Andalucía aporta una parte significativa al mercado nacional del automóvil. Según los últimos datos disponibles, la industria automotriz andaluza representa un 3,2% del PIB regional y genera 17.600 empleos directos. En la desagregación por provincias, esta industria tiene una alta concentración de empleo en Jaén y Sevilla. Solo en la fabricación directa de vehículos de motor, remolques y semirremolques abarca 6.449 empleos, con un total de 134 establecimientos. También cabe destacar que en la provincia de Almería se emplaza una importante fábrica de vehículos industriales de motor, donde se suministran hasta cincuenta tipos de maquinaria para la limpieza variada y la construcción. Su principal mercado es España, pero prácticamente el 50% de su producción tiene como destino el mercado exterior.

La normativa europea, aprobada en 2022, prohíbe comercializar nuevos vehículos de combustión –tanto de gasolina como diésel– a partir de 2035. El partido Vox se muestra especialmente combativo contra esta iniciativa. Por este motivo ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento de Andalucía que promueve acabar con la "criminalización de los vehículos de combustión y de la industria automovilística en general", en el convencimiento de que la medida, de llevarse a efecto, conllevará un enorme coste en empleo y bienestar de las familias andaluzas. "Estas políticas, impulsadas por el bipartidismo europeo bajo la Agenda 2030, no solo resultan en una precarización del tejido industrial, sino que también criminalizan a los españoles de a pie, quienes se ven obligados a hacer frente a un aumento de costes y restricciones injustificadas", detalla la PNL.

La formación ultraconservadora expone que "gracias a los avances tecnológicos, estos motores son hoy significativamente más eficientes y menos contaminantes que en el pasado". Proyectos como el EAGLE han demostrado que "es posible desarrollar motores de combustión con reducciones significativas de emisiones. Entre las mejoras tecnológicas clave destacan el uso de combustibles sintéticos y nuevas formas de ignición que minimizan las emisiones de NOx y CO2".

Según Vox, el Parlamento Europeo sigue "secuestrado por los dogmas climáticos" y concluye que existe una "imposición, a la fuerza, de una «movilidad eléctrica» que no atiende en absoluto a ningún criterio de contaminación, si no exclusivamente a lo establecido en el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, que solo busca empobrecer a los europeos en general y a los españoles en particular".

En el campo de los vehículos eléctricos, "Europa tiene una dependencia considerable de Asia, particularmente de China, que domina la producción de baterías y resto de componentes. Por supuesto, dicha dependencia expone a Europa –y, particularmente, a España– a riesgos geopolíticos, al mismo tiempo que amenaza con desmantelar su industria automotriz", prosigue.

"Las élites de Bruselas han impuesto requisitos inasumibles a una industria consolidada, constituyendo de facto -continúa- una pérdida significativa de empleo y, por tanto, de riqueza en Europa y en España, y más concretamente en Andalucía. Además, otorga una ventaja competitiva a los fabricantes extranjeros, especialmente chinos, lo que pone en peligro la soberanía industrial europea y española en un sector clave para nuestra economía".

Además, desde el punto de vista de los consumidores, Vox expone que se está "obligando" a los ciudadanos a adquirir vehículos eléctricos, "que siguen siendo más caros", incluso considerando las subvenciones nacionales del Plan Moves en sus diferentes versiones. "Se justifica así el auge del mercado de vehículos de segunda mano, ya que muchos consumidores ven la situación actual como un momento de incertidumbre: algunos preferirían adquirir un vehículo de combustión, mientras que otros no pueden permitirse un coche eléctrico".

Por todo ello, se plantea que el Parlamento andaluz solicita "la derogación de la normativa que prohíbe la comercialización de nuevos vehículos con motores de combustión a partir de 2035" y "acabar con la criminalización" de este tipo de vehículos que "no solo resultan en una precarización del tejido industrial, sino que también criminalizan a los españoles de a pie, quienes se ven obligados a hacer frente a un aumento de costes y restricciones injustificadas".