un préstamo de 10» y que «fue autorizado por el Consejo Rector» de la agencia, que entonces presidía el ex consejero de Innovación Martín Soler, en presencia del ex director general de IDEA Antonio Valverde. Ambos están encausados. Pero la Fiscalía va más allá al dejar constancia en su escrito de que fue «ratificado por el Consejo de Gobierno con fecha 2 de marzo de 2010, firmando el certificado de ratificación» el ex consejero y «José Antonio Griñán en calidad de presidente de la Junta de Andalucía». Hilvana Anticorrupción que, por el momento, «se desconoce» el «acta» de aquella reunión –la instructora pidió en 2020 un abultado bloque de ellas de Consejos de Gobierno presididos por Griñán, por Manuel Chaves y por Susana Díaz–, así como los «integrantes».

La irregularidad sobrevuela aquella operación para la Fiscalía, que avisa de que el aval se dio «como subvención excepcional, cuando se hace mención a que los fondos» que se demandaron eran «correspondientes al programa de ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía», es decir, a «la Orden de Salvamento» de entidades en crisis.

«La Orden de fecha 5 de noviembre de 2008 de Ayudas a Empresas Viables con dificultades coyunturales en Andalucía –se ahonda– contemplaba perfectamente la situación en la que se encontraba Isofotón en el año 2010 con fuertes tensiones de tesorería y la necesidad de financiación externa, que sin un aval público, no era capaz de lograr». La solicitud de ese tipo de ayuda hubiera limitado la cuantía a recibir a los 10 millones en una década, asevera el Ministerio Público, y «hubiera impedido» pedir otras «adicionales». Sin embargo, y comprimida la narración del escrito, en agosto de 2010 y en noviembre de 2012 la sociedad «consume 24.000.000 euros», aparte de fondos previos y posteriores que salpican a algún otro ex consejero.

Una hilera de ex altos cargos investigados
En el proceso judicial en el que se analiza lo sucedido con el soporte vital millonario que la Junta dio a Isofotón se investiga por ahora a cerca de 40 personas, la mayoría de ellas ex altos cargos y mandos de la Administración autonómica. Los encausados de mayor rango son los ex consejeros andaluces Martín Soler, Antonio Ávila, Manuel Recio y Francisco Vallejo, quien ya fue condenado por la Audiencia de Sevilla en el juicio de la pieza política del “caso ERE”.