Denuncian que el “colapso” de la Audiencia de Sevilla obliga a fijar un juicio de Invercaria entre 2022 y 2023

“El colapso de la Audiencia -Provincial de Sevilla-, imputable a la incesante creación de ‘macrocausas’ que la Justicia local con sus medios no tiene la menor capacidad de procesar, determina situaciones como la presente, un juicio en el que en 2022 y 2023 se enjuiciarán durante meses hechos ocurridos en el año 2006, casi 20 años después”. Habla el abogado Juan Carlos Alférez y se refiere al contenido de una diligencia de ordenación de la letrada de administración de Justicia, fechada el pasado 7 de mayo, en la que se asevera que, “examinadas y resueltas las solicitudes de prueba propuestas por las partes acusadoras y defensas” y conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se señalan entre septiembre de 2022 y enero de 2023 las sesiones de la vista oral en la pieza del “macroproceso” de Invercaria centrada en el más de millón de euros que la Junta de Andalucía concedió para las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

Se trata de un proyecto en el que se pretendía crear un portal virtual para que miles de empresas andaluzas pudieran ofertar sus productos en internet, pero que resultó fallido, pese a la inyección de fondos públicos. Comenzó a investigarse judicialmente en 2012, hace nueve años, en los márgenes del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla,y dio lugar a una causa en la que están procesados, entre otros, dos ex presidentes de la sociedad de la Junta Invercaria, en concreto Tomás Pérez-Sauquillo y Laura Gómiz.

Su enjuiciamiento ha correspondido a la Sección Cuarta de la Audiencia sevillana, que tiene una más que fértil agenda de señalamiento de juicios. Para el letrado Alférez es evidente que “algo no se está haciendo bien” cuando hay que esperar más de un año para llegar al mencionado juicio. “La situación es insostenible, la completa desmesura que se está produciendo en los órganos de instrucción, creando sin cesar causas ingentes, inmanejables en tamaño y contenidos, como se comprueba, en general, produce mucho más daño que beneficios a la Justicia en su conjunto”, advierte.

Por el momento, de la maraña de piezas que componen la “macrocausa” de Invercaria se ha celebrado en el tribunal provincial un juicio por las irregularidades detectadas en subvenciones asignadas a la empresa Aceitunas Tatis, en el que se condenó a Pérez-Sauquillo a tres años y seis meses de cárcel y a seis años y medio de inhabilitación absoluta, como autor de un delito de prevaricación en concurso medial y otro de malversación de caudales públicos.

Además, la Sección Primera de la Audiencia acoge estos días la vista oral que orbita en torno a las presuntas anomalías que pudiera haber en torno a los incentivos que anteriores gobiernos autonómicos socialistas otorgaron entre los años 2006 y 2011 a la diseñadora de moda flamenca Juana Martín, que ahora se sienta en el banquillo, junto a Pérez-Sauquillo, el ex director de promoción de la entidad del Ejecutivo regional Cristóbal Cantos, quien fuera el denunciante del caso; y el ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto. El resto de bloques de ese “macroproceso” no se va a diluir, pero tardarán en juzgarse.