El tripartito de PP, Vox e IU se encuentra con contratos «ilegales» y deudas con la Seguridad Social

«Lo que hemos descubierto es que había contratos hechos ilegalmente y que no se pagaba a la Seguridad Social», ha denunciado el portavoz y teniente de alcalde del Ayuntamiento almeriense de Garrucha, Álvaro Ramos, tras descubrir empleos en fraude de ley durante los ocho años de gobierno de la socialista María Antonia López. «El Ministerio de Trabajo nos ha requerido el pago de un montante que supera los 320.000 euros y, además, no es algo nuevo, sino que se notificaron esas denuncias en 2016 y en 2020, generando 53.000 euros en recargo de intereses por los impagos del consistorio», según ha explicado el vicealcalde. «Ya cuando estábamos en la oposición y también los vecinos, en el propio pueblo, intuíamos que en el Ayuntamiento se contrataba ilegalmente», señala quién fuera candidato de Garrucha Con la Gente (IU), expulsado fulminantemente de su partido por facilitar el gobierno del PP y ahora considerado no adscrito.

Aunque el PSOE de Garrucha fue la lista más votada en mayo, fructificaron las negociaciones del PP con el entonces representante de IU y, paralelamente, con el concejal de VOX para «desbancar a la alcaldesa y sus prácticas» y dar la vara de mando al popular Pedro Zamora. El nuevo regidor apelaba tras el acuerdo «a la perspectiva única de mejorar Garrucha» porque «es evidente que el pueblo necesita un cambio». El ultimo «regalo» de la corporación saliente han sido estos «contratos ilegales a miembros de protección civil, con salarios de 900 euros mensuales, continuados en el tiempo, pero sin estar dados de alta ni pagar las correspondientes contribuciones», detalla el portavoz municipal.

Estas «deudas e incumplimientos en materia laboral» afectarían también a una «falsa autónoma» a la que ya se habría obligado a contratar como funcionaria del Ayuntamiento, originando 90.000 euros de sanción impagada por la exalcaldesa y que «tendremos que asumir porque las denuncias han llegado al consistorio». «Pero las usaremos en la auditoria que se está preparando», ha asegurado. Y es que Álvaro Ramos ha lamentado la «cifra alarmante de 14 millones de euros de deuda, con apenas 735.000 euros disponibles en la tesorería» que encontraron tras coger la Alcaldía. «Hemos encargado a un auditor externo un estudio pormenorizado para el control financiero y de legalidad de los contratos municipales de los últimos años, para saber de donde proviene semejante deuda», ha detallado un teniente de alcalde sorprendido por «tantas irregularidades e ‘hipotecas’ al pueblo de Garrucha, que han superado nuestras dudas iniciales sobre la nefasta gestión».

El nuevo gobierno garruchero se ha comprometido a regenerar la vida municipal con «una gestión basada en la transparencia y el respeto a la ciudadanía». «Nada más llegar tuvimos que atajar con urgencia servicios que estaban dejados, como la limpieza y la jardinería», ha puntualizado el portavoz consistorial, para anunciar «un control exhaustivo de las cuentas públicas que explicaremos a todo el pueblo en el salón de plenos, cuando tengamos más datos de la auditoría, además de un próximo comunicado en que el alcalde y yo ofreceremos los datos en nuestro poder sobre lo que se ha hecho los últimos años con el dinero público».

Sin duda, serán los vecinos los que tengan que asumir tanto el pago de la deuda, así como las multas, los recargos y los intereses de «unas prácticas algo más que dudosas, que nos han dejado una deuda brutal para una localidad con importantes necesidades, como es Garrucha», ha denunciado Ramos.

La ex alcaldesa López Fernández aún tendrá que declarar en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera por una denuncia interpuesta por Izquierda Unida cuando estaba en la oposición y ante la sospecha de esos contratos ilegales a miembros de protección civil. Después de dos mandatos e innumerables críticas a su gestión del resto de los grupos, obtuvo en los comicios siete concejales, superando los apoyos de Zamora que consiguió 6 para el Partido Popular, mientras que la candidatura de Izquierda Unida liderada por Ramos se hacía con dos actas para las dos últimas del pleno se repartiera entre un determinante VOX y la formación local UCIN. Así, tres fuerzas a priori radicalmente opuestas en su ideología, PP, IU y VOX; sumaron nueve de los diecisiete concejales que conforman la corporación local de esta población de 10.000 habitantes. Y era, precisamente, el concejal menos votado con 228 apoyos a su favor, el número 1 de la lista de VOX, José Antonio Alonso, el que concedió la llave para una mayoría absoluta que tendrá que «devolver la normalidad» a las arcas municipales. Cuestionado sobre si habrá más `sorpresas´ en la contabilidad garruchera, el portavoz díscolo de IU, Álvaro Ramos, sentencia: «nuestro compromiso es que lo que salga, se hará público».