El exalcalde de Albox dice que actuó "por el bien del pueblo" y niega ilegalidades

El exalcalde de Albox Francisco Torrecillas ha afirmado este miércoles durante el juicio por el hormigonado del cauce de una rambla del municipio que llevó a cabo la actuación “por el bien del pueblo”, y ha sostenido que lo hizo de forma legal, sin intervenir en los contratos, convencido de que se trataba de suelo municipal.

“He hecho un bien para mi pueblo y lo he hecho legalmente, con un contrato legal, en el que no he intervenido porque no he intervenido en siete años en ningún contrato, ni menor ni mayor. No he cambiado nada de una partida. En siete años he tenido el ayuntamiento sin déficit. Llevo cinco años de banquillo”, ha aseverado ante los magistrados de la Audiencia de Almería.

Torrecillas ha defendido que actuó dentro de sus competencias como alcalde, que las obras no requerían expediente administrativo por tratarse de un contrato menor, y que no necesitaban autorización de la autoridad de cuenca o de la Junta de Andalucía porque, según ha dicho, la actuación se ha producido en terreno municipal.

Según su versión, los márgenes de la rambla han sido ya delimitados como propiedad municipal en un proyecto de la Junta de Andalucía en 2008, recepcionado en 2011. “Yo he hecho obras en terreno del Ayuntamiento, y eso viene en el proyecto”, ha añadido.

Preguntado por la razón por la que el Ayuntamiento abonó una sanción por esta actuación, ha asegurado que siguió el consejo de la secretaria municipal. “La secretaria nos dice que tenemos que pagarla y luego levantar el hormigón para recuperar la legalidad vigente. No tenía que haberlo hecho, pero lo he hecho de buena fe. No tengo ganas de estas historias”, ha manifestado.

Torrecillas ha insistido en que ha confiado plenamente en los funcionarios del Ayuntamiento. “Nunca he dado instrucciones para tramitar contratos menores fraccionados ni he intervenido en la contratación. La funcionaria responsable era muy estricta, y en esa área mi confianza ha sido absoluta, como con la intervención”, ha dicho.

También ha asegurado que nunca ha pedido al interventor que hiciera algo ilegal, ni ha tenido ningún entendimiento con él para los pagos. “Jamás. Nunca ha habido reparo ni de él ni de la secretaria en siete años. Cuando yo no entendía algo, me decían: ‘esto no se puede hacer’, y no se hacía”.

Durante la vista también ha declarado el arquitecto municipal, quien ha explicado que el cauce de la rambla ha sufrido diversas actuaciones desde 1975, cuando se ejecutó una obra de encauzamiento con muros de hormigón que modificó el dominio hidráulico de parte del terreno.

Ha sostenido que, desde entonces, “todos los terrenos no privados han pasado a ser del Ayuntamiento” y que, tras una adecuación medioambiental realizada por la Junta en 2008, no ha habido modificación del dominio público municipal.

Un perito propuesto por la defensa ha ratificado que no ha existido obligación legal del interventor de fiscalizar el contrato menor por el que se ha ejecutado la obra y ha señalado que su función ha sido meramente contable y documental.

“El acto de adjudicación está exento de fiscalización. El interventor no valora la legalidad del contrato menor. Solo puede emitir reparo en la fase de fiscalización previa del pago si se demuestra que el contrato no era menor”, ha explicado.

La Fiscalía ha mantenido su escrito de acusación, aunque ha presentado una alternativa a uno de los delitos; mientras que las defensas han solicitado la absolución de los acusados o, subsidiariamente, la aplicación de un error invencible en el proceder de los acusados.