Anticorrupción: “Invercaria no podía hacer lo que quisiese, otra cosa es que vivieran en un mundo paralelo de ilegalidad”

El juicio por el “préstamo puente” de 100.000 euros que Invercaria, sociedad de capital riesgo de la Junta de Andalucía, concedió a la modista María Malo quedó este miércoles visto para sentencia en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. En la última sesión declaró el expresidente de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo, y las partes emitieron sus informes. La Fiscalía Anticorrupción, que acusa al exdirectivo de malversación y prevaricación, sostuvo que la entidad pública “no podía hacer lo que quisiese, sólo lo que le permitía la ley”. “Otra cosa es que vivieran en un mundo paralelo de ilegalidad”, llegó a decir el fiscal.

“No cabe que salga un euro del erario público sin que exista un procedimiento previo”. Así comenzó su exposición el representante del Ministerio Público, Fernando Soto, que elevó a definitiva su petición de seis años de cárcel para Pérez-Sauquillo y dos y medio para Malo y su responsable de comunicación, Ignacio Jarillo.

Antes, Pérez-Sauquillo había reiterado la línea de defensa que exhibe una y otra vez en cada juicio de esta macrocausa, a pesar de que ya ha sido condenado en tres de ellos, y se escudó en que él sólo se dejaba guiar por los técnicos, en especial Cristóbal Cantos, exdirector de Promoción y revelador de las irregularidades cometidas en Invercaria, a la hora de conceder una u otra ayuda. «Una vez que está en manos de su departamento, yo me desconecto del proyecto», afirmó. En el caso de Lolita Canalla, de todas formas, priorizó el criterio «más conservador» de Laura Gómiz, después sucesora suya al frente de la sociedad, quien «al poco de llegar» vio ese proyecto y desaconsejó darles los «700 u 800.000 euros» que pidieron. También admitió que las reuniones en Invercaria eran «más informales de lo que parece» y que ni siquiera se levantaba acta.

“Fueron ellos los que propiciaron este sistema confuso, pero no puede servirle de excusa”, alegó el fiscal. En su opinión, el borrador de Plan Director elaborado por el propio presidente “era muy básico”, pero aun así “no respetaron ni lo básico”.

Según la Fiscalía, en la concesión de fondos públicos “es fundamental comprobar la viabilidad técnica, económica o financiera” de la empresa que solicita la ayuda. “Los acusamos de prevaricación porque eso no se analizó, no porque falte un sello o se desdoblase un departamento. Invercaria no podía actuar sin seguir su Plan Director, por muy defectuoso que fuese”, advirtió.

El fiscal, además de recordar que no consta ninguna solicitud de la ayuda, también cuestionó que Pérez-Sauquillo, como “presidente de una de las empresas públicas más importantes de Andalucía”, se reuniese con las casi mil empresas, según el testimonio del propio acusado, que pedían ayudas cada año. “Y sin embargo recibe a un señor que ni siquiera es representante de Lolita Canalla y que sólo va a enseñarle fotos”, replicó.

En este sentido, Soto prefirió creer la versión de Cantos. “Lo llamaron para una reunión ya empezada entre dos personas que se conocían y que eran vecinos. Resulta curioso que Lolita Canalla tuviera responsables económicos y financieros, que ninguno de ellos acudiera a las reuniones y que mandaran a un señor que era responsable de comunicación”, enfatizó.

El fiscal también criticó la “posición absolutamente cambiante durante todo el proceso judicial” de Laura Gómiz, que también llegó a dirigir Invercaria, “al contrario que la posición monolítica” de Cantos, a pesar de que su denuncia provocó su despido e incluso de que haya sido acusado por la propia Fiscalía en alguna pieza de esta macrocausa.

Para Anticorrupción, en definitiva, Lolita Canalla “no era una empresa estratégica” que justificase la recepción de fondos públicos. “Digna, sí, pero no se puede confundir con el sector de la moda. Lo que hacía la señora Malo era comprar ropa fuera de España y venderla aquí. Eso no es una startup”, afirmó el fiscal.

A eso añadió que Pérez-Sauquillo concedió el préstamo “sin ningún análisis” previo. “No hay ningún rastro de que nadie viese un solo número de Lolita Canalla”, insistió Soto, quien estableció que Invercaria, “en el fondo”, no estaba dando un préstamo sino “subvenciones encubiertas” porque después no realizaba ningún control del destino del dinero. “El Departamento de Seguimiento era inexistente, sólo simulaba”, dijo.