Un informe rebaja el alcance del Estatuto de la mujer rural en Andalucía

Medidas más concretas para avanzar en un problema real como es la necesidad de que exista una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito rural. Esa es la principal recomendación que el Consejo Económico y Social de Andalucía ha expresado en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía.

El CES, organismo que preside el exvicepresidente andaluz Juan Marín, defiende la oportunidad de una ley que se basa en «la integración de la perspectiva de género con un enfoque integral; el empoderamiento y la visibilidad; el acceso de las mujeres al mercado de trabajo, al emprendimiento, a la especialización y profesionalización en este sector; la mayor representatividad en los órganos de dirección, y la promoción de la propiedad o copropiedad de las mujeres en las explotaciones agrarias».

Igualmente, considera que «es indiscutible que el medio rural, como entorno social, y la agricultura, la ganadería y la pesca, como actividades económicas, presentan, desde la perspectiva de la igualdad, retos específicos que es necesario afrontar».

El organismo también incide que «el mayor arraigo de estereotipos y roles tradicionalmente asociados al sexo condicionan significativamente las posibilidades de desarrollo profesional de la mujer en estos ámbitos, al dificultar su participación en los espacios de decisión, el acceso a los medios de producción y conllevar un mayor compromiso en la asunción de tareas familiares, no reconocidas ni remuneradas».

Ahora bien, a la hora de trasladar ese contexto advierte de que ya existe un «profuso elenco de planes, estrategias y normas que para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres generado en las últimas décadas», con un resultado desigual.

Por ese motivo, el Gobierno andaluz anunció en 2019 la formulación de un Estatuto de la Mujer Rural y Pesquera, comenzando su tramitación a finales de 2020.

El dictamen recuerda que "el ámbito sobre el que actúa la norma propuesta cuenta ya con una amplia regulación internacional, comunitaria y estatal por lo que, en aras de la simplificación normativa, se debería evitar la reiteración de principios y prescripciones ya contemplados en otras disposiciones, limitando su contenido a aquello que suponga una verdadera innovación normativa».

Por ese motivo, «se propone una revisión general del texto y, concretamente, en cuanto pueda verse afectado por la legislación laboral o relativa a la formación, al ser ámbitos que están regulados en normas estatales o autonómicas». En particular, en relación a los temas relacionados con los procesos de cambio en el ámbito laboral, brechas de género, salud laboral y protección frente al acoso sexual o por razón de género.

Por todo ello, el CES considera que «no es apropiada la denominación propuesta en su referencia a las mujeres rurales y del mar de Andalucía, pues no todas las mujeres que viven en entornos rurales se dedican a estas labores; ni el apelativo de estatuto, pues no afronta una intervención global de la mujer en esas áreas, sino solo desde la perspectiva de género, siendo así que la lucha por la igualdad no agota los retos a los que se enfrenta la mujer en estos sectores». Y propone un cambio de nombre y el proyecto pase a denominarse «Ley para la igualdad entre hombres y mujeres en la actividad agraria, pesquera y agroalimentaria de Andalucía».

Las consideraciones del Consejo Económico y Social de Andalucía son ya conocidas por el Consejo de Gobierno y, en concreto, por la Consejería competente en la materia, que será la que deberá decidir si atiende o no las observaciones presentadas en el Dictamen elaborado.