Frente común por la presa de Alcolea: Huelva quiere agua

La terminación de la presa de Alcolea es clave para paliar futuros episodios de sequía en la provincia de Huelva. Una infraestructura, paralizada en 2017 al 23% de ejecución, que aliviaría también la presión de sobre los acuíferos de Doñana. Instituciones y agentes sociales y económicos de la provincia onubense han armado un frente común para presionar al Gobierno de España y que concluya las obras o permita asumir a la Junta y entidades colaboradoras su finalización.

Así, el Ayuntamiento de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la Cámara de Comercio de Huelva, Freshuelva, la Asociación de Citricultores de la provincia de Huelva, así como Interfresa, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (Aiqbe), Asaja, COAG, UPA, Cooperativas-Agroalimentarias de Andalucía, Ovipor, UGT y la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva se han sumado al acuerdo que alcanzaron la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y la Asociación de Promotores de Regadío de Huelva (Coprehu) para concluir el embalse, que tiene su Declaración de Impacto Ambiental aprobada.

La pasada semana ya advertía el presidente de Coprehu, Juan Antonio Millán, en su comparecencia en el Parlamento con motivo de la proposición de ley de regulación de regadíos del Condado que la presa se construirá «sí o sí» y ayer se reafirmó en esta idea. «Tiene la DIA aprobada, tiene convenio de financiación y, sobre todo, existe una voluntad política firme en la Consejería para que la obra sea una realidad lo antes posible y nos permita regular el Odiel, el río más caudaloso de Huelva. En cooperación público-privada vamos a tirar hacia adelante hasta el final», reiteró el representante de los regantes.

El Odiel puede regular hasta 210 hm3 al año. La provincia de Huelva consume 250 hm3. «En el mes de diciembre, esta presa habría recogido 170 hm3 con las lluvias que cayeron. No tiene ningún sentido que esta obra esté parada», dijo la consejera Carmen Crespo, que aseguró que los fondos necesarios para su terminación «están» y «toda la sociedad» en Huelva está de acuerdo –excluyendo, eso sí, a las asociaciones conservacionistas– y al Gobierno de España, que pone en duda que el agua sea apta para el consumo y espera el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), para garantizar que el agua sea apta para su objetivo debido a la presencia de metales pesados. En cualquier caso, la consejera recordó ayer que el problema surgido fue la retirada de la empresa adjudicataria, no que el agua no fuese apta. Es más, según Millán, «la Junta de Andalucía ha incluido los estudios de Amaya para la cuenca alta del Odiel» en los planes hidrológicos y, por tanto, el Gobierno «renuncia a los informes solicitados al Cedex».

«No podemos elegir entre beber o dar agua a la agricultura y la industria. El agua es garantía de riqueza», añadió la alcaldesa de Hueva, Pilar Miranda.

La consejera, previamente, había participado en la inauguración de Congreso Internacional de Frutos Rojos organizado por Freshuelva. «Al sector se le defiende actuando, no hablando y con tuits», aseguró Crespo, recordando una campaña de boicot en Alemania. «Todos podemos hablar del sector, pero se le defiende –de campañas como la anterior– actuando, yendo a los supermercados y a los consumidores, organizando acciones y haciendo actuaciones relacionadas con obras hidráulicas y sentándonos todos unidos», indicó.

El próximo otoño se desarrollarán unas jornadas de formación con representantes de supermercados europeos, fundamentalmente alemanes, para lo que ya se ha firmado un acuerdo entre la Junta, Interfresa y Freshuelva, donde se visualizará la situación del sector y sus avances en materia de sostenibilidad, de manera que se lo puedan trasladar a sus consumidores.

Crespo también señaló la necesidad de «aprovechar» que ahora que España ostentará la presidencia del Consejo de la UE durante seis meses «para pedir que respeten a este sector». Para ello propone «acuerdos con terceros países, que nos tienen que hacer porque somos exportadores, y favoreciendo que se cumplan los contingentes y, por su puesto, con cláusulas que digan que todas las características que nuestra fresa tiene también las tienen que tener las de otros países porque si no están fomentando una competencia desleal que aquí no la tiene nadie en Europa». En este punto aludió «al principio de preferencia comunitaria que es lógica y coherente en la constitución de la UE y al principio de soberanía alimentaria de la UE. No se les tiene que olvidar que de aquí salen gran parte de toda la producción que alimenta a Europa, con precios razonables, productos sostenibles y que están aportando salud. Eso lo tenemos que poner en valor».

«En estos momentos en Andalucía tenemos que hacer un lobby europeo a través de nuestros productos. Eso es fundamental para el futuro, para que los ataques no salgan gratuitos, para que haya un respeto a las producciones europeas, nacionales, andaluzas y onubenses».