Enciso niega la denuncia a Góngora por “enemistad política” y asegura que “jamás” tuvo “nada en contra”

El ex alcalde de El Ejido (Almería) Juan Enciso ha afirmado este jueves que interpuso en abril de 2011 la denuncia que ha dado lugar al enjuiciamiento del actual regidor ejidense, Francisco Góngora, “días después” de que “técnicos de Urbanismo” le “comunicasen muy nerviosos” que “habían encontrado un documento” en un expediente “para desarrollar un contrato” en el que “estaba un concejal” y ha negado tajante que lo hiciese porque era “su enemigo político y personal”.

“Jamás con ninguno de ellos, jamás, jamás he tenido nada”, ha afirmado en alusión a los ediles que “se fueron” en 2005 de su equipo de gobierno del “PAL al PP”, entre ellos Góngora, al tiempo que ha remarcado que “el día que se fueron, se eliminaron”.

Enciso, visiblemente contrariado en ocasiones, ha negado que, cómo afirmó el actual alcalde, le dijese que “quien no viniese” con él “se tenía que ir de El Ejido o que advirtiese en un medio de comunicación de que si “no le sacaban de la Operación Poniente, se la jugaba aunque tuviera que sacar documentos secretos que los tengo”.

“Yo jamás he dicho hecho, no he dicho jamás que me saquen de la Operación Poniente a cambio de algo”, ha remarcado para añadir que “jamás, jamás, he amenazado a ninguna persona en mi vida”.

Enciso, quien ha comparecido como testigo de cargo, ha explicado que le “subieron” hasta su “despacho el contrato” privado suscrito en 2004 por Euro Alpujarra SL, sociedad familiar en la que figuraba como socio Francisco Góngora, con respecto de la finca objeto del procedimiento penal y ha precisado a preguntas de la Fiscalía que en el documento sí había “anotaciones manuscritas”.

Ha dicho recordar que las “partes” eran “una Euro Alpujarra o algo así, una empresa constructora y la familia Góngora” y, también a preguntar del Ministerio Público, ha explicado que “al apreciar una posible irregularidad, nos pusimos en contacto con nuestros servicios jurídicos, que nos mandaron a la procuradora y ya se presentó la denuncia”.

Interpelado por la acusación popular, que ejerce el partido que él mismo fundó tras abandonar el PP en 2005, el PAL, ha indicado “no recordar” si el actual alcalde, entonces concejal en su equipo de gobierno con el PP, se ausentó “al aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en abril de 2004 por tener interés directo”.

La testifical se ha tornado bronca en el turno de las defensas, que han puesto el foco en la motivación tras la denuncia presentada ante Hacienda y el juzgado instructor de El Ejido en 2011, en el “cómo y porqué” y en cuestionar la “credibilidad” de su testimonio como denunciante debido a posibles “incongruencias” con respecto a lo que declaró en instrucción y, por ende, el “origen” del “documento privado” que se adjuntó.

Sin precisar quién le comunicó la existencia del contrato en el expediente urbanístico, Enciso ha insistido una y otra vez en que él “no” inició “ninguna investigación” en torno al expediente, que aportó a la denuncia sólo el contrato privado “porque ese fue el que me dijeron los técnicos y los servicios jurídicos dijeron que era suficiente”.

Ha precisado que la puso “cuando apareció el documento”, que si bien el expediente urbanístico para la delimitación de suelo se incoó en 2006, este “apareció en 2011” y “no” en años anteriores “porque puede que el Ayuntamiento pidiera documentación y se aportara” y ha subrayado que respecto a este tema “siempre” se atuvo a lo que “me dijo la asesoría jurídica”.

“DE ESE CALADO ERA LA PRIMERA IRREGULARIDAD QUE TENÍAMOS”

“De ese calado, era la primera irregularidad que teníamos porque siempre hemos tenido en mi equipo de gobierno mucha confianza en los técnicos de Urbanismo”, ha manifestado el ex alcalde ejidense, quien ha añadido que le dijeron que “tenían miedo porque había un concejal por medio, algunos técnicos algo había visto, que se había corrido la voz, que no querían ningún problema con ellos y que no se atrevían a seguir con ese expediente”.

Sobre lo que declaró en relación a que había oído “en Ejido TV que una familia de Santo Domingo decía que se había sentido engañada”, ha señalado, de manera un tanto confusa en relación a la que fue su primera declaración, que cuando los técnicos “pusieron” en su “conocimiento” la existencia de ese contrato privado, “recordó que había escuchado quejarse de ello”.

“Cuando me lo dijeron ya me sonaba aquello, que lo había oído”, ha apuntillado a lo largo de una testifical en la que también ha negado, a preguntas de la defensa de la responsable civil , que “metiese el contrato en un sobre y lo echase por debajo de la puerta de IU y de un medio de comunicación”.

El Ministerio Público, que interesa penas de cuatro años de cárcel y multa de 1,2 millones de euros, indica en su escrito de acusación que el regidor, su hermano, su padre y un cuatro socio constituyeron la sociedad Agrícola Euro Alpujarra S.L. en junio del 2000 al objeto de adquirir una finca pública ubicada en el paraje Loma de los Hornillos, que se formalizó en julio de ese mismo año por 300.506,05 euros y se financió con un préstamo hipotecario sobre 32.627 metros cuadrados de 450.759,08 euros.

En abril de 2004, el pleno del Ayuntamiento ejidense aprobó el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) por el que la citada finca se calificaba, en una parte, como suelo urbanizable y el resto como no urbanizable.

El fiscal recoge que, en ese mismo mes, el regidor, su hermano, su padre y el socio de los tres firmaron a través de su sociedad un contrato privado con la mercantil Murgi Edificaciones S.L. en virtud del cual se trasmitían a esta 32.000 metros cuadrados de la finca, en concreto la parte urbanizable, “acordando un precio de 48,08 metros cuadrados, fijándose un precio total de 1.538.560 euros y estipulándose que la vendedora recibiría 588.322,50, otros 180.000 euros en julio, 400.000 euros en octubre y, el resto, 370.237,50 euros en mayo de 2005, abonándose no obstante, únicamente, la cantidad de 400.000 euros en el mes de noviembre”.

El escrito remarca que, sin embargo, que los cuatro, actuando de común acuerdo “y con el ánimo de causar un perjuicio a la Hacienda Pública”, alteraron presuntamente “la base imponible del impuesto de sociedad que gravaba la indicada operación de compraventa” en la escritura pública otorgada en agosto de 2007 sobre la compraventa realizada en 2004 y consignaron en la cláusula segunda que habían recibido por parte de los vendedores 400.000 euros abonados en el mes de noviembre de 2004.

“Con ánimo falsario -añade- en vez de fijar el precio en 1.538.560 euros, consignaron el precio en 791.648,30 euros más IVA del 16% por importe de 126.663, 73 euros, lo que supone un total de 918.312,03 euros, fijando que el resto del precio que se expresaba en la indicada escritura pública se abonaría mediante un cheque de 276.613,82 euros y otro cheque de 177.698,21 euros entregados en el momento de otorgar la escritura”.

En su declaración, Góngora indicó a la sala que no tuvo participación directa en ninguno de los actos realizados por Agrícola Euro Alpujarra SL de las que era socio junto a su padre, su hermano y un tercero y enmarcó su enjuiciamiento en “una venganza” del ex regidor Juan Enciso, quien interpuso la denuncia a través de su partido, y “sus adlateres”.