¿Qué está pasando con el regadío de Doñana?

El Parque Natural de Doñana está de nuevo en el punto de mira por la Ley de PP, Cs y Vox que amplía las zonas de regadío en este entorno. Ayer fue aprobada por estos tres grupos y el PSOE andaluz se abstuvo, pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado su rechazo frontal a este proyecto a través de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribero, y la Confederación Hidrigráfica del Guadalquivir. La mayoría de regantes de la zona se muestran satisfechos, pues las fincas de la zona norte podrán tener, al fin, acceso legal al agua tras años de desamparo jurídico. Pero, ¿cuál es la polémica? Estas son las claves del asunto.

¿Qué pretende la ley?

Em 2014 se aprobó una ley, el Plan de Ordenación del Territorio del ámbito de Doñana (POTAD), para equilibrar la explotación del agua por parte de los agricultores de las explotaciones del Condado de Huelva, que se dedican principalmente al fruto rojo, y la conservación del espacio protegido de Doñana. Pero con el POTAD, se excluyeron algunos terrenos de cultivo y, además, no amparaba a las fincas nuevas que surgieron tras 2014 y que, por tanto, no tienen permiso para el regadío. Por ello, la Plataforma para la Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva pidió revisar la ley para darles cobertura. Ahora, con la ley del Gobierno de Juanma Moreno se legalizarían unas 800 hectáreas de suelo de la Corona Norte, según la Junta. Desde el PP defienden que con esta nueva revisión se otorga seguridad jurídica a los agricultores que han estado durante décadas cultivando sus tierras sin amparo legal y que, además, las hectáreas de regadíos legalizadas pertenecen a fincas que están a 30 o 40 kilómetros del parque. Sin esta modificación, dicen, “el único camino que le quedaría a los agricultores sería el cese de la actividad agrícola y el consecuente abandono de tierras y de población». Además, el PP cree que no provocará un efecto llamada porque «no existe mejor forma de proteger la zona» que reconocer el derecho al agua superficial, lo que frenará la proliferación de pozos ilegales.

¿Por qué es polémica?

Los ecologistas insisten en que el acuífero de Doñana está sobreexplotado, como lo declaró en 2020 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Desde la organización conservacionista WWF consideran que es imposible que pueda dar de sí para regar todas esas nuevas hectáreas legalizadas con la nueva ley del PP. “El acuífero se seca y los arroyos ya casi no llevan agua a las marismas”, apuntan. Según WWF, esto se debe “al crecimiento sin control de la agricultura intensiva en los últimos años”. Insisten en que la superficie que desea amnistiar la Junta se sumaría a las 9.000 que ya lo vivieron en 2014. Esta nuerva superficie legalizada, advierten, “elevará el consumo de agua entre 7 y 9 hm3 anuales” en un acuífero declarado sobreexplotado por la CHG y ahora sometido, como el resto de la cuenca, al estatus de sequía extraordinaria”.

¿Por qué Doñana es tan importante?

El Parque Nacional de Doñanauna reserva de la biosfera declarada en 1980 por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los espacios naturales más importantes del planeta, ya que se trata de un punto fundamental en la ruta de muchas especies migratorias, tanto europeas como africanas. Debido a estas características, su variedad ecológica y su ubicación estratégica, podemos entender porque Doñana es considerada una gran isla ecológica capaz de alberga más de 300 vertebrados, y ser lugar de refugio invernal y cría para multitud de especies de ornitológicas. Las marismas del Guadalquivir sirven para el paso, invernada y cría de más de 200 especies de aves, entre las que destacan la cigüeña negra, la malvasia , el calamón , el flamencoy la focha cornuda.

Comprende una superficie protegida de 108.087 hectáreas, las cuales se reparten casi por igual entre las categorías de protección de Parque Natural (53.835 hectáreas) y Parque Nacional (54.252 hectáreas).

¿Qué está haciendo el Gobierno?

Desde la Junta critican que el responsable de la crisis del agua de la comarca del Condado onubense y del Parque Nacional es el Gobierno de Pedro Sánchez. El Gobierno central no ha cumplido con los plazos para la ejecución de las obras declaradas de Interés General del Estado para asegurar el trasvase de agua de la cuenca excedente del Tinto-Odiel-Piedras aprobado en 2018 y que garantizaba 19,9 hectómetros cúbicos a la zona para asegurar su desarrollo económico y la estabilidad del acuífero Almonte-Marisma del Parque Nacional. Es ahora, cuatro años después de aprobar esas obras para iniciar el tasvase, cuando el Gobierno ha anunciado la aprobación de la declaración ambiental de la ampliación del túnel de San Silvestre, una infraestructura vital para el suministro de agua en la provincia de Huelva llamada a paliar los efectos de la sequía en esa provincia. Las obras de desdoble del túnel estaban reconocidas como de interés del Estado en la Ley 10/2018 de trasvase de la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir para, entre otros objetivos paliar la falta de agua en el entorno de Doñana. Prometía elevar hasta 19,9 hectómetros cúbicos los 4,9 aprobados en 2008.