La Agencia de Calidad Universitaria de Andalucía estará operativa en 2023

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) verá la luz a comienzos de año y contará con un presupuesto de 3,8 millones en 2023, ha anunciado este martes el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.

Durante la jornada ´La nueva normativa universitaria´, organizada por el Sector de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Andalucía, el consejero ha explicado que esta agencia asumirá las tareas y competencias vinculadas con la evaluación y acreditación de las instituciones universitarias y del profesorado, así como de las actividades de investigación científica y técnica de los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, funciones que en la actualidad se ejercen a través de la Dirección y Evaluación y Acreditación (DEVA).

En este sentido, Gómez Villamandos ha explicado que el funcionamiento efectivo de ACCUA se iniciará el día de la entrada en vigor del decreto del Consejo de Gobierno por el que se aprueben sus estatutos, que recogerán las competencias y funciones que se le atribuyan, el ejercicio de potestades públicas, la determinación de su estructura orgánica y su régimen de funcionamiento.

Por otro lado, el titular de Universidad se ha referido a la puesta en marcha de la nueva Ley Andaluza de Universidades, que será una realidad esta legislatura y que tiene como objetivo solventar, en el ámbito de las competencias autonómicas, las incertidumbres que genera la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) “para que las universidades andaluzas puedan explotar al máximo su potencial”.

La puesta en marcha de la futura Ley Andaluza de Universidades garantizará, a juicio de Gómez Villamandos, “la estabilización del personal, la limitación del uso de la figura de los profesores sustitutos interinos y una mayor eficacia de los consejos sociales”.

Además, la nueva normativa universitaria facilitará el mecenazgo en la investigación, reforzará la inclusión y la atención a la diversidad funcional y avanzará en el diseño de complementos autonómicos y en la digitalización de las universidades.

En las mismas jornadas, la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, ha instado a las empresas a sentarse a negociar “ya el Estatuto del Becario”, recogido en la reforma Laboral, que apoyaron por consenso patronal, sindicatos y gobierno central, y que, sin embargo, “ahora los empresarios se niegan a desarrollar y poner en marcha”, ha denunciado.

También ha valorado que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario eleve del 0,7 % al 1 % del PIB el presupuesto para las universidades con el objetivo de mejorar la situación laboral del profesorado y sus trabajadores, internacionalizar y ayudar al reciclaje profesional.