Matalascañas declara la "guerra" al coche: zona azul en el municipio durante 30 años

La Asociación de Propietarios de Matalascañas, se ha dirigido a la Fiscalía Provincial de Huelva con el objetivo de solicitar su intervención ante una situación que consideran ilegal, y que indican podría ser constitutiva de delito.

Con la aprobación en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Almonte del día 17-12-2024, en su punto 7, el “PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE REGIRÁ LA LICITACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN DE SERVICIO DE GESTIÓN DE ZONA REGULADA DE APARCAMIENTOS (ORA) EN EL NUCLEO URBANO DE MATALASCAÑAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALMONTE (HUELVA), MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO DE LA LEY 9/2017, TRAMITACIÓN ANTICIPADA Y REGULACIÓN ARMONIZADA”, se abre la posibilidad de otorgar una concesión del servicio público de la gestión de la zona regulada de aparcamientos (ORA), por 30 años vulnerando la Ley de Contratos del Sector Público (art. 29.6), que estipula un plazo de cinco años, salvo que se justifique en el pliego, que excede del tiempo necesario para la recuperación de las inversiones, que incluirán tanto las inversiones iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión, para la prestación del servicio.

En dicha licitación se está vinculando el servicio de gestión y control del estacionamiento regulado en el tiempo (ORA), al servicio de mantenimiento del asfaltado de todo el núcleo, lo que genera que al unir el coste e ingresos del servicio de ORA, al coste del asfaltado, se genera que el contrato en vez de tener una duración máxima de 5 años, tal como fija la Ley 9/2017, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, utilice la opción excepcional de ampliar este margen, dando la concesión por 30 años, por lo que se impide -una vez realizada esta concesión - una autentica competencia entre empresas.

Es decir, estamos hablando de tipo de concesiones distintas que, sin ninguna argumentación ni justificación, tanto en el estudio de viabilidad como en el propio pliego de prescripciones, de unir ambas licitaciones, que en el fondo la concesión de obra es la que justifica la necesidad de ampliar la duración de la concesión y no el coste del Servicio Público ORA que dice licitarse.

Si se admitiera esta fórmula de vincular dos o más servicios en una misma licitación y concesión, permitiría vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público, tal como denuncia la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; de forma que se evita la posible competencia y se limita el acceso a las empresas, más aún cuando al ser servicios completamente distintos, muchas de ellas no podrían ni tener acceso a la licitación.

Así mismo el estudio de viabilidad NO justifica el interés general que debiera suponer un beneficio social en la población de Matalascañas, siendo esta una de las justificaciones que exige la Ley 9/2017 de contratos del sector público en su artículo 247. Así mismo no justifica en ningún momento que la solución elegida sea la adecuada, por tanto creemos que también se vulnera la Ley en este aspecto.

Se demuestra que esta medida no conseguirá una distribución racional y equitativa de los estacionamientos: no mejora la movilidad, no permite la rotación, no se cumplen ninguno de los objetivos por lo que se pretenden implantar esta ordenanza, es más, parece que el objetivo último y no declarado por el Ayuntamiento de Almonte, no es otro que recaudar unos fondos que se destinarán a asfaltar Matalascañas.

Al vincular el asfaltado de la Urbanización a la zona de aparcamiento regulado, lo único que pretende es financiar la obra del asfaltado y asegurar la rentabilidad a la empresa concesionaria a costa exclusivamente de esquilmar el bolsillo de su población de propietarios, trabajadores/as y flotante, y que la duración de la concesión sea de 30 años y no de 5, como marca la legislación, salvo excepciones.

Esta Asociación de Propietarios de Matalascañas también ha solicitado la intervención del defensor del Pueblo Andaluz, así como que ha presentado alegaciones ante el Ayuntamiento de Almonte, ante la licitación aprobada.

Rechazamos totalmente la implantación de la zona ORA en toda Matalascañas, que sólo demuestran el afán recaudador del nuevo equipo de Gobierno de Almonte y el menosprecio hacia la ciudadanía de Matalascañas, siendo los propietarios y vecinos a los que nos saquean nuestra ya de por si maltrecha economía, por no mencionar los múltiples problemas que generarán en los comercios, chiringuitos, hoteles y por supuesto en la economía de sus trabajadores y trabajadoras; así no se solucionan los problemas de Matalascañas.