La producción normativa en Andalucía dobla la del último año del PSOE

La producción normativa en la comunidad andaluza se sitúa en los niveles más altos en relación a los anteriores ejercicios, a pesar de haber sufrido una pandemia, y dobla la del último año del Gobierno del PSOE andaluz. Así lo recoge una tabla comparativa del documento de “Propuestas empresariales para una nueva legislatura política” que remitió la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) de cara a las elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 19 de junio.

De esta forma, la elaboración de normas con rango de Ley pasa de 20 en el año 2014 a 40 en 2021, el doble en siete años. Si se hace una comparativa entre en el periodo en el que gobernó el Partido Socialista, las normas aprobadas desde 2015 a 2018 suman un total de 59; mientras que con el Gobierno del PP y Cs suman 88 normativas, sin contar este último ejercicio. Este dato supone un aumento de 29 normas más en comparación con la anterior legislatura, esto es, 1,5 veces más actividad legislativa.

A pesar de ello, los empresarios andaluces advierten que en la actualidad, Andalucía no cuenta con una agenda normativa definida, puesto que en los últimos años no se ha aprobado un plan normativo por parte del Gobierno andaluz; si bien este plan debería tener una fecha de inicio y caducidad para generar «seguridad y estabilidad» entre los operadores económicos.

Igualmente, reconocen que les preocupa que en los procesos de creación de normas haya una adecuada preservación de la unidad de mercado, ya que muchas normas vienen de la UE y si se legisla más allá con el objetivo de ser más ambiciosos para alcanzar antes unos objetivos u otros, «se puede generar una importante ruptura de la unidad de mercado que incide de forma negativa en nuestra competitividad como territorio a corto plazo». De otro lado, aseguran que, a fin de atender las circunstancias que afectan distintos sectores; así como las distintas necesidades que surgen, la nueva legislatura debe impulsar algunas regulaciones sobre diferentes cuestiones. Así, se refieren a la Ley de Economía Circular, un texto normativo que decayó en sede parlamentaria, con motivo de su disolución, tras la convocatoria electoral.

También quieren hacer una modificación integral de la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), para cambiar todas aquellas normas transversales que impiden hacer compatible la actividad económica y la unidad de mercado.

Asimismo, consideran que es necesaria una aprobación de la Ley de Participación Institucional, una Ley del Mecenazgo Cultural y Deportivo, el desarrollo de la Ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista); al igual que la aprobación de un decreto que agilice el procedimiento administrativo para la autorización de proyectos renovables, evitando la dispersión normativa existente.

Tras la disolución del Parlamento andaluz por la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente de la Junta, Juanma Moreno, decayeron cinco proyectos de ley que estaban en tramitación en la Cámara, así como, entre otras, la proposición de ley para la ordenación de regadíos en el entorno de Doñana. Se trata de los proyectos de Ley de Policías Locales de Andalucía; de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta; de Economía Circular de Andalucía; el proyecto por el que se modifica la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía; así como aquel por el que se aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027.

Todos estos proyectos de ley, salvo el de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Administración de la Junta, superaron el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento con distintos apoyos entre los grupos de la oposición al Gobierno de PP-A y Ciudadanos en el periodo de sesiones y se encontraban en la fase final de su tramitación con la aportación en las respectivas comisiones de enmiendas parciales de los diferentes grupos. Asimismo, con la disolución de la Cámara también se paralizó la tramitación de siete proposiciones de Ley presentadas por los grupos parlamentarios, algunas de las cuales ya superaron también el debate de toma en consideración ante el Pleno del Parlamento y se encontraban en trámite en comisión.

Las empresas piden rebajas fiscales y estabilidad

La CEA presentó ayer a los candidatos a presidir la Junta de Andalucía diferentes propuestas empresariales para una nueva legislatura política, entre las que se encuentran la estabilidad política e institucional, una regulación clara, más facilidades para la actividad empresarial y una fiscalidad que aporte competitividad.

En su batería de propuestas se encuentran cinco objetivos claros que pasan por el incremento de la riqueza económica y social, el impulso de medidas de reactivación económica, la defensa de la libertad de empresa o la garantía de la participación de las organizaciones empresariales en la vida pública andaluza.

Asimismo, aspiran a una gran reforma de la Administración y, en materia de inversiones, los empresarios hacen un llamamiento a la finalización de proyectos estratégicos y el cumplimiento de los plazos de ejecución, como puede ser el caso de los corredores ferroviarios.

Según el presidente de la patronal de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, uno de los principales retos a los que se enfrenta la Junta es «hacer de Andalucía inequívocamente un lugar de inversión» y, para lograrlo, pidió a los partidos políticos «altura de miras» y «profundizar aún más en la política fiscal». En la actualidad, Andalucía está en la zona media de carga fiscal por comunidades y «hay margen para para seguir creciendo».

En esta línea, González de Lara ensalzó «el músculo de Andalucía y su capacidad de superación inédita en los años de pandemia», y aseguró que «la comunidad andaluza es muy capaz de generar un nuevo centro de gravedad económica»; si bien advirtió que no puede desaprovechar las oportunidades, como los fondos europeos.

Según un reciente estudio de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), «sólo uno de cada cuatro euros está llegando a las empresas españolas». Por ello, entre sus propuestas, la CEA señaló a los partidos la necesidad de elaborar una estrategia que identifique las prioridades y sectores preferentes en el destino de los fondos comunitarios, así como los proyectos tractores de la región.