La nueva Ley de Patrimonio: de la oportunidad a la ruina

El patrimonio cultural e histórico se ha situado en las últimas décadas entre las prioridades de la sociedad española, que presume de contar con 48 bienes –quince de ellos, en Andalucía– declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, lo que lo convierte en el tercer país del mundo con más distinciones, tras Italia y China. Gracias a un proceso al que han contribuido el creciente interés ciudadano, el esfuerzo educativo y académico y la atención de instituciones privadas y públicas, los bienes patrimoniales son concebidos a día de hoy como indispensables para generar favorecedoras dinámicas sociales, culturales y económicas.

Así, el legado cultural y patrimonial se ha convertido en una herramienta que fortalece la identidad y la cohesión social, ancla la población al territorio y proporciona señas propias en un mundo globalizado. Al mismo tiempo, se ha erigido como motor de desarrollo tanto en términos de actividad como de generación de empleo, preferentemente joven, innovador y cualificado. Solo en Andalucía, el sector de la cultura y el patrimonio aglutina a 27.000 empresas y 50.000 profesionales. Junto al turismo y la agroindustria es uno de los pilares de riqueza de la comunidad autónoma y, en consecuencia, una fortaleza para salir de la pandemia.

Todos estos cambios en el ámbito de la conservación, protección y difusión del patrimonio estaban necesitados de una nueva norma legal que pusiera al día la actualmente en vigor, aprobada hace más de 35 años. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por tramitar una modificación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, cuya aplicación, por cierto, recaía de forma principal en las comunidades autónomas. Pese a ello, la reformulación legal, elaborada de forma unilateral y sin consulta, ignora las novedades acaecidas en el campo patrimonial, crea nuevos problemas e indefiniciones e incorpora limitaciones que favorecen el abandono.

Una legislación patrimonial del siglo XXI debe garantizar, en mi opinión, la conservación de los bienes y favorecer la pervivencia para los ciudadanos que los habitan o los disfrutan. Los centros históricos de las ciudades, los recintos arqueológicos y los monumentos no deben convertirse en simples piezas de museo, sino en espacios que compatibilicen la actividad ciudadana con la conservación, la protección y la puesta en valor de los bienes. La mejor forma de conservar el patrimonio –estoy convencida– es vivirlo día a día y su mayor enemigo es, sin duda, separarlo de las necesidades de sus habitantes.

A la vista de los hechos, la Junta de Andalucía ha presentado una veintena de alegaciones al anteproyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, si bien somos partidarios de su retirada y de la redacción de una nueva norma que garantice la conservación del patrimonio y el desarrollo de las ciudades. Se ha perdido una oportunidad para presentar una nueva ley, más ambiciosa, que dé cabida a las diferentes problemáticas de la aplicación de la actual tanto en el ámbito de las comunidades como de los ayuntamientos, sin invadir, tal como hace la reformulación presentada, las competencias de ambas administraciones.

Porque, cuando observamos con honda preocupación cómo el Gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a hacer concesiones a otros territorios amenazando el inviolable principio constitucional de la igualdad entre españoles, sorprende la intención de arrebatar competencias a las comunidades que atesoran más bienes, como es el caso de Andalucía. Esa voluntad «recentralizadora» resulta evidente, por ejemplo, al tratar de imponer los estándares de protección establecidos por la nueva Ley a la legislación autonómica y convertirla en norma básica cuando, ciertamente, son normas concurrentes.

Por si fuera poco, la propuesta de actualización de la Ley sometería al patrimonio a una maraña burocrática e institucional absolutamente innecesaria. Crea, por ejemplo, una nueva figura de protección, el Bien Cultural de Interés Mundial, absolutamente redundante porque los bienes distinguidos por la Unesco deben ser declarados de forma obligatoria Bien de Interés Cultural (BIC). En paralelo, impone en estos espacios de excelencia patrimonial la creación de nuevos patronatos que coinciden en sus funciones con los ya existentes, en los que la Administración General del Estado, por cierto, tendría representación mayoritaria.

Estas nuevas estructuras –soportadas por fondos públicos– pondrían en riesgo, a nuestro juicio, el actual modelo de éxito aplicado en las ciudades y los espacios arqueológicos y monumentales de Andalucía declarados Patrimonio Mundial. El centro histórico de Córdoba, los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza, la ciudad califal de Medina-Azahara, el Sitio de los Dólmenes de Antequera, el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias en Sevilla y la Alhambra y el Generalife de Granada, por citar algunos ejemplos, son referencias en la conservación patrimonial y han recibido el aplauso de la Unesco.

El anteproyecto de modificación de la Ley del Patrimonio Español limitaría incluso los derechos que instituciones como la Iglesia Católica tienen para disponer de sus bienes inmuebles, ya que sólo podrían ser enajenados o cedidos al Estado o a entidades de Derecho Público. Esta disposición supone una limitación del derecho a la propiedad, máxime cuando la administración actualmente puede ejercer para su protección el derecho de adquisición preferente de estos bienes por su condición de BIC. Considero que la nueva redacción supone, además, un grave retroceso en la conservación de estos bienes inmuebles al lastrar sus posibilidades de futuro.

Asimismo, plantea despropósitos como desligar los edificios declarados BIC de su contenido, con lo que ignora que este es parte fundamental de su singularidad, y obliga a realizar en el plazo máximo de dos años una declaración específica e individualizada de la arquitectura defensiva –en Andalucía hay cientos de castillos, murallas y torreones– cuando ya está protegida en su conjunto desde… ¡1949!

A la luz de todo lo expuesto, esta modificación legal carece de una visión integradora de la conservación, promoción y valorización del patrimonio cultural con el fin de contribuir al desarrollo económico y social, educativo o turístico de la sociedad. De desoír estas alegaciones, elaboradas con ánimo constructivo y desde la experiencia de la gestión diaria del patrimonio, el Gobierno de Pedro Sánchez dejará escapar una ocasión para reforzar la protección de los bienes culturales y patrimoniales y situarlos como fuente de riqueza y empleo a la salida de la pandemia. En buena medida, sería convertir una oportunidad en una ruina.

*Patricia del Pozo es consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía