El PSOE quiere zonas de bajas emisiones en ciudades pequeñas de Andalucía

El PSOE andaluz quiere ampliar las Zonas de Bajas Emisiones en Andalucía a municipios de 20.000 habitantes. En la Ponencia Marco del Congreso que los socialistas celebran este fin de semana en Armilla (Granada), señalan que «es urgente apostar decididamente por la implantación consensuada de las Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de +50.000 habitantes y contemplar la ampliación a los municipios +20.000 pertenecientes a áreas metropolitanas».

Conscientes de que se trata de una iniciativa de complicada aplicación y que genera contestación social, también apuntan que «han de considerarse las realidades de los municipios y su conexión mediante transporte público».

La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, establece la obligación para municipios de más de 50.000 habitantes, territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes, cuando se superen los valores límite, de establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023, definidas como «el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».

Por su parte, el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, viene a desarrollar y concretar el mandato genérico de la Ley de cambio climático, estableciendo los requisitos mínimos y comunes para la implantación de las denominadas ZBE en cuanto a aspectos básicos tales como los objetivos del proyecto, el contenido del mismo o la extensión, delimitación y condiciones de acceso de las ZBE.

Hay comunidades autónomas que han ido más allá de lo que marca la normativa vigente. Es el caso del País Vasco y Cataluña. En el primer caso, el Plan de Movilidad Sostenible incluye la obligatoriedad de fijar nuevas ZBE en todas las ciudades vascas con más de 25.000 habitantes. En el segundo caso, la intención es ampliar las restricciones a los municipios con más de 20.000 habitantes a partir del próximo año 2026.

El Plan de Movilidad Sostenible del País Vasco incluye, entre otras cosas, medidas para acompañar el aumento de ZBE como la «creación de aparcamientos disuasorios con puntos de recarga en las proximidades de las estaciones ferroviarias o paradas de autobús interurbanas en núcleos de más de 25.000 habitantes» y la «dotación de puntos de recarga eléctrica en todos los nuevos proyectos de estaciones de repostaje de combustible convencionales». En el caso de la Generalitat de Cataluña, el reglamento también establece una serie de normas que las ZBE deben incorporar, como un cronograma de implementación para cada municipio, una superficie mínima de éstas áreas y las restricciones del acceso de vehículos. En este caso, lo más novedoso es que los vehículos en posesión de la etiqueta B verán paulatinamente reducida su circulación hasta la prohibición definitiva en 2028.

El documento del PSOE andaluz propone la creación de una Ley de Movilidad Sostenible e Inteligente «que promueva sistemas de transporte ágiles, seguros, limpios y asequibles». Entre otras cuestiones, los socialistas abogan por «fomentar el uso de las tecnologías que faciliten el transporte público bajo demanda y el uso compartido de los vehículos particulares». Además, exigen que en el pliego de condiciones de la licitación del transporte escolar, se obligue a la empresa adjudicataria de la prestación «al menos un servicio de ida y vuelta entre la localidad y la cabecera de comarca para viajeros, sin que este nuevo servicio altere lo más mínimo las condiciones que exige el transporte escolar ni a sus destinatarios».

Por último, los socialistas proponen «ampliar y agilizar las ayudas a hogares de renta media y baja, y pymes para la adquisición de turismos y furgonetas eléctricos nuevos o adaptados, así como fomentar cualquier forma de alquiler con opción a compra de vehículos eléctricos» e «impulsar la instalación de estaciones de recarga rápida y ultrarrápida para vehículos (electrolineras), aplicando criterios de equidad territorial, para fomentar la transición del parque automovilístico hacia opciones más sostenibles».

En Andalucía, las capitales de la región ya han instalado ZBE o están en trámites para hacerlo, así como ciudades de más de 50.000 habitantes como Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas o Estepona, afectados por la normativa. Según el INE, hay 54 municipios en la región con una población comprendida entre 20.001 y 50.000 habitantes que se verían afectados por esta iniciativa del PSOE.