Más de 2.000 millones de euros para dependencia en Andalucía

El Gobierno andaluz va a reforzar las actuaciones de atención a la dependencia, el envejecimiento activo y la discapacidad, incrementando la inversión en un 15,3% respecto al presupuesto anterior, con lo que el gasto total anual superará los 2.000 millones de euros. Esta es una de las valoraciones del informa de Impacto de Género del Proyecto de Ley de Presupuestos en 2023, que detalla que «una mayor dedicación de recursos presupuestarios a los distintos servicios de dependencia, redundará en la mejora de los cuidados y en la igualdad de género», pues contribuirá a que «mujeres y hombres tengan mayores posibilidades para la conciliación de la vida personal y laboral», sin olvidar que «la población beneficiaria mayoritaria es femenina».

En la actualidad, el número de personas mayores de 65 años que tienen reconocida una prestación por dependencia en Andalucía ronda las 150.000, de las cuales un 75% son mujeres. La Junta de Andalucía logró reducir la lista de espera en un 49% con respecto a 2019, lo que ha permitido cerrar el año 2021 con el máximo histórico de 257.227 personas atendidas con 360.000 prestaciones.

El número de personas beneficiarias en la comunidad no ha dejado de crecer desde 2019 a pesar de la situación de pandemia, cuyos resultados han sido devastadores entre un colectivo tan vulnerable como el de las personas en situación de dependencia. Así, en 2021 se registró un incremento neto de casi 45.000 personas atendidas y 80.000 prestaciones más que a finales 2018, pasando de 212.243 atendidos a finales de la anterior legislatura a los 257.227 incluidos en el sistema a finales de 2021.

Por otro lado, en 2023 se difundirán en el marco del Programa de Sensibilización sobre hábitos de vida saludable, la Guía de alimentación saludable para mayores y la Guía de información y sensibilización sobre la práctica de la actividad física en personas mayores. Asimismo se pondrá en marcha el Programa contra la soledad no deseada y el Programa de Sensibilización hacia el Buen Trato.

Estrategia de Conciliación

En la misma política de conciliación, igualdad y familias, los proyectos de interés social, dentro de los cuales se incluyen medidas destinadas a favorecer la conciliación, se desarrollarán con la implementación de la I Estrategia de Conciliación de Andalucía. «Esta estrategia coordina la colaboración de todas las Consejerías y las entidades de carácter público para que las políticas públicas favorezcan la corresponsabilidad familiar a través de la puesta en marcha de medidas de conciliación y corresponsabilidad. La financiación en la que se enmarca esta actuación incrementa su dotación un 11,2% alcanzando los 51 millones de euros». Con esta financiación también se apoya «el reconocimiento de las buenas prácticas en materia de igualdad y prevención de la violencia de género a través de la convocatoria de los Premios Andalucía +Social».

En el marco de las acciones para la igualdad y promoción de las mujeres, «se incrementarán en un 1% los créditos hasta los 24,2 millones de euros, para la implementación y consolidación de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en las políticas públicas y la inclusión de la perspectiva de género». De igual forma, se refuerzan las actuaciones de protección contra la violencia de género en un 53,2%, destinándose más de 28,4 millones de euros.

Por otro lado, cabe destacar que un 97,5% de los programas presupuestarios de las consejerías, las agencias administrativas y las agencias de régimen especial incluyen objetivos estratégicos de género y un 95,8% de los mismos objetivos operativos de género. De hecho, como novedad para el ejercicio 2023, «todos los programas de las agencias administrativas, agencias de régimen especial, agencias públicas empresariales y consorcios, cuentan con objetivos estratégicos y objetivos operativos de género», según detalla el informe, así como «las siete entidades instrumentales del sector público andaluz seleccionadas, que cumplen al 100% con la obligación de definir en su planificación objetivos operativos, orientados a corregir desigualdades de género que se producen en su ámbito de actuación».