Las cuentas de 2023. Presupuestos generales del Estado vs Presupuestos de Andalucía

El pasado 6 de octubre la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llevaba al Congreso los Presupuestos Generales del Estado, que cuentan con cifras récord, como la del mayor límite de gasto no financiero, que alcanza los 173.065 millones de € o el mayor gasto social de la historia, que asciende a 266.719 millones de €, 26.000 millones de € más que el año pasado. El 70% del gasto social irá destinado al pago de las pensiones, que experimentarán este año una revalorización del 8,5%; ya el banco de España ha aconsejado no subir tanto en un momento de frenazo económico como el actual. También los funcionarios tendrán una subida salarial de entre el 2,5% y 3,5%, que una vez más se aprueba sin ligarla de ninguna manera a la productividad. Bajo mi punto de vista, las subidas salariales, tanto en el ámbito público como en el privado, deberían estar ligadas a la productividad.

Aunque es cierto que los presupuestos recogen una serie de incentivos fiscales dirigidos a rentas inferiores a 21.000 €, aparecen también una serie de gastos, que perfectamente podrían encuadrarse dentro de una partida denominada «gastos electoralistas». Me estoy refiriendo al cheque de 1.200 € por hijos menores de 3 años; a la prórroga de abonos gratuitos para Renfe, a la que se destinarán 600 millones de €; al bono de alquiler dirigido a jóvenes de 250 € y al bono cultural de 400 € para los que cumplen 18 años. Posiblemente resultaría más equitativo hacer un reparto de estos recursos en función de las rentas de los administrados y no de su edad, ni del medio de transporte que utilizan, ni de las expectativas de su voto.

Estos presupuestos, orientados a un gasto desmedido, sin ningún atisbo de austeridad, ven la luz con un handicap importante y es que van justo en sentido contrario a una posible estabilización de la inflación. Este nivel de gasto público, me refiero sobre todo a partidas innecesarias e improductivas que no ayudan a mejorar la situación económica, solo contribuye a incrementar la espiral inflacionista. De nada sirve el esfuerzo al que la sociedad se está viendo sometida con las políticas monetarias de incremento de tipos del BCE, si por otro lado se elaboran unos presupuestos inspirados en un gasto público récord y con una clara vocación por incentivar la demanda. Por otro lado, estos presupuestos no contribuyen a reducir el nivel de deuda de España, que en estos momentos se encuentra en el entorno de los 1,5 billones de € (117% del PIB). En una situación económica como la actual, además de contraer la demanda, resultaría interesante orientar los presupuestos hacia políticas de oferta que mejoren el sistema productivo mediante incentivos fiscales, en lugar de cargar a las empresas con más impuestos y cargas burocráticas.

Otro problema importante del presupuesto es que el propio Banco de España (BdE) ha puesto en cuestión el cuadro macroeconómico sobre el que se basa. El cuadro macroeconómico está constituido por el conjunto de expectativas –crecimiento del PIB, deuda, paro, etc.– sobre el que se construyen las cuentas. Los ingresos de los presupuestos de 2023 se han basado en unas expectativas de crecimiento del gobierno que ascienden al 2,1%, mientras que el BdE las sitúa en el 1,4% y la OCDE en el 1,5%. Pero en materia de gastos ocurre algo similar. El presupuesto contempla una bajada del montante destinado a prestaciones por desempleo basada en la expectativa de que el nivel de paro acabará en 2023 en el 12%, cuando las previsiones del BdE lo sitúan en el 12,9%. Se contempla también un tímido aumento de los intereses de la deuda del 3%, basado en la expectativa de que la ratio de deuda sobre el PIB se reducirá desde el 117% actual hasta el 112,4% del PIB. Me parecen unas previsiones demasiado optimistas e inconsistentes. Y lo más importante en materia de gasto: todavía tendremos que conocer el coste económico de las concesiones y dádivas que el gobierno habrá de ofrecer a sus socios de pacto, ERC y Bildu. Todas estas cuestiones hacen pensar que de los presupuestos están basados en planteamientos fútiles e inconsistentes.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, presentó el pasado 28 de octubre los presupuestos de la comunidad para 2023, los cuales suponían un importe total de 45.604 millones de € (un 12,9% más que los presupuestos prorrogados de 2022). Una de las prioridades de las cuentas, en palabras del propio presidente, Juanma Moreno, ha sido el gasto social. Sanidad, Educación, Políticas sociales, vivienda y empleo acaparan el 60% del montante global. Pero también es interesante destacar que el presupuesto andaluz incluye partidas destinadas a políticas de oferta, que como hemos apuntado anteriormente, resultan indispensables en momentos de contracción económica. Destaca una partida de 1.553 millones de €, (un 34,7% más respecto 2022) para el apoyo al tejido productivo; 5.469,7 millones de euros de presupuesto inversor y 31,46 millones de € que permitirán la puesta en marcha de la agencia TRADE. Esta agencia se espera que se convierta en el brazo ejecutor de las políticas de apoyo a la actividad empresarial, siendo capaz de optimizar los recursos y aprovechar las sinergias generadas con la integración de IDEA, Extenda y la Agencia Andaluza del Conocimiento.

Pero una de las cuestiones fundamentales a la hora de examinar cualquier presupuesto es el análisis del cuadro macroeconómico en el que se basa. A diferencia de lo que ocurre con los Presupuestos Generales del Estado, en los que la incertidumbre y la ausencia de certeza son las tónicas dominantes, los datos que sustentan el presupuesto andaluz cuentan con el aval de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Andalucía ha empleado como previsión de crecimiento del PIB para 2023 un 1,9%. Esta cifra, aunque superior al 1,1% previsto por AIREF, resulta más conservadora que las previsiones utilizadas por del gobierno de España para la elaboración de los presupuestos generales del estado. En relación al empleo, las estimaciones de Andalucía son también algo más favorables que las de la AIREF. La comunidad apunta un crecimiento del empleo en términos de ocupados del 1,7% y la AIREF del 0,9%. Sin embargo, tanto la metodología empleada por Andalucía para obtener las previsiones, como las propias previsiones empleadas para elaborar el presupuesto, han sido expresamente estimadas por la AIREF como factibles y como tal las ha avalado, dado que se sitúan dentro de la horquilla de estimaciones del consenso de analistas y son inferiores a las contempladas en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.

En los próximos meses estaremos en disposición de estimar el análisis y valoración de los presupuestos Generales del Estado y de la CCAA de Andalucía que se lleva a cabo en estas líneas.

Manuel Parejo Guzmán es doctor en Economía con mención Industrial, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)