Reclaman una «revisión urgente» de las bases de la atención temprana

El sistema de atención temprana, servicio público que ofrece terapias a los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos, se encuentra «el borde del colapso» en la comunidad. La Asociación Patronal Andaluza de Atención Temprana (Apaat) ha registrado una petición de reunión con Juanma Moreno para que el presidente de la Junta de Andalucía en persona «conozca la problemática» y poder reclamarle una «revisión urgente» de las bases «económicas y técnicas» que sustentan los pliegos que permiten la licitación del servicio.

Gonzalo Caba, presidente de Apaat, firma una carta dirigida a Juanma Moreno en la que traslada su «preocupación» ante la «grave situación» generada en los últimos meses y tras la anulación del último pliego de prescripciones técnicas para el concierto social por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía. «Tal y como advertimos en reiteradas ocasiones, el mantenimiento del precio unitario por sesión en 28 euros era insostenible para las entidades prestadoras del servicio, lo que, entre otras cuestiones, derivó en impugnaciones masivas (76 recursos) por parte de diversas entidades del sector, patronal y sindicatos. Dichas impugnaciones, culminaron en la anulación de los pliegos, obligando ahora –a la Consejería de Salud– a la confección de nuevos pliegos en un escenario de incertidumbre y riesgo para el sistema».

Tumbado el contrato en las condiciones iniciales, Caba entiende que «se pone de manifiesto la necesidad de revisar de manera urgente las bases económicas y técnicas sobre las que se fundamentan estos pliegos, garantizando que sean viables, sostenibles y acordes a las necesidades del sector y de las familias beneficiarias».

Si el sistema colapsa, no sólo se verán afectados los centros que prestan el servicio (los CAITs) sino los menores y sus familias, «quienes enfrentan el riesgo de interrupciones en su atención».

Por todo ello, desde Apaat reclaman al presidente la «apertura de un espacio de diálogo constructivo», en el que todos los agentes implicados —Administración, entidades representativas, y familias— puedan trabajar conjuntamente en soluciones que eviten nuevos errores y aseguren la estabilidad del sistema». Con cuatro aspectos a valorar: primero, la revisión del precio de la sesión: ajustándolo a los costes reales asociados al servicio y contemplando el incremento de costes laborales para el periodo 2025-2030 ya firmado; segundo, la confección de nuevos pliegos consensuados, «de forma que podamos garantizar la prestación del servicio de forma eficaz y con criterios de calidad reales»; tercero, la adopción de «medidas transitorias para garantizar la continuidad del servicio»; y cuarto, la creación de «un marco de diálogo permanente que permita anticipar y prevenir futuras crisis».