El derribo del hotel del Algarrobico, «más cerca»

Hay un cambio de postura en la Junta de Andalucía y por primera vez, parece que hay un interés real en derribar El Algarrobico». José Ignacio Domínguez es el abogado que representa todas las causas ecologistas para conseguir la caída del gigante de hormigón construido en terreno protegido en la playa almeriense de Carboneras. Expiloto de caza y abogado, ha dedicado las últimas dos décadas a una causa que «ha sido enmarañada en los juzgados durante muchos años, con la complicidad de las administraciones y personas implicadas», pero que habría llegado a un «momento muy importante», después de «la nueva postura» ejercida por la administración andaluza, la cual ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordene «expresamente» al Ayuntamiento de la localidad a reflejar, tanto «en sus documentos» como «en sus decisiones», que el suelo sobre el que se levanta la construcción de Azata del Sol pertenece a «suelo no urbanizable de especial protección desde 1994».

«Hasta ahora, la Junta nunca había reconocido este hecho» pero «ahora se ha personado en el expediente de ejecución forzosa dictada por el TSJA, diciendo que hay que modificar el acuerdo municipal que llevó de urgencia en abril el, ahora, exalcalde socialista, José Luis Amérigo». La primera persona que alzó la voz contra la construcción de más de 400 habitaciones frente al mar del Cabo de Gata, ha explicado que «para intentar evitar cualquier tipo de responsabilidad penal a los responsables de aquel desaguisado», el «último equipo de gobierno socialista, para cumplir la sentencia que obligaba a declarar los terrenos no urbanizables», «apremiado por los continuos requerimientos y la amenaza de multa» al propio regidor, habría aprobado «de urgencia» el cambio del PGOU «cuidándose de poner una coletilla aduciendo que la modificación se producía por causas sobrevenidas». Como si «la licencia se hubiera concedido legalmente», cuando «la Junta informa al TSJA de que la licencia concedida en 2003 es nula de pleno derecho», según el letrado de Greenpeace.

Para el Gobierno andaluz, la condición de no urbanizable del suelo de este paraje «no procede de efectos sobrevenidos», sino que ha quedado «establecida judicialmente con efectos desde 1994, mucho antes de que, en 2009» se aprobase por la corporación municipal la calificación como urbanizable «ahora anulada». Para Domínguez claramente el Gobierno regional «ha salido a la palestra tras ese acuerdo municipal» y confía en que el cambio de siglas también en el Ayuntamiento de Carboneras acelere un proceso que podría dilatarse aún «unos cinco años más».

Aunque «solo queda ya el último paso, que es cumplir otra sentencia para la anulación de la licencia de obras», Domínguez matiza que la empresa promotora, «Azata del Sol va a recurrir absolutamente todas las decisiones judiciales». El letrado que no ha percibido «ni un solo céntimo de euro» por la defensa jurídica para la recuperación ambiental de la zona, ambiciona «ver que se hace justicia» tras la intervención de la Junta Andalucía, «que durante años ha intentado pasar de puntillas», durante «una coincidencia de gobiernos del PSOE en Andalucía, España y Carboneras», durante los que «se cambiaron las planimetrías y se permitió este desastre medioambiental». El exmilitar confía en que pronto se pueda superar «el último escollo», que es «la anulación de la licencia de obras», con lo que habría ya que demoler, «obligatoriamente» el hotel ilegal. Si bien Domínguez no oculta su deseo de que se acorten los plazos porque «si la Junta quiere, lo derriba antes», ya que «tiene competencias en materia urbanística y podría ejercer el derecho de retracto»; pero sigue trabajando y ha pedido «al TSJA que obligue al Ayuntamiento a cumplir adecuadamente las sentencias». Sin más palos en las ruedas por parte de los gobernantes, el edificio «ya no tendría salvación, no habría más requisitos y estaríamos cerca del desenlace».

Y eso que el Tribunal Supremo concluyó el pasado enero que la «complejidad» que rodea al hotel impide ordenar su demolición por vía judicial, ya que la licencia municipal de obras concedida en 2003 «sigue siendo plenamente legal casi 20 años después» pese a la normativa ambiental que rige en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar y la Ley de Costas. También consideraba el Alto tribunal una «inadmisible lenidad de todas las administraciones involucradas» en alusión a Ayuntamiento de Carboneras, Junta de Andalucía y Estado; que «ha propiciado una actuación carente de toda razón y toda lógica» en torno a la construcción del hotel.

Siempre que se acerca la destrucción del edificio se vuelve a especular con una recuperación «que no se podrá ejecutar en tanto no se agote la vía judicial». Hubo un acuerdo entre el gobierno andaluz y central, pero no se puede poner en marcha hasta que se anule la licencia de obras. Ese acuerdo publicado en 2011 en el Boletín Oficial del Estado calculó en unos 7 millones de euros el coste necesario para recuperar el enclave. El Ministerio de Transición Ecológica sería el responsable de la demolición, mientras que la Junta de Andalucía se ocuparía de la restauración.