Ribera no cierra en Doñana ni la mitad de los pozos que prometió

En la Junta de Andalucía algunos llaman «postureo ecológico» a la estrategia del PSOE. En otras esferas se define con el anglicismo «greenwashing», que no es otra cosa que trasladar una imagen o posicionamiento político verde que luego queda en meras palabras. La proximidad de las elecciones, la necesidad de baldonar al enemigo político, en este caso Juanma Moreno y el empecinamiento de éste en la regulación de regadíos en Doñana, llevó el pasado septiembre a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a anunciar el cierre de 407 pozos ilegales en el entorno del Parque Nacional antes de que terminara 2023. Ayer se conoció que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) no llegó a clausurar ni la mitad de los prometidos. Esta medida es la principal exigencia impuesta por al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que condenó a España por no tener en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de los bombeos de agua subterránea de la comarca de Doñana.

La que fue denominada por algunos como «ofensiva del Gobierno en la mayor operación de cierre de pozos ilegales»no fue tal. El propio presidente de la CHG, Joaquín Páez, hacía balance ayer en Canal Sur y admitía que se han cerrado «alrededor de 270 pozos irregulares» en el entorno de Doñana, «más de la mitad de manera voluntaria por parte de los propietarios» y tiene «en cartera» el cierre de otros 240 pozos «que ya no tienen posibilidad de recurso».

Son estos últimos, las que cuenta con resolución firme, los que se han quedado sin cerrar, como el Ministerio aseguró que sucedería antes de que acabase el año. Es decir, que desde septiembre se habrían clausurado 167 pozos ilegales con resolución firme, apenas el 41% de lo previsto. Todo ello pese a que se dijo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional practicaría «diligencias procesales», en coordinación con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, con «la finalidad de poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos».

Las estimaciones del departamento de Ribera fueron demasiado optimistas, puesto que dijo que harían en 4 meses lo que no hizo en 5 años en Doñana (desde 2019 solo había clausurado 208 pozos con resolución firme).

Según el Plan de Inspección desarrollado por la Comisaría de Aguas de la CHG durante 2023 detectaron más de 1.500 hectáreas de regadío ilegal en toda la cuenca tras revisar «puntos sensibles» en los que existían «sospechas» de actuaciones irregulares en zonas como la comarca de Baza y el Altiplano de Granada, el entorno de Doñana, el olivar de Jaén o la vega de Sevilla y Córdoba. Teniendo en cuenta que la cuenca cuenta actualmente con 895.000 hectáreas, «la cuarta parte de los regadíos de toda España» –insistió Páez–, las 1.500 hectáreas ilegales apenas representan el 0,17%. Por tanto, el perjuicio reputacional que los ataques que los agricultores de sectores tan relevantes como el de los frutos rojos han recibido del propio Gobierno de España está fuera de toda duda. Eso sí, una vez pasado el ciclo electoral las aguas parecen volver a su cauce.