La Fiscalía señala “groseros” incumplimientos en Invercaria

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este martes una nueva sesión del juicio correspondiente a la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal, en la que figuran como acusados el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, el exdirector financiero Antonio Nieto Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.

Durante esta sesión ha sido abordada la fase de los informes finales de las partes respecto a la causa, que gira en torno a supuestas “actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos”, en detrimento del patrimonio público del que se nutría Invercaria y con la “disposición de importantes cantidades de dinero a favor de los investigados”.

En el auto de apertura de juicio oral emitido en 2019 por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, dicha instancia atribuía al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo, --condenado a tres años y medio de cárcel por la pieza separada por el préstamo a la empresa Aceitunas Tatis-- supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, achacando un presunto delito de malversación a los tres restantes acusados.

En su escrito inicial de acusación, la Fiscalía Anticorrupción reclamaba para Pérez-Sauquillo seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación.

Para Antonio Nieto Garrido, la Fiscalía solicitaba seis años de prisión por el delito continuado de malversación, mientras que para los dos ex directores de Promoción pedía tres años y medio de cárcel por ese mismo delito. En concepto de responsabilidad civil, solicitaba que Pérez-Sauquillo indemnice a Venture Invercaria en la cantidad de 90.224,16 euros; que el exdirector financiero lo haga en la cantidad de 232.446,32 euros y que los ex directores de Promoción indemnicen con 12.960 y 29.928,26 euros, respectivamente.

En su informe final, el fiscal ha dado cuenta de dos modificaciones incorporadas sin señalar “ningún hecho nuevo en la causa”, en concreto la adición de un delito de falsedad en documento oficial por las liquidaciones de los contratos de Cristóbal Cantos y González Mejías, delito que ha unido en concurso al de malversación de caudales públicos ya atribuido a los acusados como un “cambio de calificación” sin alterar como tal las peticiones de condena; y la consideración de Cristóbal Cantos y González Mejías como cooperadores necesarios del delito de malversación y no como autores del mismo, lo que sí ha influido en las penas pedidas para estos dos acusados.

Fruto de ello, la Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel tanto para Pérez-Sauquillo como para Nieto Garrido, mientras en el caso de los dos restantes acusados, rebaja su petición de cárcel a un año y nueve meses en el caso de Cantos y un año y once meses de prisión respecto a González Mejías.

“A SU LIBRE ALBEDRÍO”

Según el fiscal, Pérez-Sauquillo, como presidente de Invercaria, adoptó toda una serie de decisiones en materia de personal “sin respeto a la legalidad vigente, sin ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad” pese a gestionar “una entidad de naturaleza pública” y dirigiendo la misma “a su libre albedrío” con el “concurso necesario” de Nieto Garrido, una persona “de su absoluta confianza” incorporada por el primero a la entidad después de que un año antes fuese condenado por apropiación indebida, para que “materializase” sus designios en materia de personal y retribuciones.

Para el fiscal, Pérez-Sauquillo acometió contrataciones en Invercaria sin solicitar los “preceptivos informes” de las instancias de la Junta de Andalucía y dictó las retribuciones y alzas salariales “sin criterio objetivo alguno y sin autorización de la Dirección General de Presupuestos” de la Junta, toda vez que el encartado esgrimía durante el juicio que el 70 por ciento de la plantilla de Invercaria procedía de la agencia IDEA y que el que fuera director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo le habrían manifestado en una reunión que para las nuevas contrataciones en Invercaria, “no era necesario” seguir un procedimiento administrativo concreto y prefijado.

No obstante, el fiscal no ve acreditado que mediasen “directrices” en la materia por parte de IDEA o la Consejería, considerando que en los hechos median “groseros” incumplimientos respecto a la Ley y el Derecho.

LA “INJUSTA CONDONACIÓN” DE LOS PRÉSTAMOS

Es por ello que considera que Pérez-Sauquillo “se excedió en sus facultades” de presidente, adoptando decisiones de personal y salarios “sin ningún control”, como la “injusta condonación” de cuantías pendientes de los préstamos personales de Invercaria a Cantos y González Mejías, algo cometido supuestamente en unión con Nieto Garrido y que todos los acusados han negado durante la vista oral.

Incluso le atribuye el haberse fijado un sueldo “superior” al que le correspondía, de hasta 142.000 euros en una anualidad concreta, siempre en “concierto” con Nieto Garrido, que en su defensa viene alegando que él representaba a Invercaria pero no tomaba las decisiones. Estas decisiones, según la Fiscalía, “las tomaba Pérez-Sauquillo y Nieto las ejecutaba”, aludiendo expresamente a la “manipulación” de nóminas para pagar a Cantos y González Mejías un “complemento de destino” sin consultar el mismo con IDEA.

En paralelo, ha achacado a Pérez-Sauquillo y Nieto “alzas salariales” en la plantilla no autorizadas por la Dirección General de Presupuestos y el pago de más de 14.000 euros a González Mejías en la liquidación de su contrato por unas horas extra “sin justificación documental” alguna.

SIN “GUIARSE” POR IDEA

La acusación popular, ejercida por el PP andaluz, ha considerado que Pérez-Sauquillo gestionó Invercaria “a su libre albedrío” en materia de personal pese a las “limitaciones” que pesaban sobre su cargo, pues “no se guiaba” por las directrices de IDEA, a la que estaba adscrita la entidad, circunscribiendo a este acusado en solitario la posible falsedad documental señalada por la Fiscalía.

A Nieto Garrido, además, el PP-A ha achacado una falta de “moderación” respecto a su propio salario al no ver “justificado” que llegase a “cuadruplicarlo” en el último año del mismo en el cargo, señalando además que González Mejías cobrase de los fondos de Invercaria como director de Promoción pero “no prestase servicios” en la entidad, sino en el Observatorio de Innovación de la Junta de Andalucía, algo respecto a lo cual el aludido manifestaba que no pesaban avisos respecto a ninguna “duda de legalidad”. Para el PP-A, en cualquier caso, se trata de un “cobro indebido” en beneficio del citado encartado.

Empero, el PP-A avisa de que en el asunto “han fallado muchísimos controles” por parte de los poderes, retirando su acusación por prevaricación contra Nieto y González Mejías y reduciendo sus peticiones de condena para los tres acusados respecto a los que presenta cargos, solicitando así dos años de cárcel por presunta malversación para Pérez-Sauquillo, Nieto y González Mejías, así como dos años y medio de inhabilitación especial para el primero de ellos por supuesta prevaricación.