El sobrino de Felipe González defiende su “cese pactado” en Invercaria y el pago de su préstamo

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este lunes una nueva sesión del juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), conocida como pieza de personal, en la que figuran como acusados el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; el exdirector financiero Antonio Garrido y dos ex directores de Promoción, Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías, sobrino este último del expresidente socialista del Gobierno Felipe González.

Durante esta sesión han finalizado las comparecencias de los acusados, al prestar declaración en tal condición Cristóbal Cantos y Juan María González Mejías.

La causa gira en torno a supuestas “actuaciones manifiestamente contrarias a derecho en materia de retribuciones del personal y finiquitos”, en detrimento del patrimonio público del que se nutría Invercaria.

Al respecto, Juan María González Mejías ha defendido que si se incorporó en 2005 a Invercaria con un sueldo de 60.100 euros anuales frente a los más de 52.000 euros al año que percibía en la agencia IDEA, fue porque en la entonces nueva sociedad de capital de riesgo asumió el cargo de director de Promoción cuando en IDEA su puesto era de subdirector.

NINGUNA “DUDA DE LEGALIDAD”

En paralelo, ha explicado que el hecho de que él fuese incorporado directamente al Observatorio de Innovación sin ocupar siquiera un sitio físico en Invercaria fue una “decisión” de Pérez-Sauquillo y del director del Observatorio y a la vez secretario general de Innovación de la Junta de Andalucía, asegurando que “absolutamente nadie” planteó ninguna “duda de legalidad” respecto a que prestase sus servicios en el Observatorio pero cobrase de Invercaria.

Además, ha defendido su posterior “cese pactado” a cuenta de “desavenencias profesionales”, exponiendo que tras hablar de su salida con el director del Observatorio, el mismo le había indicado que se personase en Invercaria porque había “una propuesta” para ello sobre la mesa.

Habría sido Nieto Garrido, según sus palabras, quien le había presentado la “oferta” con la “liquidación”, con una cuantía que le pareció “correcta”, si bien ha manifestado desconocer quien redactó como tal el documento del finiquito.

En cualquier caso, González Mejías ha defendido que en su liquidación la cuantía por las horas extraordinarias estaban calculadas “a la baja” y que dicho montante implicaba menos de “la mitad” de la indemnización que le habría correspondido por un despido resuelto a 45 días por año de servicio. Es más, ha asegurado que su “cese pactado” fue visto como “una oportunidad de ahorro” por Pérez-Sauquillo y que Invercaria incentivaba las bajas voluntarias también por motivos de “ahorro”.

“Era una manera razonable de acabar la relación laboral”, ha enfatizado, insistiendo en que incluso no era la fórmula que más le “beneficiaba”.

EL PRÉSTAMO

En paralelo, ha defendido la “subrogación” en Invercaria del préstamo que le había concedido la agencia IDEA antes de que como miembro de la misma se incorporase a la sociedad de capital de riesgo y la “ampliación” de dicho préstamo solicitada después a Invercaria.

Mientras según la instrucción del caso a la finalización de la relación laboral, González Mejías “tenía pendiente de devolver 27.406 euros de los que Invercaria le había prestado” y Pérez-Sauquillo y Nieto habrían decidido “condonarle esa cantidad”, el acusado ha asegurado que “en ningún momento” dijo que no fuese a amortizar el préstamo ni “nadie” le expuso que se lo fuesen a “perdonar”.

Al respecto, ha admitido un “retraso” en el abono de las cuotas y ha defendido su idea de devolver “de una sola vez” toda la cuantía pendiente, exponiendo las dificultades afrontadas hasta concertar en 2012 otro préstamo con el que amortizar la deuda pendiente con Invercaria, dado el contexto de la crisis financiera internacional, que había reducido “a menos de la mitad” la oferta de financiación.

Cuando en 2012 amortizó dicha cuantía, según ha asegurado, no conocía que habían sido incoadas diligencias previas por los hechos investigados en Invercaria.