El coste laboral por trabajador, el más alto desde que hay registros

El coste laboral para una empresa radicada en Andalucía de un trabajador al mes se ha disparado hasta un récord histórico pero sigue estando más de diez puntos por debajo de la media nacional. Esa es una de las principales conclusiones de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL), que mide la evolución trimestral de los costes laborales que soportan las empresas y de los salarios brutos de los trabajadores y que publica el Instituto Nacional de Estadística.

En cualquier caso, el coste laboral medio de un trabajador andaluz, 2.555,95 euros, en el segundo trimestre del año, sigue siendo de los más bajos de España. Sólo es más barato en tres comunidades autónomas: Región de Murcia (2.527,15 euros); Canarias (2.432,72 euros); y Extremadura (2.327,10 euros).

Por el contrario, este ranking de costes lo lideran las cuatro comunidades autónomas más potentes económicamente: Madrid (3.377,55 euros) y Cataluña (3.118,94), por un lado; y el caso especial de País Vasco (3.160,25) y Navarra (3.077,74). Hay que reseñar que los costes laborales incluyen, además del salario que percibe el empleado, otros pagos que soportan las empresas como las Percepciones no Salariales (pagos por incapacidad temporal, desempleo, indemnizaciones por despido, adquisición de prendas de trabajo, gastos de locomoción y dietas de viaje, plus de distancia y transporte urbano, etc.) y las Cotizaciones Obligatorias a la Seguridad Social.

Así las cosas, el coste laboral medio por trabajador y mes en España se sitúa en los 2.871,64 euros, 315 euros más que en Andalucía, o lo que es lo mismo, el coste en la región supone el 89 por ciento del equivalente nacional. Ahora bien, la tendencia indica que este coste está subiendo en Andalucía ligeramente por encima de la media. En concreto, registró un crecimiento del 4,3% interanual en el segundo trimestre de 2022, un punto menor que en el trimestre anterior (5,3%), pero medio punto por encima de la subida a nivel nacional (3,8%).

Esta subida de los costes laborales –incluidos los que corresponden a los salarios que perciben los trabajadores– es uno de los argumentos utilizados por la Junta de Andalucía para justificar la decisión de deflactar la tarifa autonómica del IRPF. Así figura en la exposición de motivos del decreto-ley de bajada de impuestos publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado miércoles. En concreto, se señala que «en lo que respecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se deflacta la escala autonómica mediante la elevación de sus tres primeros tramos, lo que beneficia a todos los contribuyentes andaluces, en especial a las personas más afectadas como consecuencia de la crisis derivada de la elevada inflación».

Se apunta también que «se corrige la denominada progresividad en frío, motivada por la subida de salarios a causa de la inflación, sin que suponga un aumento real de la capacidad de pago». Además, se argumenta que «por los mismos motivos, se considera igualmente necesario y urgente elevar las cuantías del mínimo personal y familiar, que viene definido legalmente como aquella parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente, no se somete a tributación, y ello al objeto de tratar de adaptar dichas cuantías a los actuales niveles de precios existentes».

Y se abunda en esta línea, señalando que «con esa idea de no generar una mayor recaudación tributaria por incrementos nominales de renta, se ajusta dicho porcentaje de deflactación al porcentaje de crecimiento de los salarios en España, que ha sido del 4,3%, según el último dato relativo al coste salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al segundo trimestre del año 2022».

Así lo señala el INE, que apunta que «el coste salarial por trabajador y mes aumenta un 4,3% y alcanza los 2.153,88 euros de media», mientras que «otros costes crecen un 2,2%, situándose en 717,76 euros por trabajador y mes».

Por otro lado, estos datos son los que esgrimen empresarios y sindicatos, cada uno con su propia interpretación, para abogar por una contención o por un incremento de los salarios en las mesas de negociación colectiva.