En noviembre de 2021, tras una denuncia de los sindicatos policiales, la Jefatura de Costas y la Policía Marítima de la Guardia Civil emitió una instrucción ordenando el cese inmediato del uso de las narcolanchas incautadas. Estas embarcaciones son más rápidas que las de los agentes pero presentan también menos seguridad. La medida deja en inferioridad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, generalmente por detrás de los capos en cuanto a medios. El propio Ministerio del Interior reconoció en enero de este año en la memoria justificativa de la compra de tres nuevas patrulleras de alta velocidad que la flota está «muy envejecida». La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha solicitado a la Dirección General del Instituto Armado que se evite la reintroducción de embarcaciones semirrígidas procedentes del narcotráfico en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Estas embarcaciones, requisadas a los narcotraficantes y denominadas habitualmente narcolanchas, han sido utilizadas entre los años 2020 y 2022, pero fueron retiradas por su falta de homologación e inspección por parte de Capitanía Marítima y por representar un grave riesgo para la seguridad de los guardias civiles y de la ciudadanía.

JUCIL resalta que se han identificado importantes riesgos en el uso de estas embarcaciones, como su inestabilidad y su visibilidad reducida, ya que han sido diseñadas en talleres clandestinos para el transporte de grandes volúmenes de sustancias estupefacientes y de combustible. Presentan una proa elevada que dificulta una navegación segura y aumenta el riesgo de accidentes. La asociación apunta que están fabricadas en fibra y equipadas con grandes depósitos de gasolina, lo que supone un riesgo significativo de incendio y explosión, especialmente si se utilizan armas de fuego durante las operaciones.

«El Servicio Marítimo de la Guardia Civil dispone actualmente de una flota de embarcaciones medias de alta velocidad muy envejecida ya que la tercera parte de dicha flota se encuentra en torno a los 20 años de antigüedad, superándolos incluso en algunos casos», señala el documento de Interior con fecha de 4 de enero de 2024. En febrero de este año, tras los sucesos de Barbate en los que perdieron la vida dos guardias civiles arrollados por una narcolancha, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que la Guardia Civil contará con once embarcaciones más de aquí a 2026 en la zona donde se está llevando a cabo el llamado Plan especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, sumando un total de 30.

JUCIL recuerda que la ausencia de cubierta y de otras instalaciones básicas, como disponer de un baño higiénico compromete la salud de los guardias civiles, especialmente en condiciones climáticas adversas. «Resultaría inaceptable que se pongan en riesgo las vidas de los guardias civiles utilizando estas embarcaciones inadecuadas. La seguridad y la salud de nuestros compañeros del Servicio Marítimo, y de cualquier otro que pueda ir a bordo, son nuestra prioridad, y estas embarcaciones no cumplen con los estándares necesarios para su uso en operaciones policiales», afirmó la portavoz de JUCIL, Mila Cívico. «Contar con una flota de patrulleras como la recién presentada ‘Río Iro’ con una velocidad que permite a los compañeros poder enfrentarse a las potentísimas narcolanchas sería mucho más adecuado, tanto para la eficacia del servicio de control del tráfico de drogas y la trata de personas como para la seguridad de las tripulaciones que llevan a cabo esta tarea», añadió Cívico.

JUCIL insta por este motivo a la Dirección General de la Guardia Civil a que se realice una evaluación de los riesgos laborales de estas embarcaciones que sea exhaustiva y aclare su idoneidad o no para las operaciones policiales. De manera que, en tanto no se disponga de este informe, se inmovilicen preventivamente estas narcolanchas. La asociación profesional reclama además que se proporcionen los estudios periciales que justifiquen la posible utilización de estos medios extraordinarios siempre que se han considerado y se han evaluado todas las medidas de protección necesarias.

Los agentes se quejan de la falta de medios y la desigualdad con la que tienen que hacer frente a las mafias del narcotráfico que actúan en la comunidad.