«Caso UGT Andalucía»: «facturas falsas» hasta para «las fiestas»

Listo para sentencia sin que el Ministerio Público renuncie a ni uno de los días que solicitaba de cárcel por el presunto fraude a la Administración andaluza. La Fiscalía mantiene la petición de siete años para el ex secretario general del sindicato en la región Francisco Fernández Sevilla y para otros cuatro componentes de la plataforma sindical, además de cinco años para otra acusada. Asimismo, reclama que cinco de los acusados paguen a la Junta 40,7 millones. En relación a los proveedores, la Fiscalía retira una acusación y solicita tres años de cárcel para otros nueve.

El fiscal Anticorrupción Fernando Soto señaló ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que el sindicato usó de modo «genérico» su «mecanismo de facturas falsas» hasta hacer del mismo una herramienta «transversal» no sólo para las ayudas autonómicas para la formación de desempleados sino para otros destinos como las «fiestas». El fiscal habló de «indicios sobrados» de que los antiguos responsables de UGT-A encausados implantaron «un mecanismo de facturación falsa para defraudar a la Administración» andaluza, con un concierto con determinados proveedores para que los mismos generasen tales facturas para cargar las mismas a las subvenciones para cursos de formación por «conceptos que no respondían» a la realidad, recogió Ep.

El representante del Ministerio Público detalló los aspectos del «bote» de dinero cosechado por la UGT-A para sus «fines propios», gracias a las «diferencias» a su favor entre las facturas cargadas a las subvenciones autonómicas para cursos de formación, por conceptos «genéricos» o supuestamente ajenos a la realidad y los servicios verdaderamente prestados por los proveedores.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que el sistema de facturación «falsa» fue usado para «defraudar a la administración» de «manera genérica y masiva» mediante los mecanismos denominados como «rápel» y «bote», convirtiéndose en un «instrumento transversal» incluso en «fiestas o actos similares». «El sindicato que tanto defiende a los trabajadores o que lucha contra la discriminación de la mujer, usó los fondos recibidos por la administración para fiestas o actos similares», insistió el fiscal. Este proceder presuntamente fraudulento «se introdujo de tal manera en las relaciones del sindicato con terceros que llegó a formar parte de su forma de ser». Este instrumento «se fabricó en orden a la defraudación» y fue utilizado «de manera expansiva», de forma que el resultado de todas las relaciones jurídicas falsarias se tradujo en facturas falsas con «conceptos genéricos», recogió Efe. La Fiscalía señaló que UGT-A no dio ningún curso de formación pero sí «retenía irregularmente» en torno a un 12,5 % de las subvenciones que «puntualmente» le pagaba la Junta. «Allí donde podían sacaban dinero o intentaban defraudar», señaló el Ministerio Público en sus conclusiones. «Fuere donde fuera, la UGT tenía que declarar ante la administración el precio real, pero lo destinaron a recursos propios», criticó el fiscal Anticorrupción. Por su parte, los proveedores se habrían situado en una «posición de ignorancia deliberada».

El fiscal aludió al testimonio del extrabajador del departamento de Compras de UGT-A Roberto Macías, condenado por descubrimiento y revelación de secretos al haber filtrado a medios, pero no a la Policía o las instancias judiciales, «información reservada y sensible» de la trama. La Fiscalía también criticó que durante la instrucción la Junta llegara a «desentenderse totalmente» a la hora de colaborar en cuanto a las periciales sin un «mínimo control».

La Sección Tercera enjuicia al exsecretario regional del sindicato Francisco Fernández Sevilla y a otros cuatro antiguos responsables de la organización sindical, acusados de un delito continuado de fraude de subvenciones, en concurso con otro continuado de falsedad en documento mercantil. Estos posibles delitos están relacionados con la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante la cual habrían sido defraudados más de 40 millones de subvenciones públicas de la Junta para cursos de formación. Además de a Fernández Sevilla, el tribunal juzga al que fuera secretario general de Administración de UGT-A Federico Fresneda, la exsecretaria de Gestión Económica María Chapín y la exresponsable del departamento de Compras de UGT-A Dolores Sánchez, así como el consejero delegado de la entidad Soralpe I Mas P Asociados SL, y otras personas que actuaron como proveedores del sindicato a través de empresas.