Lo que la covid se llevó en materia laboral

El 1 de mayo, el Día del Trabajo en múltiples países, es una jornada que constituye aún hoy un pilar del movimiento obrero y que este año ha estado marcada por la pandemia que hizo que en abril de 2020 hubiera en Andalucía 31.268 empresas con expedientes de regulación de empleo (ERTE) y 446.124 trabajadores afectados, según datos de la Seguridad Social. Si bien, a finales del pasado marzo, ya eran 26.302 las entidades y 98.242 los empleados en esa situación, 16.000 menos que un mes antes, de acuerdo a lo apuntado por la Consejería de Empleo de la Junta. LA RAZÓN ha preguntado a cuatro dirigentes sindicales si creen que se ha utilizado la crisis sanitaria para recortar derechos laborales y, de ser así, cuáles habrían sido, en su opinión, los sectores más afectados en la comunidad.

La secretaria general de CC OO-A, Nuria López, sostiene que cuando irrumpió la pandemia en 2020 frenó «un incipiente proceso de recuperación de derechos iniciado en 2017», tras «la crisis de los años 2007 y 2008», entre ellos «una parte importante de los laborales y en lo social». Si bien, considera que el coronavirus ha evidenciado, de otro lado, «la esencialidad del mundo del trabajo». «Se pararon actividades y se demostró» que un número de ellas «eran capaces de mover el mundo para que tuviéramos los elementos más vitales a nuestro alcance para sobrevivir: la alimentación, los cuidados, la limpieza de las calles...», enumera. Y abrocha: «Ahora habrá que ver cómo se sale» de la actual situación y si «se hace en términos de igualdad», lanza. En relación a los sectores más afectados, apunta que «en los primeros envites» de la covid fue el de la construcción uno de ellos y «cayeron enormemente las altas a la Seguridad Social», así como «todos los estacionales y, dentro de ellos, en especial las personas que tenían contratos temporales que no se renovaron en el comercio, la hostelería, la industria...». Luego llegaron los «ajustes» de empleo en «el bancario o el comercial», debido, entre otras razones, a que las formas de relacionarse han cambiado con la pandemia y a la «excusa nueva» de la «digitalización». «Reivindicamos una transición justa, que los trabajadores se puedan recualificar y seguir haciendo actividades en el comercio ‘on line’ o en los bancos, que recibieron dinero público en la crisis anterior», recuerda.

De su lado, Carmen Castilla, secretaria general de UGT-A, asevera que la pandemia ha supuesto «pérdida de derechos en todos los ámbitos y en lo laboral no podía ser menos». Rechaza «la precarización que ha sufrido el empleo» en parcelas como la sanitaria, en la que se «han deteriorado» las condiciones de los profesionales «que más han sufrido» el coronavirus, con «más horas» y «salarios bajos»; y ha subido «la temporalidad». En ese punto pide a la Administración que lo «regule». Defiende que «gracias al diálogo social y a las propuestas sindicales» escuchadas por los gobiernos «se ha reducido el impacto negativo» de la crisis y se «han creado nuevos sistemas de protección» como «las ayudas a los ERTE, de las que se han beneficiado más de tres millones de trabajadores y cientos de miles de empresas». Suponen, afirma, «una base para desarrollar una nueva prestación para el futuro, que palie el desempleo». Menciona además el Ingreso Mínimo Vital, la aprobada Ley del Teletrabajo y la «a punto de conseguirse» norma de los mensajeros, «los ‘ryder’». Respecto a los sectores más perjudicados, diferencia entre dos tipos: los que más han sufrido el alza de trabajo y «el sobreesfuerzo»; y en los que ha habido «despidos, reducción de ingresos e inestabilidad». Dentro del primero cita a sanitarios o profesores, pero «las que peor lo han pasado son las trabajadoras de empleos feminizados, como la atención a la dependencia, empleadas de hogar, limpiadoras, envasadoras de alimentos...», que siguieron con «sus funciones esenciales, cobrando muchas por debajo» del salario mínimo. Suma a la lista «transportistas, gestores de prestaciones públicas, fuerzas de seguridad, periodistas, empleados de Correos,’ ryder’...». «De hecho –lanza– esta sociedad debería hacer un homenaje a toda la clase trabajadora», porque sin ella no se hubiera logrado superar «jamás» una pandemia a la que confía le quede «poco», gracias a las vacunas y a la responsabilidad de la gente.

El presidente de CSIF-A, Germán Girela, por su parte, comparte que ha habido «una merma de derechos laborales», no tanto porque «se haya utilizado premeditadamente como coartada para hacer recortes», sino «porque ya existían carencias estructurales en sectores esenciales, como por ejemplo la sanidad y la educación, a los que les han saltado las costuras claramente», resume. Opina que «la falta de personal estructural que existía, ha incrementado la desprotección» de empleados como los sanitarios, que «al inicio de la pandemia no disponían ni de los EPI necesarios para poder enfrentarse a su trabajo diario con la mínima seguridad»; o los docentes, «con ratios elevadísimas por aula». A ello agrega que «la brecha de género que existe en el ámbito laboral se ha agudizado y seis de cada 10 personas en desempleo que hay en la comunidad son mujeres». «La pandemia ha agrandado esta desigualdad, lo que puede considerarse también un recorte de derechos en uno de los colectivos de la población más vulnerable», expone. En cuanto a los apartados más «castigados», indica, ciñéndose al sector público, que «indudablemente» han sido «sanidad, educación y el sector sociosanitario». Lamenta, por último, que, según los datos de la EPA del primer trimestre del año, «la temporalidad» siga «ganando terreno en las administraciones y el 28% de las personas asalariadas» tenga «un contrato temporal». Quiere dejar constancia, para finalizar, de que también la empresa privada «ha sufrido sobremanera» los efectos del coronavirus.

Miguel Montenegro, secretario general de CGT-A, se muestra convencido de que la crisis «está siendo la excusa y coartada perfecta para dar un giro terrible a las condiciones sociolaborales de la clase trabajadora». «Se están produciendo retrocesos que ni la peor de las reformas laborales hubiese traído, sin respuesta ni contestación en las calles», denuncia, para incrustar luego que «el recorte de libertades está haciendo estragos y la individualización laboral llevando a situaciones retrógradas e inimaginables en cuanto al deterioro en materia salarial, de jornada, de conciliación...». Entiende que no se puede decir que ningún sector haya quedado exento del cimbreo, si bien pone la lupa sobre que su sindicato está elevando a las inspecciones de trabajo casos en los que se ha impuesto el teletrabajo. Avisa de que «está generalizado el incumplimiento de la regulación» de éste y de que «las empresas han encontrado un filón» de cambios que pueden aproximar al «esclavismo», no sólo por «el tiempo diario dedicado y la falta de los descansos correspondientes que impiden conciliar», sino también por «la devaluación de los precios-hora de trabajo, que se ha convertido en un verdadero chantaje para poder estar empleado en condiciones dignas ante el exceso de personas necesitadas de ingresos para poder subsistir». Esa competencia «está haciendo que las empresas estén subastando el valor hora de trabajo ofreciéndolo a quien más se rinde por sus necesidades vitales», lo que «está llevando a una gran bolsa de economía sumergida», critica.