La Junta señala el "aval" del TSJA y acusa a Emerita de "fin lucrativo" en el juicio de Aznalcóllar

La Junta de Andalucía ha esgrimido este martes ante la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, en la fase de informes finales del juicio por la denuncia de Emerita Resources España por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y fraude en la adjudicación de la explotación de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, a la agrupación empresarial México-Minorbis; que dicho procedimiento cuenta con el "aval" del Gabinete Jurídico de la Administración regional y que la jurisdicción Contenciosa "ya se ha pronunciado" al desestimar íntegramente el recurso de la empresa denunciante.

Así se ha manifestado el abogado representante de la Junta de Andalucía en su informe final, después de que en la fase de conclusiones definitivas, la fiscal del caso ratificase una vez más su petición de sobreseimiento con relación al conjunto de acusados, al confirmar su escrito provisional, en el que ya solicitaba tal extremo.

En concreto, el abogado de la Junta ha señalado los "fracasos" judiciales de Emerita Resources, esgrimiendo especialmente la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que desestima íntegramente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por dicha empresa contra la empresa Minera Los Frailes, sociedad de propósito creada por la alianza conformada por Minorbis y Grupo México para explotar la mina de Aznalcóllar tras hacerse con los derechos de la misma, fruto del concurso promovido por la Junta.

Emerita, que compitió sin éxito con Minorbis-Grupo México por los derechos de explotación de la mina; reclamaba al TSJA en su recurso contencioso que declarase "contraria a Derecho la aceptación de la adjudicación efectuada por Minera Los Frailes" y "caducada y desierta la aceptación del concurso"; así como que asignase la adjudicación a la propia Emerita Resources España, "por haber quedado segunda en el citado concurso".

Pero como ha destacado el abogado de la Junta, el TSJA zanjó finalmente que la adjudicación de los derechos de explotación de la mina a la citada sociedad de propósito en lugar de a Minorbis como tal "era perfectamente razonable"; pues según el tribunal, "la actuación que la parte pretende como vía de hecho no puede ser reputada por no concurrir en ella ni el elemento subjetivo para ello, puesto que no es una actuación de la Administración a la que se atribuye tal carácter, ni la actuación realizada por la demandada, Minera Los Frailes, adjudicataria de la concesión, puede considerarse que prescinda absolutamente del procedimiento legalmente establecido para realizarla", o que carezca "manifiestamente de ningún posible fundamento legal, puesto que resultó ganadora del concurso".

El TSJA, como ha indicado el abogado de la Junta, descartaba así una "actuación grosera" por parte de la Junta y, en un escenario en el que Emerita Resources "había denunciado lo mismo" tanto por lo Penal como por la vía Contenciosa Administrativa, con la citada sentencia desestimatoria del recurso de la denunciante, "el Contencioso ya se ha pronunciado".

EL "AVAL" JURÍDICO Y LA "INJUSTA" ACUSACIÓN DE EMERITA

Del mismo modo, el letrado representante de la Junta ha destacado el "aval" del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en "múltiples" informes y ocasiones, al conjunto del procedimiento del concurso y la adjudicación de los nuevos derechos de adjudicación de la mina de Aznalcóllar; acusando a Emerita de intentar "confundir" a los tribunales y a la opinión pública planteando "posibles conexiones políticas" que según ha dicho han sido descartadas.

Según el abogado de la Junta, la denuncia penal de Emerita incurriría en una "acusación injusta con una finalidad lucrativa" tras no ganar el concurso de los nuevos derechos de explotación de la mina, cerrada tras la gran catástrofe natural de 1998 por la fractura de su balsa de residuos de metales pesados cuando el recinto era explotado por Boliden-Andaluza de Piritas S.A.

Al procedimiento, recordémoslo, concurrieron sólo las ofertas de Minorbis, filial del grupo andaluz Magtel que pujaba con el apoyo de solvencia de Grupo México; y de Emerita Resources, perteneciente al fondo de inversión Forbes & Manhattan y que tras no ganar el concurso denunció el asunto por la vía Penal, asegurando que su propuesta era superior en lo económico; así como también por lo Contencioso Administrativo; y que en una reunión, el acusado Mario López Magdaleno, presidente de Magtel, habría dicho supuestamente que él tenía "la llave" del concurso, reclamando presuntamente a Emerita "el 15 por ciento" del negocio por "asegurar" el resultado del procedimiento.

Durante el juicio, la exdirectora de Minas de la Junta María José Asensio Coto y el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero, acusado junto a la primera por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; negaron haber interferido con "instrucciones" o sugerencias en la comisión técnica y la mesa de contratación del concurso público y avisaron de "incongruencias y errores" en la denuncia de Emerita.

También ha pesado en el juicio la declaración el grueso de los investigados, que son los funcionarios miembros de la comisión técnica del concurso y de la mesa de contratación y los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, matriz de Minorbis, porque los acusados son 16 en total, en este juicio en el que la Fiscalía no ejerce acusación al no apreciar delito.

LOS FUNCIONARIOS SE DEFIENDEN

En el juicio, los funcionarios acusados negaban insistentemente que recibiesen indicaciones previas o directrices sobre el resultado del proceso de evaluación de las ofertas, defendiendo que la concesión minera fue encomendada a "la mejor" oferta.

Ante la tesis de Emerita Resources España, como empresa denunciante, de que planteaba una inversión de 640 millones de euros frente a los 304 de Minorbis; los funcionarios acusados defendían que entre los 15 criterios principales del concurso, sólo 4 se ceñían a lo económico.

Los aspectos de ámbito ambiental, según argumentaba una de estas personas, tenían un peso "altísimo" en el baremo, dada la catástrofe natural acontecida en 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero.

LA UDEF, LOS HERMANOS DIRECTIVOS DE MAGTEL Y LA UCO

Ello, mientras un investigador de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ratificaba su detección previa de "incongruencias y anomalías" en las valoraciones técnicas de las ofertas, aludiendo incluso a "una desviación grotesca del sentido" de una de las baremaciones.

Los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, responsables de Magtel, descartaban de su lado cualquier "trato de favor" por parte de la Junta de Andalucía como promotora del concurso público. "Todo lo contrario, siempre se nos miraba con mucha más exigencia que a las empresas de fuera", enfatizaba por ejemplo Mario López Magdaleno.

Un responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil manifestaba además que la investigación detectó "muchos correos" electrónicos entre los responsables de Magtel y el acusado Vicente Cecilio Fernández Guerrero, entonces secretario general de la Consejería de Innovación; pero no apreciaba indicios de "influencias".

Sobre todo porque el contenido de tales correos no tenía "mayor relevancia" a efectos de la investigación de posibles ilícitos; además de que también fueron detectados intercambios de correos entre responsables de Emerita y de la Junta de Andalucía; toda vez que los directivos de la empresa denunciante, Emerita Resources España, con Joaquín Merino como presidente a la cabeza, ratificaban en el juicio su acusación, asegurando que el acusado Mario López Magdaleno dijo en una reunión que él tenía "la llave del concurso".