Los peritos de Hacienda ven el incremento de patrimonio de Enciso “justificado”, pero apuntan “favores”

Los peritos de la Agencia Tributaria han indicado ante el tribunal que enjuicia la macrocausa de ‘Poniente’ que no detectaron un aumento de patrimonio “injustificado” en el exalcalde Juan Enciso de 2002 y 2009, periodo en el que actuó la presunta trama empresarial y municipal que habría detraído 71,5 millones de euros, aunque sí han afirmado que habría recibido “favores y ventajas” tanto para “sí, como para familiares o para sus sociedades” por parte de las empresas que contrataban bien con el Ayuntamiento bien con Elsur.

“La renta disponible que tiene Juan Antonio Enciso en el periodo analizado permite justificar en incremento de patrimonio que se ha producido”, ha trasladado el experto de Hacienda, quien ha añadido que, del “análisis patrimonial realizado se desprende que no existe ningún delito fiscal”.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el perito ha precisado que la “foto inicial” del patrimonio de Enciso a 31 de diciembre de 2001 arrojó una cifra de 166.000 euros, mientras que la “foto” a 31 de diciembre de 2009 concluyó “con bastante exactitud” la cuantía de 801.000 euros.

“Efectivamente, hay un incremento de su patrimonio, pero analizando la renta disponible de 2002 a 2009 vemos que existen rentas, que existen fondos, que permiten justificar ese incremento”, ha remarcado, no sin antes matizar que, en la pericia, “no se pudieron analizar todas las cuentas del matrimonio” y se encontraron con la limitación “de no haber podido analizar la contabilidad de la sociedad Enciso y Aguilera SA”.

En esta línea, y tras precisar que en el informe aportado a la macrocausa no se hizo valoración de “inmuebles”, ni “juicios de valor”, ha hecho una “salvedad” con el cortijo bodega que proyectó para hacer vino.

Cabe recordar que Anticorrupción sostiene su ilicitud ya que lo habría hecho con provecho de su condición de alcalde, “a cambio de permitir los desmanes que se estaban llevando a cabo en Elsur” y con “la utilización de recursos propios de la empresa mixta como trabajadores, o maquinarias y materiales”.

El valor, según tasación pericial, fue de 122.659 euros y la puesta en producción de un valor de 94.134,13 euros, lo que suma 216.793 euros.

El jefe del equipo de auxilio judicial integrado por cinco expertos de Hacienda que elaboró los informes ha afirmado que en su investigación “constataron el hecho” de que “se había retribuido a familiares del alcalde en una serie de sociedades” vinculadas a la presunta trama. “Simplemente, nos limitamos a cocinar los datos”, ha explicado antes de detallar pagos de Clabert Gestión a la cuñada de Enciso o por parte de Multigestión Nuevo Ejido a un sobrino y a la esposa de este.

Ha aludido, asimismo, a “ingresos recibidos de varias sociedades” relacionadas con los grupos empresariales enjuiciados por la sociedad Enciso y Aguilera, de los que eran titulares el exregidor y su esposa, y que Anticorrupción señala como “comisiones ilegales por parte del alcalde”.

En este punto, se ha mencionado el hecho de que el Grupo Amate ordenase en diciembre de 2008 una transferencia bancaria a favor de esta mercantil por importe de 180.000 euros.

El pago, según la acusación, correspondía a la adquisición de las participaciones que en la sociedad Villa Alcolea SL poseían José Amate y su mujer a través de la mercantil de la que eran propietarios, pero, en realidad, “encubría el pago de una comisión ilícita al alcalde, a la sazón presidente del consejo de administración de Elsur, ya que la mercantil Villa de Alcolea era una sociedad sin rentabilidad alguna, sin contenido especifico en el tráfico mercantil y que solo arrojaba perdidas en sus balances anuales”.

Los peritos de la AEAT también han dicho en sala durante la trigésimo segunda sesión del juicio oral que se está celebrando en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce que les “llamó la atención” la “cantidad de personas relacionadas con la persona del alcalde, familiares que eran trabajadores de Elsur”.

Han remitido a un cuadro que se hizo “para consignar este hecho” y “donde vienen hasta diez personas relacionadas familiarmente con Enciso como su hija, hermano, un primo, o un ahijado”.

En concreto, es información obtenida del fichero ‘Relación Operarios Vínculos’ obtenido en uno de los registros que se llevaron a cabo en la operación que explotó en octubre de 2009 y en el que figuraban “anotaciones que ponían de manifiesto relaciones de amistad o parentesco, no solo con el alcalde” sino también con otros acusados.

Han desgranado, en este punto, lo que han definido como “ventajas indirectas o en especie” que recibía supuestamente el ex alcalde y también presidente del Consejo de Administración de Elsur, y ha hecho referencia, entre otras, “a obras de reforma en viviendas de personas particulares y en la sede del PAL con material y medios de Elsur y a cargo de esta empresa”.

También han mencionado la asistencia a la boda de la hija del empresario considerado una de las piezas principales de la presunta trama, José Amate, “que igualmente se cargó a Elsur” o la “elaboración de documentación administrativa por parte de funcionarios del ayuntamiento para poner en marcha su bodega de elaboración de vinos”. “Ese tipo de servicios, de prebendas indirectas, se produjeron, sí”, han concluido.

Anticorrupción, que sitúa en el epicentro de la presunta trama de “aprovechamiento ilícito” al Grupo Abengoa como socio privado de Elsur, considera que Juan Enciso se prevalió de sus cargos, haciendo un “uso abusivo”, y que, junto al exinterventor municipal José Alemán, y a “cambio de prebendas”, permitió “con caso omiso a sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos de El Ejido”, el supuesto saqueó que cuantifica en 71,5 millones de euros entre 2002 y 2002.

Tras el trámite de cuestiones previas, el Ministerio Público retiró la acusación por los delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre los años 2002 y 2005 al considerar que habrían prescrito y acordó rebajar las penas de prisión, en algunos casos en más de la mitad, que solicitaba para los principales acusados.

Tras las modificaciones introducidas en su escrito de calificación provisional y desgranadas en sala, el exalcalde de El Ejido Juan Enciso, y el ex interventor municipal José Alemán se enfrentan a penas que suman 40 años de cárcel frente a los 64 años de prisión solicitados inicialmente al tiempo que ven rebajada la cuantía de las multas de 49 a 23,2 millones de euros.

En total, se les atribuye la presunta comisión de malversación de caudales públicos en concurso con un delito de falsedad continuada en documento mercantil, ocho delitos contra la Hacienda Pública en calidad de cooperadores necesarios, un delito de cohecho pasivo propio continuado y un delito de prevaricación continuada.