«La manzana podrida son los pisos turísticos ilegales»

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha solicitado a la Delegación territorial de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía la revocación de las licencias para uso turístico de viviendas en las que se han desarrollado prácticas incívicas con el consiguiente malestar y quejas por parte del resto de vecinos de esos inmuebles. Se trata de los dos rascacielos construidos en el Paseo de Martiricos de la capital malagueña que suman un total de 450 unidades de las que 121 gozan de permiso para operar como viviendas de uso turístico. Según datos del registro de la administración andaluza, el 31 por ciento de los inmuebles del residencial se destina a ese uso. Una coyuntura que, a juicio de Mar Alcázar, abogada especializada en Derecho Turístico, responsable de la Sección de Alojamientos Turísticos de la Abogacía de Málaga y profesora en la Universidad de Málaga, es perfectamente evitable.

¿Ha actuado el Ayuntamiento de Málaga con diligencia a la hora de solicitar la revocación de determinadas licencias? ¿Por qué este uso turístico siempre genera controversia?

Cuando existe proliferación de viviendas de uso turístico puede darse el caso de que algunas o muchas de ellas estén cedidas a gestoras que hacen trabajo ordenado, sino que están en manos de explotadores que quieren rentabilidad económica sin medida; es ahí cuando surgen los problemas en el entorno. Y es lo que el Ayuntamiento de Málaga pretende y lo que hay que evitar, además de no propiciar que haya parques temáticos de viviendas turísticas ni la cacareada turistificación del destino. Hay que velar por la calidad del destino y proteger a todos los sectores.

¿Qué dice la Ley al respecto sobre esta problemática cada vez más extendida por las principales ciudades del territorio nacional?

Existe una jurisprudencia bastante asentada que proviene de la Unión Europea y que en cierta forma ha sido refrendada aquí en España por el Tribunal Supremo que viene a decir que son los ayuntamientos los que tienen que regular, ordenar y limitar la proliferación de viviendas de uso turístico a través de sus normas de planeamiento, como se viene haciendo en ciudades como Sevilla o Cádiz que están haciendo modificaciones en sus planeamientos urbanísticos. El principal problema son las relaciones vecinales y es por ello por lo que es necesario regular desde muchos ámbitos legales, no sólo desde la propiedad horizontal, sino a partir de acuerdos que han de condicionar o limitar ese uso desde la perspectiva civil, como se ha implementado en el decreto de la Junta de Andalucía. Como antes, se hacía en viviendas de uso residencial, dentro del planeamiento, se ha constatado que se están dando servicios terciarios y el consiguiente cambio de uso acorde a esa actividad que genera.

¿Cuál es el origen de esas prácticas incívicas o de la «explotación» de esos inmuebles de manera no ordenada de las que se quejan los vecinos principalmente del centro?

Se han vendido inmuebles fuera de España, en ferias inmobiliarias internacionales, a inversores extranjeros que han puesto sus ojos en una ciudad que está totalmente posicionada mundialmente. Y lo han hecho buscando una rentabilidad que ha de convivir con la situación de ciudadanos de a pie que no han buscado con su adquisición esa rentabilidad sino hacer ese tradicional uso residencial. El problema radica en que los pisos no se gestionen de manera legal, y no se den de alta en los pertinentes registros. Esa es la manzana podrida, los ilegales. Es por ello por lo que se antoja necesario que se establezcan códigos de buenas prácticas junto a los colegios de administradores de fincas para que las cosas se hagan bien y cumplir lo establecido en la normativa.

¿Qué queda por hacer legislativa y socialmente?

Seguir avanzando en esa ordenación. Hay ciudades como Valencia que ya han aprobado moratorias. En el caso de Málaga, hay que modificar el planeamiento urbanístico y definir cuándo se va a dar ese uso diferente al residencial. No podemos no obstante actuar de manera cortoplacista, sino trabajar con paso firme. Sostenibilidad económica y social. No olvidemos que todos somos turistas, hasta los propietarios de viviendas de uso turístico.