La Fiscalía avala el test a los empleados de las residencias de Andalucía y la Junta recurre al Supremo

En este momento en algún kilómetro de las carreteras andaluzas un Guardia Civil somete a un conductor a las pertinentes pruebas de alcohol y drogas para determinar si puede seguir conduciendo y comprobar si es o no un riesgo para la seguridad pública. Sin embargo, los 662 trabajadores de residencias de mayores que en Andalucía se niegan a vacunarse no están obligados siquiera a hacerse un test como barrera a una posible cadena de transmisión del coronavirus en uno de los eslabones más débiles. En el geriátrico de Alcalá de Guadaíra se produjeron las tres últimas muertes de ancianos. Las organizaciones de mayores han cifrado en más de medio centenar las muertes por Covid en residencias en agosto, multiplicando más de un 400% las de julio. La diferencia entre la prueba de alcoholemia y de drogas en carretera y la del Covid en residencias es que existe una ley de seguridad vial que lo avala y no hay ley que dé potestad a la administración para hacer pruebas médicas a un trabajador. De hecho, en cualquier empresa las revisiones médicas son voluntarias. La Fiscalía ha sido la última en pronunciarse tras denegar el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la petición de la Junta y avala la orden de la Administración andaluza de exigir un test covid a los empleados de residencias y ayuda a domicilio. La Junta anunció un recurso ante el Supremo por la resolución del TSJA que suspende la medida cautelarmente. Hasta la oposición del PSOE-A – «No podemos quedarnos de brazos cruzados», dijo Espadas– se ha manifestado a favor. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, no dejó lugar a dudas en cuanto a la desesperación que produce el varapalo judicial: «Llega al punto de pegarme un tiro».

La Fiscalía Superior de Andalucía avaló la orden de la Junta para exigir que los empleados de residencias y de ayuda a domicilio no vacunados contra la Covid se sometan a pruebas semanales considerando proporcionada la medida, rechazada cautelarmente por el TSJA tras la petición de la asociación Liberum. El Ministerio Público trasladó a la sala de lo Contencioso del TSJA un dictamen favorable a la orden de la Consejería de Salud. La Fiscalía considera que esta medida cuenta con la «proporcionalidad exigible» y recuerda que no obliga a la vacunación sino a la vigilancia «escrupulosa» de las consecuencias a terceros de su libre decisión. La asociación Liberum aludió a «una coacción o amenaza que fuerza a someterse a un tratamiento invasivo» e incluso a «una forma de castigo corporal».

El debate se produce cuando se está saliendo de la quinta ola, con 1.229 contagios, 277 más que la víspera, 25 muertos y la tasa bajando a 210,1 positivos por 100.000 habitantes en 14 días. La comunidad andaluza se sitúa a niveles de finales de julio con 906 hospitalizados y 182 ingresados en UCI.

Aguirre espera que la vacunación con la tercera dosis de los inmunodeprimidos empiece la semana que viene. El 88,7% de los mayores de 12 años ya están vacunados con al menos una dosis y el 82,1% tiene la pauta completa. La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) también pidió a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la inoculación «urgente» de la tercera dosis a los mayores de las residencias y la «obligatoriedad» de la vacuna para todos los trabajadores.