Tribunales
Piden a las partes que aleguen a la petición de personación de la Junta en el caso ERE
La Administración autonómica considera una "obligación" recuperar los casi 700 millones de euros "que se desviaron"
La Audiencia de Sevilla ha dado trasladado a las partes de la denominada pieza política (procedimiento específico) de la macrocausa de los ERE para que se pronuncien sobre la petición de personación en este caso planteada por la Junta de Andalucía. En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes, la Sección Primera da traslado a la partes -Fiscalía, PP, Manos Limpias y defensas- para que presenten alegaciones en el plazo de tres días tras el escrito formalizado por la letrada de la Junta de Andalucía.
Esta decisión de la Audiencia se produce después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara la semana pasada que esta administración iba personarse en el caso ante la que consideró "obligación" de recuperar los casi 700 millones de euros "que se desviaron" de las arcas públicas. La decisión sobre dicha personación obedece, según informó el Gobierno andaluz, al "interés legítimo para ser oída" de la Junta a raíz de la cuestión prejudicial que la Audiencia estudia plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de los ERE.
Esto se produjo a su vez tras el amparo concedido por el Constitucional (TC) a los principales condenados, entre ellos los expresidentes andaluces socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Dicha decisión de la Junta coincidió con el final del plazo, también la pasada semana, que se dio la Audiencia de Sevilla para deliberar precisamente sobre si elevaba a la justicia europea dicha cuestión prejudicial sobre el caso ERE de Andalucía.
"Creemos que la sentencia del Tribunal Constitucional puede provocar la impunidad parcial del mayor caso de corrupción política de España, impidiendo con ello que la Junta de Andalucía pueda recuperar la mayor cantidad posible del dinero de fraude a los ERE", señaló por su parte el titular de Presidencia, Antonio Sanz. El consejero sostuvo que Andalucía, como "perjudicada y víctima" en este caso, tiene que "ser oída" por el TJUE y ante la necesidad de "proteger y defender" el interés de los andaluces.